Juicio en Cádiz contra la Policía Local por la presunta agresión a Beatriz, una mujer con diversidad funcional que alimentaba palomas
La familia denuncia la ausencia de protocolos para personas con discapacidad intelectual
Beatriz, una vecina de Cádiz con diversidad funcional, se enfrenta a un proceso judicial contra la Policía Local por una presunta agresión ocurrida mientras realizaba un gesto cotidiano para ella, pero cargado de significado emocional: alimentar a las palomas en recuerdo de su madre fallecida.
La denuncia sostiene que dos agentes de la Policía Local actuaron sin las consideraciones necesarias hacia una persona con discapacidad intelectual, provocando una situación de miedo y ansiedad que, según su entorno familiar, ha tenido consecuencias duraderas en la vida de Beatriz.
El juicio se celebrará el miércoles 4 de febrero y es la segunda vez que se fija fecha, después de que la vista anterior no llegara a celebrarse. El caso ha salido a la luz tras ser publicado por Juan Manuel Estudillo en sus canales de redes sociales: Juan Manuel Estudillo Freelance.
Para Beatriz, dar de comer a las palomas no es una acción banal. Es una costumbre profundamente arraigada a la memoria de su madre, con quien acudía al parque para realizar ese mismo gesto. El día en que su madre falleció, lo hizo delante de ella, lo que marcó un antes y un después en su salud emocional.
Desde entonces, alimentar a las palomas se convirtió en una forma de refugio, una rutina que le aportaba calma y sensación de protección. Según explica su familia, Beatriz no estaba molestando a nadie ni generando conflictos en la vía pública cuando se produjo la intervención policial.
La intervención policial y la denuncia
Los hechos denunciados ocurrieron cuando Beatriz se encontraba en la puerta de su domicilio. Según el relato de su entorno, dos personas vestidas de paisano se dirigieron a ella para que entrara en casa. Beatriz, al no identificar que se trataba de agentes y debido a su discapacidad intelectual, se asustó y salió corriendo hacia el interior del edificio.
Es en ese momento cuando, siempre según la versión de la defensa, se habría producido un empujón que la hizo caer contra un elemento del portal, provocándole un fuerte episodio de ansiedad. Posteriormente, los agentes se identificaron como miembros de la Policía Local.
“No existen protocolos adecuados”
La portavoz de la familia, María Tilico, sostiene que el problema de fondo no es solo la ordenanza municipal que prohíbe ensuciar la vía pública, sino la ausencia de protocolos específicos para actuar ante personas con diversidad funcional.
Según explica, una norma puede ser comprendida por cualquier ciudadano, pero no puede aplicarse del mismo modo a una persona con discapacidad intelectual severa. En este caso, la falta de adaptación habría derivado en una situación de estrés extremo para Beatriz, que no estaba en condiciones de entender ni asimilar una orden policial en esos términos.
Clara Eugenia Rondán, hermana y tutora legal de Beatriz, relata que desde aquel día su hermana tiene miedo de salir de casa y sufre episodios recurrentes de ansiedad. Asegura que los profesionales médicos que la atienden están intentando ayudarla a superar el trauma, pero reconoce que el proceso es lento y complejo.
Clara explica que no se puede “arreglar” una discapacidad intelectual con órdenes o castigos, y que ella puede cuidar y proteger a su hermana, pero no hacer que entienda una norma como lo haría cualquier otra persona sin discapacidad.
Este proceso judicial llega después de que la jueza propusiera una mediación entre las partes, una vía que fue rechazada por la abogacía de los agentes de la Policía Local. Al no existir acuerdo ni disculpas por parte de los policías implicados, el caso continúa su recorrido en los tribunales.
El juicio del miércoles 4 de febrero no es, por tanto, una continuación directa de una vista anterior, sino la segunda vez que se señala fecha judicial, tras suspenderse la primera sin que llegara a celebrarse.