La alcaldesa de Sanlúcar admite que no puede asumir el servicio de ayuda a domicilio
Bloqueo en Sanlúcar: sin acuerdo sobre el servicio de ayuda a domicilio
El pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha optado por aplazar una de las decisiones más sensibles de su agenda social como es la continuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
La propuesta del equipo de Gobierno para prorrogar durante un año el contrato con la empresa Arquisocial quedó sobre la mesa tras un debate marcado por las discrepancias políticas y las limitaciones económicas reconocidas por la propia alcaldesa, Carmen Álvarez.
La retirada del punto se produjo por unanimidad, después de que los grupos de la oposición reclamaran abrir una negociación sobre el modelo de gestión del servicio.
La decisión afecta a un sistema que presta atención a más de 1.400 personas en situación de dependencia en el municipio y que sostiene cerca de 500 empleos, en su mayoría femeninos.
El coste del servicio y las limitaciones económicas en Sanlúcar
El delegado de Asuntos Sociales, Miguel Ángel Casal, defendió la necesidad de garantizar la continuidad del SAD al tratarse de una prestación “esencial”.
Durante su intervención, detalló que el contrato actual fija un precio de 16,61 euros por hora, con un presupuesto anual que asciende a 8,7 millones de euros.
Casal insistió en que no se trata de una cuestión administrativa, sino de una decisión que afecta directamente a personas mayores y dependientes. Sin embargo, reconoció las dificultades estructurales del consistorio para asumir la gestión directa.
“Ojalá pudiéramos municipalizar”, señaló, aunque admitió que la situación económica municipal lo impide en estos momentos.
La propia alcaldesa reforzó ese argumento al cierre del debate. Álvarez afirmó que el Ayuntamiento arrastra compromisos financieros pendientes, entre ellos deudas y litigios laborales, que limitan su margen de maniobra.
“Ahora mismo el Ayuntamiento de Sanlúcar no tiene capacidad económica para asumir el servicio”, declaró de forma explícita.
Sanlúcar: la oposición cuestiona la promesa de municipalización
El debate evidenció el desgaste político de una promesa clave del actual Gobierno local. La municipalización del SAD figuraba tanto en el programa de Izquierda Unida como en el acuerdo de gobierno firmado con el PSOE al inicio del mandato.
Desde Vox, su portavoz Carmen Infantes acusó al Ejecutivo municipal de incumplir sus compromisos y de haber generado expectativas irreales entre las trabajadoras.
En términos similares se expresó el portavoz socialista, Víctor Mora, quien reprochó la falta de diálogo previo y cuestionó la existencia de avances técnicos hacia la municipalización.
Mora planteó dudas sobre si el Gobierno local ha desarrollado estudios económicos o modificaciones en la empresa municipal Emuremasa, señalada en su día como posible instrumento para asumir el servicio. Además, sostuvo que la prórroga no era obligatoria, sino una decisión política que, a su juicio, llega fuera de plazo.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Juan José Marmolejo, reclamó también una negociación en profundidad y criticó la falta de información sobre los pasos dados en los últimos meses.
Durante el pleno, las trabajadoras del servicio visibilizaron su malestar con carteles centrados en sus condiciones laborales.
Un servicio en el centro del debate político
La retirada del punto abre ahora un periodo de negociación entre los grupos municipales que deberá definir el futuro del SAD en Sanlúcar. La alcaldesa aceptó la propuesta de la oposición y se comprometió a recoger las aportaciones de cada formación para alcanzar un criterio común.
El escenario que se dibuja combina urgencia y complejidad. Por un lado, la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio básico.
Por otro cabe destacar la dificultad de cumplir con la promesa de gestión directa en el actual contexto económico. La decisión final deberá equilibrar ambos factores, con impacto directo en usuarios y plantilla.
Entre tanto, el contrato con Arquisocial sigue pendiente de resolución formal. El Ayuntamiento deberá definir en las próximas semanas si opta por una prórroga negociada, un nuevo modelo de gestión o una solución intermedia que permita sostener el servicio sin comprometer la estabilidad financiera municipal.