La limpieza vuelve al centro del debate en San Fernando con un contrato de 60 millones
San Fernando reactiva el debate sobre la limpieza con un nuevo contrato de 60 millones
El Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado la tramitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, una de las adjudicaciones más importantes del mandato y también una de las que más impacto tiene en la percepción ciudadana.
El expediente, que prevé una inversión cercana a los 60 millones de euros, llega después de varios años en los que la limpieza dejó de ocupar el primer lugar entre las principales quejas vecinales, aunque el malestar sigue presente en numerosas barriadas.
La nueva plica contempla un fuerte incremento presupuestario respecto al contrato actualmente en vigor, firmado en plena pandemia y prorrogado en los últimos meses.
El servicio, adjudicado inicialmente a Cespa y posteriormente asumido por PreZero tras la compra de la actividad medioambiental de Ferrovial, pasará de unos 8,6 millones anuales a rozar los 15 millones.
El objetivo municipal es reforzar medios humanos y técnicos, actualizar costes e incorporar nuevos servicios vinculados a residuos orgánicos, control de plagas y mantenimiento de determinadas zonas urbanas.
Un contrato marcado por los retrasos y las reclamaciones en San Fernando
La experiencia del anterior procedimiento pesa en el Ayuntamiento de San Fernando. La licitación iniciada en 2018 tardó más de dos años en completarse debido a recursos administrativos y a la complejidad técnica del expediente.
El nuevo contrato arranca ahora con la intención de evitar nuevos retrasos, aunque desde el propio consistorio se asume que se trata de una tramitación larga y especialmente sensible por su volumen económico.
La limpieza urbana fue durante años uno de los principales focos de desgaste político en San Fernando. La falta de personal, la maquinaria envejecida y la insuficiencia presupuestaria generaron un deterioro visible del servicio en distintas zonas de la ciudad.
Con la entrada en funcionamiento del actual contrato en 2020 comenzaron a introducirse cambios progresivos: renovación de vehículos, incremento de operarios, nuevos contenedores y sistemas digitales de control de incidencias.
La mejora tuvo efectos visibles en el centro y en varios barrios, reduciendo parte de las reclamaciones históricas. Sin embargo, el debate nunca desapareció del todo. Asociaciones vecinales siguen denunciando diferencias entre zonas y consideran que la periferia continúa recibiendo una atención irregular en tareas básicas como el barrido o el baldeo.
Las asociaciones vecinales mantienen las críticas
Las federaciones vecinales consultadas en los últimos días reconocen avances respecto a la situación que existía hace una década, pero sostienen que la ciudad aún no alcanza los niveles de limpieza que reclama buena parte de la población.
Las críticas se concentran especialmente en barriadas alejadas del centro urbano, donde los residentes denuncian acumulación de residuos, falta de mantenimiento y menor frecuencia de limpieza.
Otro de los problemas recurrentes sigue siendo el abandono de muebles y bolsas de basura junto a los contenedores. Las asociaciones consideran que el incivismo se ha convertido en un factor determinante y que las campañas de concienciación no están teniendo el efecto esperado.
Igualmente apuntan a la necesidad de reforzar la vigilancia y las sanciones para reducir conductas que deterioran la imagen de la ciudad.
El nuevo contrato incluirá además la implantación progresiva del llamado quinto contenedor destinado a residuos orgánicos, una medida alineada con las nuevas exigencias medioambientales. No obstante, algunos colectivos vecinales consideran que antes de ampliar servicios deberían consolidarse aspectos esenciales del mantenimiento diario.
La limpieza continúa siendo uno de los asuntos más expuestos al escrutinio ciudadano porque afecta directamente a la vida cotidiana y a la imagen urbana.
El gobierno municipal defiende que el incremento presupuestario permitirá dar un salto de calidad y responder a necesidades acumuladas desde hace años, mientras la oposición y las asociaciones vecinales reclaman garantías de cumplimiento y control efectivo del servicio.
La aprobación inicial del expediente abre ahora la fase administrativa previa a la licitación pública. A partir de ese momento comenzará un proceso que volverá a poner bajo atención política y vecinal uno de los contratos más relevantes del Ayuntamiento isleño.
El reto para el nuevo adjudicatario no será únicamente mantener los avances logrados desde 2020, sino responder a unas expectativas ciudadanas mucho más altas que las que existían hace apenas unos años.