Exigen explicaciones a Germán Beardo tras la actuación de la Guardia Civil requiriendo documentación en Diputación
Vox reclama explicaciones a Germán Beardo tras la actuación de la Guardia Civil en la Diputación de Cádiz
Síguenos en Google
La investigación abierta por la Guardia Civil sobre contratos de patrocinio vinculados a un empresario de El Puerto continúa generando reacciones políticas.
Un día después de que los agentes requirieran documentación en dependencias de la Diputación de Cádiz, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento portuense ha reclamado al alcalde, Germán Beardo, que comparezca para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido.
La petición llega después del operativo desarrollado por la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, dentro de unas diligencias judiciales relacionadas con una investigación por presunto blanqueo de capitales.
En el transcurso de la actuación, los agentes solicitaron expedientes de contratos públicos de patrocinio en el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, responsabilidad política que ostenta Beardo como vicepresidente cuarto de la institución provincial.
Vox pide transparencia y una comparecencia del alcalde de El Puerto
La formación liderada en el municipio por José Antonio Gomila considera que la actuación judicial exige una respuesta pública por parte del alcalde y reclama que informe con claridad sobre el alcance de los hechos y sobre la relación de la documentación requerida con el área que dirige en la Diputación.
Según sostiene Vox, la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles institucionales relacionados con una investigación que ha motivado la presencia de la Guardia Civil en dependencias provinciales.
La formación insiste en que su petición se centra en exigir transparencia y rendición de cuentas, sin prejuzgar el resultado de unas diligencias que permanecen bajo la dirección del juzgado competente.
Las reclamaciones políticas se producen en un contexto en el que distintos grupos de la oposición también han solicitado información sobre la actuación policial y sobre los contratos objeto de interés por parte de los investigadores.
Beardo niega que existiera un registro en su despacho
Tras conocerse el operativo, Germán Beardo difundió un comunicado en el que negó que la Guardia Civil realizara un registro en su despacho de la Diputación.
Según explicó, los agentes únicamente solicitaron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos promovidos por un empresario investigado, documentación que fue entregada por los servicios técnicos de la institución.
El alcalde aseguró además que acudió voluntariamente al Edificio Roma para interesarse por el desarrollo de las actuaciones y respaldar al personal administrativo, aunque afirmó que abandonó posteriormente las dependencias al no ser necesaria su presencia.
También rechazó cualquier vinculación personal con la investigación y criticó lo que calificó como un uso político de la operación.
Por su parte, la Diputación de Cádiz confirmó oficialmente que los agentes solicitaron documentación relativa a varios expedientes de patrocinio y destacó que la institución colaboró plenamente con la investigación, facilitando toda la información requerida por la Guardia Civil.
Una investigación aún bajo secreto
La actuación policial forma parte de una investigación judicial dirigida por un juzgado de El Puerto y coordinada por la Fiscalía Antidroga.
Además de la Diputación de Cádiz, los agentes practicaron registros en distintos negocios y dependencias vinculados a un conocido empresario del sector hostelero y promotor de grandes eventos musicales de la provincia.
Hasta el momento no se ha comunicado oficialmente la existencia de cargos contra responsables políticos ni se ha informado de que la investigación afecte directamente a Germán Beardo.
La documentación solicitada por la Guardia Civil se integra dentro de unas diligencias que continúan abiertas y sobre las que pesa el secreto de sumario.
Mientras avanzan las pesquisas judiciales, la presión política aumenta tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde la oposición reclama que el equipo de gobierno facilite toda la información disponible sobre unos contratos públicos que ahora forman parte de la investigación en curso.