La Justicia condena al Ayuntamiento de San Fernando por negar una indemnización a un policía lesionado
El juzgado reconoce el derecho del agente a ser compensado y obliga al Consistorio a abonar la cantidad reclamada, además de intereses y costas
El Ayuntamiento de San Fernando ha recibido la primera condena judicial derivada de las reclamaciones presentadas por varios policías locales que resultaron lesionados durante el ejercicio de sus funciones.
El fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, estima íntegramente la demanda interpuesta por uno de los agentes afectados y reconoce su derecho a percibir una indemnización por las lesiones sufridas mientras intervenía en defensa de compañeros y ciudadanos.
La resolución judicial obliga al Consistorio a abonar la cantidad reclamada por el agente, además de los intereses legales correspondientes y las costas del procedimiento.
Se trata de la primera sentencia conocida de un total de seis procedimientos impulsados por policías locales de San Fernando tras la negativa municipal a atender sus reclamaciones por vía administrativa.
La información ha sido difundida por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), organización que considera que el fallo supone un respaldo a las reivindicaciones mantenidas por los agentes durante los últimos años.
Policía de San Fernando: el juzgado respalda la reclamación del agente
Según explica SIP-AN, el policía demandante sufrió lesiones durante una actuación desarrollada en el cumplimiento de sus funciones. Tras presentar la correspondiente reclamación ante la Administración local, no obtuvo respuesta favorable, una situación que le llevó a acudir a los tribunales para solicitar el reconocimiento de sus derechos.
La sentencia ahora conocida da la razón al agente y rechaza la posición mantenida por el Ayuntamiento durante la tramitación del caso.
Para el sindicato, la resolución confirma que existían fundamentos jurídicos suficientes para reclamar la indemnización y evidencia que la vía judicial era la única alternativa ante la ausencia de una solución administrativa.
La organización sindical sostiene además que el Gobierno municipal ha recurrido de forma reiterada al silencio administrativo frente a este tipo de reclamaciones.
Según su versión, esta práctica ha obligado a varios funcionarios municipales a iniciar procedimientos judiciales para obtener compensaciones que consideran amparadas por la normativa y por la jurisprudencia existente en esta materia.
La resolución también adquiere relevancia porque puede marcar el desarrollo de los procedimientos que todavía permanecen pendientes de resolución judicial y que presentan circunstancias similares.
Seis procedimientos abiertos y cerca de 70.000 euros reclamados en San Fernando
El caso resuelto corresponde únicamente a una de las seis demandas promovidas por agentes de la Policía Local de San Fernando. De acuerdo con los datos aportados por SIP-AN, el importe conjunto reclamado al Ayuntamiento ronda los 70.000 euros.
A esa cantidad podrían añadirse los intereses legales derivados de cada procedimiento, así como las costas judiciales y otros gastos asociados a la tramitación de los litigios.
El sindicato considera que el coste económico para las arcas municipales podría aumentar si nuevas sentencias siguen la misma línea que la resolución ya dictada.
La organización también vincula esta situación con otra de sus reivindicaciones históricas: la prestación de asistencia jurídica efectiva a los funcionarios municipales cuando se ven afectados por actuaciones relacionadas con el desempeño de su trabajo. Según SIP-AN, esa demanda continúa sin respuesta pese a las solicitudes realizadas durante los últimos años.
El conflicto continúa pendiente de nuevas resoluciones
El sindicato ha llamado igualmente la atención sobre la existencia de facturas pendientes de pago relacionadas con servicios jurídicos prestados por el bufete Prian Abogados, despacho que actualmente representa a varios de los policías en estos procedimientos frente al propio Ayuntamiento.
Para SIP-AN, la sentencia conocida refuerza la idea de que las administraciones públicas deben asumir las consecuencias derivadas de las lesiones sufridas por sus empleados cuando estas se producen en el ejercicio de sus funciones.
La organización sostiene que obligar a los agentes a recurrir a los tribunales prolonga innecesariamente los conflictos y genera costes adicionales.
Tras esta primera resolución favorable, quedan pendientes de pronunciamiento judicial los otros cinco procedimientos iniciados por policías locales de San Fernando.
El resultado de esos casos determinará el alcance definitivo de un conflicto que enfrenta desde hace años a varios agentes con la Administración municipal por el reconocimiento de las indemnizaciones reclamadas tras sufrir lesiones durante actos de servicio.