La investigación por el presunto blanqueo ligado a patrocinios públicos apunta a un supuesto intento de soborno a un cargo de la Junta
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La investigación judicial sobre el presunto blanqueo de capitales relacionado con contratos públicos de patrocinio de festivales ha sumado nuevas revelaciones sobre las conversaciones mantenidas por varios de los empresarios investigados.
Los mensajes incorporados al procedimiento recogen referencias a la posibilidad de entregar dinero y regalos a un cargo de la Junta de Andalucía para facilitar la obtención de patrocinios públicos.
Según publica El País, en un grupo de WhatsApp utilizado por empresarios de Cádiz y Sevilla investigados en la causa se habló de ofrecer una comisión del 10 por ciento, realizar regalos durante todo el año e incluso introducir entre 3.000 y 5.000 euros dentro de un jamón.
El periódico precisa que, con la documentación conocida hasta el momento, no queda acreditado que esas propuestas llegaran a materializarse ni que ningún responsable público recibiera dinero o regalos.
Un testigo identifica al cargo mencionado como “el Gordo”
La Cadena SER ha añadido un nuevo elemento al informar de que al menos uno de los testigos interrogados habría identificado a la persona mencionada en las conversaciones como “el Gordo” con Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global.
De acuerdo con esta información, la Fiscalía Anticorrupción preguntó durante las declaraciones por la identidad de ese cargo debido a que en los mensajes uno de los investigados planteaba comprobar si se le había entregado “algo” y proponía una supuesta comisión y distintos regalos.
La SER subraya, sin embargo, que el mismo testigo negó que los organizadores del Puro Latino hubieran intentado sobornar a ningún cargo público. También indica que, hasta el momento, no existen pruebas de que se produjeran pagos o entregas para conseguir contratos, subvenciones o la organización de conciertos.
Las nuevas informaciones se enmarcan en la causa que investiga contratos de patrocinio concedidos por la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía a empresas relacionadas con la organización de festivales y actividades de ocio.
La Guardia Civil requirió en la Diputación cinco expedientes de patrocinio vinculados a sociedades del entorno empresarial de Pascual Llopis. Según la documentación publicada, estos contratos alcanzaron un importe conjunto superior a 1,1 millones de euros y correspondían a distintos eventos celebrados en la provincia de Cádiz.
Los investigadores también solicitaron a la Consejería de Turismo documentación sobre los patrocinios concedidos al festival Puro Latino desde 2023. Las conversaciones publicadas por EL PAÍS reflejan el interés de los empresarios por ampliar el festival a otras ciudades y conseguir financiación pública para su desarrollo.
Bruno García apela a la prudencia
El alcalde de Cádiz y presidente provincial del Partido Popular, Bruno García, ha pedido prudencia ante las nuevas informaciones conocidas y se ha remitido al escrito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que, según recordó, no figuran responsables políticos del PP como investigados en el procedimiento.
Durante sus declaraciones, García señaló inicialmente que no conocía a los empresarios investigados, aunque posteriormente matizó que sí los conoce por desarrollar distintos negocios y actividades empresariales en la ciudad de Cádiz.
El dirigente popular insistió además en que las propias informaciones publicadas señalan que, por ahora, no existe constancia de que los supuestos sobornos llegaran a producirse ni de que responsables públicos aceptaran dinero, regalos o comisiones.
Una causa todavía abierta
La investigación judicial analiza presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada.
Las conversaciones difundidas forman parte de la documentación incorporada al procedimiento, pero será el avance de la instrucción el que determine si las propuestas comentadas por los investigados llegaron a ejecutarse y si existen responsabilidades penales adicionales.
Por el momento, no consta que ningún responsable político haya sido investigado por aceptar sobornos relacionados con estos contratos. Todas las personas afectadas por el procedimiento mantienen plenamente su derecho a la presunción de inocencia.