La nueva ley contra el petaqueo recibe el respaldo de la Fiscalía: penas de cárcel por llevar gasolina para narcolanchas
La Fiscalía Antidroga avala la nueva ley contra el petaqueo y destaca que permitirá perseguir esta práctica sin necesidad de vincularla al narcotráfico
La reforma legal que endurece la persecución del conocido como petaqueo ha sido recibida de forma positiva por la Fiscalía Antidroga, que considera que el nuevo marco normativo permitirá actuar con mayor eficacia frente a una de las actividades más habituales en el entorno del narcotráfico del sur de España.
Petaqueo: la nueva normativa refuerza la actuación judicial contra el transporte ilegal de gasolina
La fiscal delegada Antidroga en la provincia de Cádiz y en Andalucía, Ana Villagómez, ha valorado favorablemente la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce un castigo específico para el transporte, almacenamiento y suministro ilegal de combustible destinado presuntamente a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Según ha explicado, esta reforma “cumple las expectativas” de la Fiscalía al permitir sancionar esta conducta de forma independiente, sin que sea imprescindible demostrar que el combustible estaba destinado a una operación concreta de tráfico de drogas.
Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para perseguir penalmente el denominado petaqueo era precisamente la dificultad probatoria.
En la mayoría de intervenciones policiales, los agentes interceptaban vehículos o embarcaciones cargadas de gasolina en circunstancias sospechosas, pero sin poder acreditar de manera directa que ese combustible iba destinado a abastecer narcolanchas.
Esta situación complicaba enormemente la imputación de delitos más graves relacionados con el narcotráfico o el contrabando.
Con la nueva redacción legal, la simple tenencia o transporte de combustible líquido en condiciones que generen un riesgo para la seguridad ciudadana podrá ser perseguida penalmente sin necesidad de acreditar esa conexión posterior con otras actividades ilícitas.
Para la Fiscalía, este cambio supone una mejora sustancial en la lucha contra las redes logísticas que sostienen el narcotráfico en la costa andaluza.
El cambio legislativo da respaldo a la interpretación mantenida por los fiscales
Villagómez ha recordado que la Fiscalía llevaba tiempo intentando encajar jurídicamente estas conductas dentro del artículo 568 del Código Penal, que castiga la tenencia y transporte de sustancias peligrosas, explosivos o materiales inflamables.
No obstante, la interpretación de jueces y tribunales no siempre era coincidente, lo que generaba resoluciones dispares en función del órgano judicial encargado de cada procedimiento.
La situación comenzó a cambiar tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que respaldó el criterio de la Fiscalía y avaló considerar la gasolina como una sustancia inflamable susceptible de encajar en ese precepto penal.
La nueva ley viene ahora a consolidar expresamente esa interpretación, añadiendo un apartado específico para contemplar el combustible líquido dentro del tipo penal.
De este modo, el legislador no solo reconoce el planteamiento defendido por la Fiscalía en los últimos años, sino que aporta mayor seguridad jurídica para futuras actuaciones judiciales.
Actualmente, según los datos facilitados por Villagómez, en la provincia de Cádiz existen entre 80 y 90 procedimientos abiertos relacionados con este tipo de delito, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que se ha convertido en pieza esencial dentro de la logística del narcotráfico.
Las penas cambian, pero la Fiscalía destaca el avance jurídico conseguido
La reforma también introduce una modificación en las penas aplicables. Mientras anteriormente la Fiscalía recurría al artículo 568 con penas de entre cuatro y ocho años de prisión por transporte de sustancias peligrosas, el nuevo apartado específico establece condenas de entre tres y cinco años para quienes transporten, almacenen o suministren combustible líquido en estas circunstancias.
Aunque esto implica una rebaja en la pena máxima respecto al marco anterior, desde la Fiscalía consideran que la principal ventaja radica en la claridad jurídica y en la facilidad para perseguir estas conductas.
Villagómez ha destacado que el reconocimiento expreso del petaqueo como delito autónomo permite actuar de manera mucho más directa frente a una práctica que hasta ahora se encontraba en una especie de vacío interpretativo.
La fiscal ha insistido en que, en la práctica, muchas investigaciones no logran ir más allá porque los implicados son interceptados antes de llegar a contactar con las narcolanchas o antes de que se produzca el transporte de droga. En esos casos, aunque resulte evidente el destino final del combustible, sin pruebas concluyentes la acusación quedaba debilitada.
Por ello, la nueva regulación supone un instrumento clave para combatir una actividad que, aunque secundaria en apariencia, resulta fundamental para el funcionamiento de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
La Fiscalía entiende que poder sancionar el abastecimiento de combustible de forma aislada representa un paso decisivo para debilitar toda la estructura logística que sostiene estas operaciones en el litoral andaluz.