Indignación en Sanlúcar por un presunto caso de explotación laboral en la recogida de naranjas
El PSOE denuncia un presunto caso de explotación laboral en la recogida de naranjas en Sanlúcar
La concejala socialista Mónica González, integrante del grupo municipal del PSOE y consejera de la empresa pública EMULISAN, ha denunciado públicamente un presunto caso de explotación laboral relacionado al servicio de retirada de las naranjas del arbolado urbano en Sanlúcar de Barrameda.
Según ha explicado, la empresa adjudicataria de este contrato, LANE FRUIT S.L., podría haber utilizado mano de obra sin estar dada de alta en la Seguridad Social, vulnerando de esta forma las condiciones establecidas en el contrato público.
La denuncia se produce después de que el grupo socialista solicitara, la semana pasada, la documentación completa del contrato firmado por la empresa municipal EMULISAN con LANE FRUIT S.L., por un importe total de 14.950 euros (IVA no incluido).
El objetivo era comprobar si la empresa adjudicataria cumplía con la normativa laboral vigente y con las cláusulas contractuales que obligan a garantizar todo lo que es la legalidad de los trabajadores.
El gerente de EMULISAN entregó parte de la información requerida, entre la que se incluía la copia del contrato y un informe con los nombres de los trabajadores que están de alta en el régimen agrario.
Según dicho documento, el día 3 de diciembre figuraban siete personas dadas de alta, además del responsable que firmó el contrato.
No obstante el PSOE sostiene que ese mismo día se observaron catorce personas trabajando en la Plaza del Cabildo, lo que, de poder confirmarse, evidenciaría que la mitad del personal no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El grupo socialista afirma disponer de fotografías para respaldar esta acusación.
Grave incumplimiento en Sanlúcar
Desde el PSOE señalan que este hecho, de ser cierto, supondría un grave incumplimiento contractual, puesto que el documento firmado entre EMULISAN y LANE FRUIT establece expresamente que todos los trabajadores deben estar dados de alta al menos un día antes del inicio de los trabajos.
Concretamente el contrato recoge que “bajo ningún concepto se permitirá la presencia de otros trabajadores en la zona de recogida sin haberse cursado el alta en la Seguridad Social”.
Mónica González ha calificado esta situación como “un presunto caso de explotación laboral pagado con dinero público”, añadiendo que el Ayuntamiento de Sanlúcar y la empresa municipal “no pueden ser cómplices de una posible ilegalidad”.
Por todo ello, ha exigido a Carmen Álvarez, presidenta de EMULISAN, “medidas contundentes y explicaciones inmediatas” ante lo que considera un episodio de gran gravedad ética y administrativa.
Más allá de las irregularidades laborales, la portavoz socialista ha denunciado también la gestión de los residuos que son procedentes de la recogida de las naranjas.
Según González esto “es una vergüenza que miles de kilos de naranjas estén siendo vertidos de forma incontrolada en una parcela municipal”, lo que podría constituir un vertido irregular de residuos de tipo orgánico.
Esta situación, apunta, resulta muy contradictoria con las recientes declaraciones de Carmen Álvarez, quien hace apenas una semana había defendido la firma de un “contrato sin precedentes” para mejorar la gestión de los residuos así como de justificar la subida del 50% de la tasa de basura.
El grupo socialista considera que estos hechos ponen en cuestión la transparencia y el control interno de la empresa pública EMULISAN, y reclaman que se depuren responsabilidades tanto en el ámbito laboral como medioambiental.
“La gestión pública exige rigor, cumplimiento legal y respeto a los trabajadores”, insistió González, que adelantó que el PSOE va a pedir explicaciones formales en el próximo pleno municipal.
La polémica sobre la retirada de las naranjas se suma a otros episodios recientes de crítica en referencia a la gestión de EMULISAN, una entidad que en los últimos meses ha sido objeto de debate por su falta de transparencia y los retrasos en la ejecución de contratos públicos.
Entre tanto, los sanluqueños y sanluqueñas asisten con preocupación a la posibilidad de que un servicio municipal financiado con fondos públicos esté siendo ejecutado en condiciones laborales irregulares.