La humanidad del Obispado de Cádiz: echa de su casa a una madre con un 78% de discapacidad y a una pareja de personas mayores
La Fundación Adolfo Carneiro Cafferata comunica la no renovación de dos contratos y el vencidario señala que la decisión afecta a las dos familias más vulnerables del edificio
La Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta y propietaria de la finca donde nació Fermín Salvochea, ha comunicado la no renovación de dos contratos de alquiler.
Los afectados son una madre sordomuda con un 78 por ciento de discapacidad y dos hijos menores y un matrimonio de edad avanzada en el que el marido padece demencia y un principio de Alzheimer. Los vecinos denuncian que, tras más de dos años esperando una rehabilitación, la respuesta ha sido comunicar la salida de las dos familias más vulnerables del edificio.
La casa donde nació Fermín Salvochea vuelve a convertirse en escenario de la polémica. Después de más de dos años de denuncias por el deterioro del edificio, convivir entre puntales y reclamar una rehabilitación que nunca terminaba de llegar, dos de las familias que residen en la finca del número 32 de la plaza de las Viudas han recibido una carta de la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, entidad vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta, comunicándoles que deberán abandonar sus viviendas el próximo 31 de agosto al no renovarse sus contratos de arrendamiento.
La decisión afecta precisamente a las dos familias con una situación más delicada del inmueble. Una de ellas está formada por una madre sordomuda con un 78% de discapacidad y dos hijos menores. Es la primera a la que le afecta: el 31 de agosto.
La otra corresponde a un matrimonio de edad avanzada en el que el marido padece demencia y un principio de Alzheimer. Ambos proceden, además, de otras viviendas pertenecientes al patrimonio del Obispado.
En el vecindario (cinco familias en la actualidad, dos de ellas con contrato de renta antigua) llevan más de dos años denunciando el estado de conservación del edificio y reclamando obras para garantizar su seguridad. Ahora, ven incomprensible que la respuesta de la propiedad haya sido comunicar la salida de quienes consideran los residentes más vulnerables de la finca.
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Dos años esperando unas obras que nunca llegaban
La situación de la finca de Plaza de las Viudas 32 lleva más de dos años siendo objeto de denuncias vecinales. El edificio permaneció apuntalado durante meses después de detectarse problemas estructurales en el patio interior y tanto los residentes como distintos grupos políticos reclamaron reiteradamente una intervención integral para garantizar la seguridad.
Durante todo este tiempo, los vecinos aseguran que recibieron constantes mensajes tranquilizadores sobre el inminente inicio de las obras. Sin embargo, sostienen que los trabajos fueron retrasándose mientras las condiciones del inmueble seguían deteriorándose. "Llevamos dos años diciéndonos que mañana empiezan las obras. La obra no empieza, la obra no empieza... y en vez de empezar la obra mandan una carta diciendo que se acaba el contrato y que no se renueva", resume Lourdes Córdoba Marín.
La residente recuerda que muchos vecinos han soportado durante meses las dificultades derivadas del estado del edificio y teme que la situación no termine con las dos cartas ya recibidas. "Hoy les ha tocado a ellos, pero mañana puedo ser yo. No los vamos a dejar solos porque cualquiera de nosotros puede recibir la misma carta cuando termine su contrato", afirma.
Las dos familias más vulnerables
La noticia ha causado un profundo impacto entre quienes viven en la finca por la situación personal de las dos familias afectadas. Rafael Beguiristain, hermano de una de las inquilinas que deberá abandonar la vivienda, considera que si el objetivo fuera acometer una rehabilitación integral existirían alternativas que no pasaran por extinguir el contrato.
"Si es una obra grande, pues se busca una solución temporal y cuando termine se vuelve. Pero echarlos directamente no lo veo normal", explica Beguiristain, quien recuerda que su hermana tiene un 78% de discapacidad, es sordomuda y vive con sus dos hijos menores.
En su opinión, la decisión resulta difícil de comprender porque las obras podrían ejecutarse sin expulsar definitivamente a las familias. "Tiene que haber algún motivo. Si es por hacer obras, cuando terminen se vuelve, pero echarla directamente no lo entendemos", insiste.
La segunda comunicación ha sido remitida a un matrimonio de edad avanzada. El marido padece demencia y un principio de Alzheimer, una circunstancia que, según los vecinos, hace especialmente complicada la búsqueda de una nueva vivienda y afrontar un traslado en apenas unas semanas.
"¿Dónde encuentra ahora un piso una persona con un 78% de discapacidad o un matrimonio mayor enfermo? Yo me pongo en su lugar y no duermo por las noches", lamenta Lourdes Córdoba Marín.
Una finca con historia y años de abandono
La polémica alrededor de Plaza de las Viudas 32 no es nueva. Durante los últimos meses el estado del edificio ha motivado denuncias vecinales, visitas de representantes políticos y reclamaciones para que se ejecutaran las obras necesarias.
Los residentes convivieron durante meses con el patio apuntalado, dificultades para acceder a las viviendas y escaleras que, según denunciaban, impedían a algunos vecinos de edad avanzada salir de sus casas con normalidad.
La finca posee además un importante valor simbólico para la ciudad al ser el lugar donde nació Fermín Salvochea. Precisamente por ello, los vecinos consideran que el inmueble debería haber sido objeto de una rehabilitación integral mucho antes de llegar a la situación actual.
Incertidumbre entre los vecinos
La comunicación remitida por la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata ha abierto una nueva etapa de incertidumbre entre los residentes. Además del futuro inmediato de las dos familias afectadas, existe preocupación por la posibilidad de que otros contratos tampoco sean renovados cuando alcancen su vencimiento.
Los vecinos rechazan además cualquier insinuación de haber dificultado las obras realizadas en el edificio. Al contrario, recuerdan que llevan años reclamando una intervención definitiva para garantizar la seguridad de la finca. "Llevamos dos años esperando que arreglen la casa. ¿Cómo vamos a obstaculizar unas obras que llevamos tanto tiempo reclamando?", se preguntan.
Mientras tanto, las dos familias disponen hasta el próximo 31 de agosto para abandonar las viviendas. Los residentes aseguran que estudiarán todas las vías legales a su alcance para intentar evitarlo y que continuarán reclamando una solución tanto para las familias afectadas como para el conjunto del edificio.