Intervención de la Guardia Civil en un coto de Vejer tras una batida de caza fuera de la ley
La Guardia Civil investiga una batida por abatir ciervos prohibidos por la autorización
La Guardia Civil ha intervenido una batida de caza en la provincia de Cádiz tras detectar gravísimas irregularidades en el desarrollo de una actividad cinegética que contaba con autorización administrativa previa.
La actuación, llevada a cabo por agentes especializados en la protección del medio natural, permitió constatar que se habían abatido una veintena de ciervos machos cuando el permiso concedido solo contemplaba la caza de ejemplares hembra teniendo unos fines de control poblacional.
Los hechos tuvieron lugar en un coto situado en el término municipal de Vejer de la Frontera, durante una denominada “batida de gestión”. Este tipo de actuaciones están reguladas por la normativa autonómica autorizándose de forma excepcional para equilibrar las poblaciones de determinadas especies, siempre bajo condiciones estrictas.
En este caso, la autorización tenía como objetivo exclusivo la captura de hembras, consideradas básicas para modular el crecimiento de la especie sin alterar de forma significativa su estructura genética.
La inspección se enmarca dentro de los servicios habituales de prevención del furtivismo y de control de actividades cinegéticas que desarrolla el SEPRONA, unidad que es dependiente de la Comandancia de Cádiz.
Durante la supervisión del punto donde debía realizarse el control veterinario de las piezas abatidas, los agentes de la Guardia Civil observaron la presencia de numerosos ciervos machos muertos, algunos de ellos con trofeos de gran tamaño, lo que evidenciaba un incumplimiento claro de las condiciones impuestas en la autorización.
Animales abatidos fuera de la ley
Tras verificar la situación, los agentes procedieron a la intervención de un total de 20 ejemplares de ciervo macho.
Los animales fueron retirados posteriormente por una empresa autorizada para la gestión de subproductos animales que no están destinados al consumo humano, siguiendo el procedimiento establecido por la normativa SANDACH, que regula la retirada y destrucción de restos animales a fin de evitar riesgos sanitarios y medioambientales.
Desde el punto de vista ecológico, la eliminación indiscriminada de machos adultos en una población de cérvidos puede tener consecuencias graves.
La ausencia de ejemplares dominantes altera la dinámica reproductiva, empobrece la diversidad genética y puede generar problemas de comportamiento en la especie, también provocar impactos indirectos en el ecosistema.
Por este motivo, la normativa cinegética establece con precisión qué animales pueden ser cazados y en qué condiciones, sobre todo en acciones de gestión poblacional.
Como resultado de la intervención, la unidad actuante levantó acta en el mismo lugar de los hechos. Tanto el organizador de la batida como el responsable del coto fueron informados de que las irregularidades detectadas serán puestas en conocimiento del departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a fin que tome las acciones oportunas.
Las posibles infracciones afectan tanto a la legislación autonómica de caza como a la normativa de sanidad animal, lo que podría tener sanciones administrativas de distinta consideración.
La Guardia Civil recuerda que la caza es una actividad regulada que debe desarrollarse con pleno respeto a la legalidad y también a los criterios de conservación de la fauna silvestre.
El control de poblaciones, subrayan fuentes del instituto armado, no puede convertirse en una excusa para vulnerar las normas, ya que este tipo de conductas compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y perjudica notablemente a quienes practican la actividad cinegética de forma responsable.
La actuación en Vejer se suma a otros controles realizados en la provincia con el objetivo de garantizar que monterías, ganchos y batidas se ajusten estrictamente a las autorizaciones concedidas. Desde el SEPRONA insisten en que la vigilancia continuará para prevenir el furtivismo así como para asegurar la protección del patrimonio natural andaluz.