La ayuda a domicilio de El Puerto vuelve con polémica por una nueva denuncia de impagos
El conflicto por la ayuda a domicilio en El Puerto se agrava tras una nueva denuncia sindical por impagos
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El conflicto laboral que afecta al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto continúa sumando nuevos episodios. El sindicato CGT ha denunciado una nueva situación de impagos que, según sostiene la organización, afecta a parte de la plantilla vinculada a la empresa Óbolo, antigua adjudicataria del servicio municipal.
La denuncia se incorpora a un conflicto que se prolonga desde hace meses y que ya había sido objeto de reclamaciones por parte de otros sindicatos presentes en el comité de empresa.
Tanto desde el sindicado CCOO como UGT habían alertado anteriormente de retrasos en nóminas, errores en liquidaciones, incumplimientos del convenio colectivo y otras incidencias relacionadas con las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio.
El Servicio de Ayuda a Domicilio constituye una prestación esencial destinada a personas dependientes y usuarios con necesidades asistenciales, por lo que cualquier conflicto laboral genera preocupación tanto entre la plantilla como entre las familias que reciben esta atención.
El Ayuntamiento de El Puerto analiza medidas para proteger los derechos de la plantilla
La situación ha llevado al Ayuntamiento de El Puerto a estudiar distintas actuaciones dentro del marco legal. El Consistorio confirmó recientemente que analiza la posibilidad de retener el aval depositado por Óbolo durante la adjudicación del contrato, con el objetivo de garantizar el pago de las cantidades que pudieran seguir pendientes si finalmente se acreditan los incumplimientos denunciados.
Según explicó el teniente de alcalde responsable de Contratación, los servicios jurídicos municipales están examinando si las obligaciones incluidas en el contrato permiten adoptar esta medida cautelar mientras se aclara la situación.
Además, el Ayuntamiento ha requerido a la empresa la documentación acreditativa de distintos pagos reclamados por la representación sindical, entre ellos finiquitos pendientes y otros conceptos salariales cuya liquidación continúa siendo objeto de controversia.
Desde el Gobierno municipal se insiste en que la prioridad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la adjudicataria durante la vigencia del contrato y garantizar la protección de los derechos laborales de la plantilla.
Un conflicto que se arrastra desde hace más de un año en El Puerto
Las reclamaciones contra Óbolo no son nuevas. Desde que la empresa asumió la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto comenzaron a presentarse denuncias ante la Inspección de Trabajo por diferentes incidencias laborales.
Entre las irregularidades denunciadas por los sindicatos figuran supuestos errores reiterados en las nóminas, problemas con el abono de trienios, liquidaciones incorrectas, retrasos en el pago de atrasos salariales, deficiencias en la formación obligatoria, incidencias en las prestaciones por incapacidad temporal y dificultades para obtener respuesta por parte de la empresa.
Por todo ello el sindicato CCOO llegó a señalar que se habían registrado más de veinte denuncias relacionadas con estas circunstancias.
igualmente UGT también denunció en distintos momentos situaciones que calificó de discriminación sindical y reclamó una mayor implicación municipal para corregir las irregularidades detectadas.
Por su parte, la empresa Óbolo ha defendido en ocasiones anteriores que muchas de las acusaciones no se corresponden con la realidad y ha asegurado haber regularizado diversos pagos, además de sostener que no tiene constancia de irregularidades pendientes de resolver en aquellos casos en los que ya respondió públicamente a las críticas sindicales.
La nueva denuncia presentada por CGT vuelve a situar el foco sobre un servicio público especialmente sensible, donde la estabilidad laboral de las profesionales resulta determinante para garantizar la continuidad asistencial a cientos de personas dependientes.
Entre tanto continúan las reclamaciones sindicales y el análisis jurídico del Ayuntamiento, el conflicto permanece abierto a la espera de que se esclarezca el alcance de los presuntos impagos y de las posibles responsabilidades derivadas del contrato de gestión del servicio.