La Guardia Civil intercepta cinco atunes rojos en Tarifa, las piezas pesaban 209 kilos
Los ejemplares fueron localizados dentro de una furgoneta que salía de la lonja del puerto pesquero. La conductora ha sido denunciada por una presunta infracción grave y el pescado se ha destinado al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar
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La vigilancia sobre la pesca del atún rojo en el Estrecho de Gibraltar ha dejado una nueva intervención en Tarifa.
Agentes de la Guardia Civil localizaron cinco ejemplares capturados de forma ilegal que, después de pasar por el pesaje oficial, alcanzaron conjuntamente los 209 kilogramos.
Las piezas viajaban en una furgoneta interceptada cuando abandonaba las inmediaciones de la lonja del puerto pesquero tarifeño.
Una furgoneta interceptada a la salida de la lonja de Tarifa
La actuación se produjo dentro de los dispositivos que la Sección Fiscal del Puerto de Tarifa está desarrollando para controlar la actividad pesquera en esta zona del litoral gaditano.
En las últimas semanas se ha reforzado especialmente la vigilancia de las embarcaciones recreativas ante posibles capturas de atún rojo que incumplan la normativa.
Uno de esos controles terminó con la interceptación de una furgoneta cuando salía de la lonja del puerto pesquero. Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron en su interior cinco atunes que, según la información facilitada por la Guardia Civil, acababan de ser capturados ilegalmente en aguas próximas a Tarifa.
Los ejemplares fueron trasladados posteriormente al puerto para realizar el pesaje oficial. La báscula confirmó un peso conjunto de 209 kilos.
La actuación también ha derivado en la denuncia de la mujer que conducía el vehículo, considerada presunta responsable de una infracción grave de la normativa de pesca marítima.
El atún rojo, una pesca sometida a cuotas y controles
El control sobre estas capturas no se limita a comprobar qué especies llegan a puerto. El atún rojo está sometido a un sistema específico de gestión que establece posibilidades de pesca y diferentes condiciones en función de las flotas y modalidades autorizadas.
La regulación española para la campaña de 2026 contempla expresamente las capturas fortuitas de determinados buques del Cantábrico Noroeste, Mediterráneo y Golfo de Cádiz, además de embarcaciones con puerto base en localidades como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea o la propia Tarifa.
Para estas modalidades se distribuyeron 233,92 toneladas procedentes del incremento de la cuota española, de las que 64 toneladas corresponden a determinados buques con base en esos cinco puertos gaditanos.
La normativa también obliga a respetar la cuota total asignada a España. Un eventual exceso puede traducirse en deducciones sobre las posibilidades de pesca de la campaña siguiente, una de las razones por las que los controles sobre las capturas y su trazabilidad forman parte de la gestión de esta especie.
En Tarifa existen además precedentes recientes de operaciones de mayor volumen. En julio de 2024, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó de la entrega al Banco de Alimentos de más de 1.600 kilos de atún rojo decomisados en el puerto tarifeño.
Aquella intervención afectó a once ejemplares y se desarrolló dentro de las actuaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Los 209 kilos intervenidos tendrán un destino social
Los cinco atunes de esta última actuación no serán destruidos. Una vez efectuado el pesaje, las capturas fueron entregadas al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, que podrá aprovechar los 209 kilos de pescado con fines sociales.
No es la primera vez que las piezas decomisadas en operaciones contra la pesca ilegal en la zona terminan destinadas a esta entidad.
El Ministerio de Agricultura ya utilizó este procedimiento con los ejemplares intervenidos en Tarifa en 2024, cuando explicó que los atunes incautados habían sido entregados al mismo Banco de Alimentos.
La Guardia Civil mantiene sus controles en el litoral tarifeño mediante inspecciones dirigidas, entre otras actuaciones, a embarcaciones recreativas.
El objetivo de estos dispositivos es detectar capturas que vulneren las condiciones establecidas para una especie cuya explotación está sujeta a cuotas, autorizaciones y medidas específicas de conservación.