La justicia da un giro inesperado en La Casería, El Bartolo de San Fernando salva su restaurante frente a Costas
TSJA avala la continuidad del emblemático restaurante Cantina de El Titi-El Bartolo y frena los planes de derribo en La Casería
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha marcado un punto de inflexión en el ya dilatado conflicto abierto entre el histórico restaurante Cantina de El Titi-El Bartolo y la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico, dependiente del Gobierno central.
El fallo, fechado el 18 de febrero, inadmite el recurso interpuesto por Costas contra la prórroga de concesión administrativa que fue otorgada en 2014 al popular negocio isleño, al considerar que dicha impugnación se presentó fuera de plazo.
La resolución judicial, de gran trascendencia para la localidad de San Fernando, supone una victoria importante para los propietarios del establecimiento, que desde hace años encabezan una batalla legal para evitar su desaparición.
El TSJA no solo reconoce la extemporaneidad del recurso, sino que además ordena el archivo del procedimiento “por pérdida sobrevenida del objeto”, dado que la concesión expiró el pasado 8 de agosto del año 2024.
Esta circunstancia abre ahora un nuevo escenario en el que el futuro del Bartolo dependerá de la decisión que adopte la Junta de Andalucía sobre la nueva solicitud de prórroga presentada por los titulares del restaurante.
El litigio tiene su origen en la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la playa de La Casería, que hace cuatro años motivó la demolición de las pintorescas casetas de pescadores que daban carácter al litoral isleño.
Aquel proceso, impulsado por Costas en 2019, generó una fuerte controversia en la ciudad y dividió opiniones entre quienes defendían la recuperación del espacio natural y quienes reclamaban la protección del patrimonio pesquero y social de la zona.
Actualmente, en el tramo afectado solo permanecen en pie dos negocios: El Bartolo y La Corchuela, este último también inmerso en procesos judiciales que no han corrido la misma suerte.
En agosto del pasado año, el propio TSJA avaló la legalidad del procedimiento de recuperación posesoria iniciado por Costas en relación con La Corchuela, una sentencia que mantenía vivo el riesgo de derribo para ambos establecimientos.
Sin embargo, la reciente victoria judicial del Bartolo introduce un matiz crucial: la consideración de que las instalaciones son desmontables, lo que confiere a la Junta un margen de maniobra para autorizar su continuidad.
Según los argumentos de la administración autonómica, los informes de Costas son “preceptivos pero no vinculantes”, de modo que el Gobierno andaluz podría avalar la permanencia del negocio en virtud de criterios de oportunidad y de interés económico local.
El abogado isleño José Antonio Gamero Albarrán, que ejerce la defensa del restaurante, ha calificado la sentencia como “un pronunciamiento de especial relevancia en materia de concesiones sobre el litoral”.
Según Gamero, el fallo reafirma “la importancia del rigor procesal y la correcta interpretación de la normativa de Costas”, al tiempo que pone de relieve la complejidad competencial existente entre administraciones en la gestión del dominio público marítimo terrestre.
Prórroga para La Casería
El letrado ha subrayado además que el TSJA advierte a la Administración de que cualquier nueva prórroga deberá ajustarse a la legislación vigente, lo que obliga a fundamentar de manera sólida las decisiones que se adopten en el futuro.
En este contexto, el proyecto de adecuación de un paseo peatonal de 800 metros en la playa de La Casería, previsto por Costas desde hace años, sigue sin contar con presupuesto ni licitación.
Su desarrollo se encontraba paralizado precisamente a la espera de que se resolvieran los procedimientos judiciales abiertos.
La historia de La Casería es también la de un pulso entre la memoria y la normativa. Desde que en 2019 se iniciaran los 59 expedientes de recuperación posesoria, el barrio ha vivido un proceso de transformación marcado por la pérdida de sus tradicionales casetas y la incertidumbre sobre el futuro de sus negocios.
Hoy, la sentencia del TSJA ofrece un respiro a quienes han luchado por conservar un pedazo de identidad local, mientras se reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección del litoral y la supervivencia del tejido social y económico que lo habita.
El Bartolo, convertido ya en símbolo de resistencia, mantiene su compromiso de seguir operando en la playa que le vio nacer. “Vamos a seguir luchando”, han declarado sus propietarios, confiados en que el nuevo escenario judicial les permitirá seguir sirviendo a vecinos y visitantes junto al mar de La Isla.