La Diputación paraliza el patrocinio del Puro Latino suspende el contrato del Pal Sur Festival tras la investigación judicial
La institución provincial adopta medidas cautelares al considerar que las actuaciones judiciales pueden comprometer el interés público y provocar un perjuicio reputacional para la administración
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La Diputación de Cádiz ha decidido adoptar medidas cautelares sobre dos de los festivales que se encuentran bajo el foco de la investigación judicial por el presunto blanqueo de capitales a través de contratos públicos de patrocinio.
La institución provincial ha suspendido la formalización del contrato de patrocinio del Puro Latino Fest El Puerto 2026 y ha paralizado la ejecución del contrato correspondiente al Pal Sur Festival 2026, ambos vinculados a sociedades del empresario Pascual Llopis.
Las decisiones se producen apenas unos días después de que la Guardia Civil registrara distintos inmuebles y reclamara a la Diputación cinco expedientes de patrocinio relacionados con festivales y eventos organizados por empresas del entorno del promotor portuense, actualmente en prisión provisional dentro de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María.
En el caso del Puro Latino Fest, cuyo contrato todavía no había sido formalizado, la Diputación justifica la suspensión del procedimiento al entender que las actuaciones judiciales iniciadas el pasado 1 de julio pueden afectar al interés público que motivó el patrocinio, según publica Diario de Cádiz.
Según recoge el decreto, la institución considera que el retorno publicitario previsto con la asociación de su imagen al festival "puede verse comprometido" e incluso generar "perjuicios negativos" para la propia administración mientras continúe abierta la investigación judicial.
Una argumentación muy similar utiliza para el Pal Sur Festival, donde se ha decretado la suspensión cautelar de la ejecución del contrato. En este caso, el organismo provincial señala que la repercusión pública de las diligencias judiciales puede provocar un "efecto reputacional desfavorable", aunque insiste en que la medida se adopta desde el respeto a la presunción de inocencia de las personas investigadas y sin prejuzgar el resultado de la causa.
Dos festivales bajo el foco de la investigación
El patrocinio del Pal Sur Festival 2026, formalizado el pasado mes de abril por un importe de 550.000 euros con la sociedad Luna Bahía S.L., es uno de los cinco contratos requeridos por la Guardia Civil durante el registro realizado en la Diputación de Cádiz.
En conjunto, los cinco expedientes solicitados por los investigadores superan el millón de euros y corresponden a contratos suscritos entre mayo de 2024 y abril de 2026 con las sociedades Bahía Luz Restauración S.L. y Luna Bahía S.L., ambas vinculadas a Pascual Llopis.
Paralelamente, la Guardia Civil también ha solicitado documentación a la Junta de Andalucía sobre distintos patrocinios concedidos al festival Puro Latino, otro de los eventos que aparece en la investigación.
Las medidas adoptadas por la Diputación afectan exclusivamente a los contratos de patrocinio público y no suponen, por el momento, la suspensión de ninguno de los festivales programados.
El Puro Latino Fest El Puerto 2026 mantiene prevista su celebración los días 23, 24 y 25 de julio, mientras que el Pal Sur Festival continúa con las citas que aún tiene programadas durante este verano en distintos municipios de la provincia.
Las últimas revelaciones de la investigación
La decisión de la Diputación llega un día después de que El País y la Cadena SER publicaran nuevos detalles de la investigación. Ambos medios informaron de conversaciones incorporadas a la causa en las que varios de los empresarios investigados hablaban de supuestas comisiones, regalos y un posible soborno a un alto cargo de la Junta de Andalucía para favorecer la obtención de patrocinios públicos.
Según ambas informaciones, las conversaciones forman parte de la documentación intervenida durante la investigación. No obstante, tanto El País como la Cadena SER precisan que, por el momento, no existen pruebas de que esos supuestos sobornos llegaran a materializarse ni de que algún responsable público aceptara dinero o regalos.
Una investigación que sigue avanzando
La causa judicial investiga presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada. El juez considera de forma indiciaria que Pascual Llopis y el empresario sevillano Mario García Lobato, ambos en prisión provisional, desempeñaban un papel central en el entramado empresarial objeto de la investigación.
En los últimos días también han trascendido conversaciones incorporadas al procedimiento en las que varios empresarios hablaban de supuestas comisiones, regalos y posibles sobornos para obtener contratos públicos. No obstante, hasta el momento no consta que esas dádivas llegaran a materializarse ni que exista ningún cargo público investigado por haberlas recibido.