La Apdha acusa a la Junta de incumplir la ley que protege a las familias vulnerables y mantener viviendas públicas cerradas
Recuerda el caso de Laura, madre de tres hijos en riesgo de desahucio en Cádiz, y reprocha a la Junta no aplicar la normativa que suspende los desalojos de familias vulnerables
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha respondido a las declaraciones de la Junta de Andalucía sobre el caso de Laura, la vecina de Cádiz que sigue en riesgo de desahucio junto a sus tres hijos.
La organización asegura que no defiende saltarse el orden del registro de demandantes de vivienda, pero denuncia que la administración autonómica está incumpliendo su propia obligación legal de proteger a las familias vulnerables con menores a cargo.
Según la Apdha, la Junta “no está fomentando el derecho a la vivienda, sino vulnerándolo” al no acatar el decreto estatal que amplió hasta diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. “La administración andaluza no puede ampararse en un registro para justificar una inacción que la ley prohíbe”, señalan desde la organización.
La asociación subraya además que la Junta mantiene “un número elevado de viviendas públicas cerradas y sin uso”, entre ellas la que ocupó Laura, que llevaba más de cinco años vacía. “Lo descabellado a día de hoy no es ocupar una vivienda, sino mantener cerradas las viviendas públicas que existen por la negligencia y el desinterés de la administración autonómica”, afirman.
Laura vive junto a sus tres hijos en un piso propiedad de la Junta de Andalucía, en Cádiz, que debía abandonar el pasado lunes tras vencer el plazo de entrega voluntaria. La vivienda, según su relato, se encontraba vacía y deteriorada cuando entraron en 2024.
La familia la rehabilitó con ayuda de amigos y familiares, pero carece de agua corriente y sobrevive llenando cubos de agua cada día. Laura asegura que devolvería la casa si se le ofreciera una alternativa habitacional, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Sin nuevas promociones y sin alternativas
La Apdha expresa su “total disconformidad” con la falta de alternativas habitacionales ofrecidas por la Junta de Andalucía tanto a Laura como a otras familias en situación similar. Considera que el Gobierno andaluz “mantiene una política nula de vivienda pública” en la ciudad de Cádiz.
“Pese a ser su competencia directa, no está construyendo ninguna vivienda nueva, y lo único que hace es vender el escaso suelo público que nos queda a empresas privadas”, denuncia la organización.
Para la Apdha, esta política “está cercenando la posibilidad de Laura y de otras muchas familias gaditanas de acceder a una vivienda digna”. La entidad recuerda que, según el artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad.
La asociación ha presentado recientemente una consulta formal a la Junta de Andalucía para conocer el número exacto de viviendas que mantiene sin uso y cuántas de ellas cuentan con puertas antiokupa instaladas por la propia administración. El objetivo, señalan, es “obtener transparencia sobre una gestión que impide que las viviendas públicas cumplan su función social”.
El caso de Laura y la respuesta de la Junta
Laura, madre de tres hijos —uno de ellos un bebé de dos meses—, lleva más de un año viviendo en la vivienda pública que ahora debe abandonar. Entró en abril de 2024 tras encontrar el piso vacío y en mal estado, y lo rehabilitó con sus propios medios.
Durante el juicio, la administración explicó que la vivienda estaba adjudicada a otra familia, con un hombre con movilidad reducida y un menor con esquizofrenia, pese a que el inmueble no dispone de acceso adaptado ni de baño accesible. “Tiene una terraza con un escalón de más de treinta centímetros y una bañera donde no cabe una silla de ruedas”, explicó Laura a este medio.
La Junta de Andalucía, por su parte, insiste en que no puede ofrecer una alternativa habitacional inmediata porque debe respetar el orden del registro de demandantes de vivienda. “Ella ha ocupado una vivienda que no le correspondía y hay una sentencia que es muy clara”, explicaron fuentes autonómicas.
“Además, se ha saltado la lista de las personas que están más necesitadas de esa vivienda por circunstancias objetivas. Nosotros no podemos vulnerar ese orden”.
Mientras tanto, la familia continúa en la vivienda a la espera de que el procedimiento judicial siga su curso. La Apdha recuerda que la Junta “tiene margen legal para suspender el lanzamiento” en virtud del decreto vigente hasta diciembre de 2025. “Lo que no se puede justificar es que una familia con menores a cargo quede en la calle cuando hay viviendas públicas vacías”, afirman.