La Guardia Civil descubre en Cádiz una extracción ilegal de 77 millones de litros de agua en una finca turística
La Guardia Civil investiga la extracción ilegal de más de 77 millones de litros de agua en una finca de Puerto Serrano
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto una investigación por un presunto delito de usurpación de aguas en una finca situada en el término municipal de Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz.
La actuación se salda, por el momento, con cuatro personas investigadas y una empresa vinculada a la explotación del inmueble, después de que los agentes detectaran un sistema oculto de captación y distribución de agua subterránea que habría funcionado durante años sin la correspondiente autorización administrativa.
Las diligencias se iniciaron cuando los agentes del Seprona de Ubrique, en el marco de sus labores de vigilancia sobre posibles delitos contra el medio ambiente, localizaron un sondeo escondido en el interior de una finca dedicada principalmente al turismo rural.
El hallazgo llamó la atención de los investigadores porque el punto de captación se encontraba activo, conectado a la red eléctrica y equipado con una bomba de extracción que permitía elevar el agua hacia distintas zonas de la propiedad.
Durante la inspección, los guardias civiles comprobaron que del sondeo partía una red de tuberías destinada a conducir el agua hasta varios depósitos situados en diferentes puntos de la finca.
Estas conducciones, según constataron los agentes, carecían de contadores volumétricos, un elemento obligatorio para controlar el volumen de agua extraída. ç
La ausencia de estos dispositivos dificultaba conocer con precisión la cantidad utilizada y hacía sospechar que el recurso hídrico podía estar empleándose para usos no autorizados.
Ante estas irregularidades, los investigadores decidieron seguir el recorrido de la conducción para determinar el destino final del agua.
El seguimiento permitió comprobar que el suministro alimentaba diversas instalaciones de la propiedad, entre ellas un cortijo destinado al alojamiento turístico con capacidad aproximada para dieciséis personas.
Además, el agua extraída también se utilizaba para mantener jardines, llenar una piscina, regar un huerto y abastecer una pequeña explotación equina situada dentro del mismo recinto.
Según las estimaciones realizadas durante la investigación, el volumen de agua extraído podría superar los 77 millones de litros en los últimos cinco años. Esa cantidad habría permitido sostener tanto la actividad turística como determinados cultivos particulares presentes en la finca.
Los investigadores consideran que el aprovechamiento continuado del recurso hídrico se habría llevado a cabo con el objetivo de reducir costes y obtener un beneficio económico derivado de la explotación de la propiedad.
Investigación del Seprona
Como resultado de las pesquisas practicadas por el Seprona los agentes procedieron a investigar a los cuatro propietarios de la finca así como a la empresa encargada de gestionar la explotación turística del lugar.
Todos ellos están siendo investigados como presuntos responsables de un delito de usurpación de aguas al haber realizado captaciones de agua subterránea sin disponer de la autorización administrativa necesaria para la derivación y utilización continuada de un recurso considerado de dominio público.
La normativa española establece que cualquier captación de aguas subterráneas o superficiales requiere autorización del organismo de cuenca correspondiente así como sistemas de control que permitan registrar el volumen extraído.
Estas medidas buscan garantizar una gestión sostenible del agua especialmente en territorios donde la disponibilidad hídrica resulta limitada como ocurre en amplias zonas de Andalucía.
Desde la Guardia Civil recuerdan que la extracción ilegal de agua puede provocar graves daños en los acuíferos alterar los ecosistemas y comprometer el abastecimiento futuro de poblaciones y actividades agrícolas.
Por este motivo las autoridades subrayan la importancia de denunciar cualquier captación irregular y de reforzar la vigilancia sobre el uso del agua.
Las diligencias instruidas por el Seprona han sido remitidas a la autoridad judicial competente mientras continúa el análisis técnico del sondeo y del pozo localizados dentro de la finca investigada actualmente.