La ayuda a domicilio vuelve a enfrentar a PSOE e IU en Sanlúcar: los socialistas reclaman iniciar ya la municipalización
Los socialistas plantean que Emuremasa asuma la gestión directa del servicio y sostienen que los 9 millones presupuestados en 2026 permiten comenzar el proceso sin esperar a que finalice la actual prórroga
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El futuro del Servicio de Ayuda a Domicilio de Sanlúcar de Barrameda vuelve al centro de la disputa política municipal.
El PSOE de Sanlúcar reclama a la alcaldesa, Carmen Álvarez, y al Gobierno local de Izquierda Unida que pongan en marcha de inmediato los trámites necesarios para avanzar hacia una gestión pública directa.
La propuesta socialista pasa por incorporar el servicio a Emuremasa, la empresa municipal que ya gestiona la residencia de mayores y el centro de alzhéimer, una fórmula que ya estuvo sobre la mesa al comienzo del actual mandato.
El PSOE pone el foco en los 9 millones presupuestados para 2026
El concejal socialista Pacote Pizarro sostiene que la situación económica del Ayuntamiento permite afrontar el proceso y defiende que la cuestión depende de una decisión política. Su argumento se apoya principalmente en los 9 millones de euros consignados para el Servicio de Ayuda a Domicilio durante 2026.
Los socialistas calculan, además, que aproximadamente un 10% de esa cantidad corresponde al beneficio empresarial dentro del actual modelo de prestación. Según las cifras difundidas por el partido, serían unos 900.000 euros que, en un escenario de gestión municipal, podrían permanecer dentro del propio servicio.
La propuesta no supondría que el Ayuntamiento prestara directamente el servicio con su estructura ordinaria. El planteamiento consiste en utilizar Emuremasa como instrumento público municipal.
Para ello sería necesario modificar los estatutos de la sociedad para incorporar la ayuda a domicilio a su objeto social y realizar posteriormente los ajustes presupuestarios y administrativos correspondientes.
No se trata de una posibilidad planteada ahora por primera vez. En agosto de 2023, el Ayuntamiento y representantes de la plantilla acordaron crear una comisión de trabajo para estudiar las gestiones necesarias para la municipalización.
Entonces ya se señalaban como pasos necesarios un estudio económico, la modificación del objeto social de Emuremasa y la aprobación de los presupuestos correspondientes.
La prórroga del servicio mantiene abierto el choque político
El debate se intensificó esta primavera después de que el Pleno aprobara la continuidad durante un año del actual modelo de prestación. Izquierda Unida defendió que el Ayuntamiento no disponía de los recursos necesarios para acometer en ese momento la municipalización, mientras que el PSOE votó en contra de la prórroga.
La propuesta salió adelante gracias a las abstenciones de PP y Vox.
Los socialistas consideran que ese año puede aprovecharse precisamente para preparar el cambio de modelo. Su petición no implica interrumpir inmediatamente el servicio vigente, sino comenzar durante la prórroga los trabajos jurídicos, económicos y administrativos necesarios para que una futura gestión pública sea posible.
La municipalización figuraba, además, en el acuerdo programático suscrito por IU y PSOE tras las elecciones municipales de 2023. El propio Ayuntamiento confirmó entonces ese compromiso y anunció que el objetivo era incorporar la plantilla a Emuremasa cuando los trámites necesarios permitieran materializarlo.
En enero de 2025, el Gobierno municipal volvió a mantener una reunión con el comité de empresa para abordar el proceso. En aquel momento, la Alcaldía reiteró públicamente su compromiso con la municipalización y recordó que la medida estaba incluida en el pacto entre las dos formaciones.
Los trabajadores mantienen la presión para cambiar el modelo
El conflicto supera el enfrentamiento entre los partidos. La plantilla lleva tiempo reclamando que el servicio pase a manos públicas y sus representantes han participado en reuniones y movilizaciones para defender ese cambio.
También las organizaciones sindicales han trasladado esa reivindicación al Ayuntamiento de Sanlúcar. CSIF reclamó en mayo a Carmen Álvarez que iniciara el proceso y criticó la prórroga por mantener durante otro año la gestión privada.
El sindicato defendió que la municipalización podría aportar mayor estabilidad laboral y mejorar las condiciones de quienes atienden diariamente a las personas dependientes y sus familias.
El PSOE intenta ahora que la discusión avance de las declaraciones a los trámites administrativos. Su propuesta concreta empieza por Emuremasa: modificar sus estatutos, preparar las partidas necesarias y utilizar el periodo de prórroga para determinar cómo puede asumir el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Una hoja de ruta que devuelve al Ayuntamiento un compromiso político pendiente desde el inicio del mandato.