La Audiencia de Cádiz condena a un entrenador que prometía pruebas en clubes españoles y acabó prostituyendo a seis futbolistas
Un entrenador de fútbol base, condenado a casi diez años de prisión por explotar sexualmente a jóvenes futbolistas captados en Sudamérica
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La Audiencia de Cádiz ha condenado a un entrenador de fútbol base a nueve años y ocho meses de prisión por inducir a varios jóvenes futbolistas sudamericanos a ejercer la prostitución después de atraerlos a España con la expectativa de desarrollar una carrera deportiva.
La resolución judicial considera acreditado que el condenado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que habían viajado desde Colombia y Argentina con la promesa de realizar pruebas en distintos clubes españoles, algunos de ellos vinculados al entorno de Sevilla.
Jóvenes sin recursos y lejos de sus familias
Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron entre octubre de 2019 y mayo de 2020. Los seis afectados llegaron a España procedentes de familias con escasos recursos económicos y sin contar con familiares o una red de apoyo en el país.
El entrenador los acogió en una vivienda de Prado del Rey, donde convivía con ellos mientras dirigía sus entrenamientos y gestionaba su manutención.
El tribunal considera probado que esa dependencia económica y personal fue utilizada posteriormente para presionar a los jóvenes. Aunque el acusado les facilitaba alojamiento y alimentos, también les exigía el pago de esos gastos.
La situación económica llegó a deteriorarse hasta el punto de que algunas de las víctimas recibieron ayuda alimentaria de Cáritas y de vecinos de la localidad.
La investigación judicial concluye que el proyecto deportivo que motivó el desplazamiento de los jóvenes nunca llegó a materializarse de la forma prometida.
Solo uno de ellos realizó una prueba en un equipo juvenil, aunque no pudo continuar debido a problemas administrativos relacionados con su documentación.
La sentencia considera acreditada la inducción a la prostitución
La resolución judicial sostiene que el entrenador propuso a varios de los futbolistas mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero como fórmula para sufragar los gastos derivados de su estancia en España. Para ello, les facilitó una aplicación de contactos y, en algunos casos, los trasladó a lugares donde podían encontrarse con clientes.
La sentencia distingue entre dos situaciones. En dos de las víctimas, el tribunal aprecia que la prostitución llegó a consumarse tras la actuación del acusado.
En otros cuatro casos, considera que existió un intento de inducirlos, aunque finalmente los jóvenes rechazaron mantener relaciones sexuales remuneradas o abandonaron el lugar antes de producirse los encuentros.
Los magistrados describen episodios en los que algunos de los futbolistas se negaron reiteradamente a acceder a las exigencias del entrenador, pese a las presiones recibidas para aportar dinero destinado a cubrir los gastos de manutención.
Indemnizaciones y absolución del segundo procesado
La condena impuesta incluye cinco años de prisión por los delitos consumados de determinación a la prostitución y otros cuatro años y ocho meses por los hechos considerados en grado de tentativa. Además, el tribunal impone varias multas económicas cuya falta de pago podría incrementar la responsabilidad penal del condenado.
La sentencia también establece órdenes de alejamiento respecto a las seis víctimas durante varios años y fija una indemnización de 3.000 euros para cada una de ellas por los daños sufridos.
No obstante, la misma resolución absuelve al segundo acusado, un representante vinculado a la captación de los jóvenes en Sudamérica.
La Audiencia concluye que durante el juicio no se aportaron pruebas suficientes para demostrar que conociera la explotación sexual o participara en ella. Por ese motivo, queda exonerado de todos los delitos por los que había sido procesado.
El tribunal también descarta condenar al entrenador por otros delitos inicialmente atribuidos durante la investigación, entre ellos trata de seres humanos, estafa y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al entender que no existía prueba bastante para sostener esas acusaciones.
La condena queda así centrada exclusivamente en los delitos relacionados con la determinación a la prostitución, considerados acreditados tras la valoración conjunta de las pruebas practicadas durante el proceso judicial.