La nueva ley del Congreso contra las narcolanchas castiga el 'petaqueo' con hasta cinco años de cárcel
Interior endurece las penas: prisión de hasta cinco años por abastecer narcolanchas
El Ministerio del Interior ha celebrado la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia, una norma que introduce por primera vez en el Código Penal la persecución del llamado petaqueo.
El petaqueo es el suministro ilegal de combustible a las narcolanchas utilizadas por las redes de narcotráfico en el litoral andaluz.
Con penas que oscilarán entre tres y cinco años de prisión, el Ejecutivo pretende debilitar la infraestructura logística de las organizaciones criminales que operan en el Estrecho de Gibraltar y en la costa mediterránea.
Según fuentes del Ministerio, el principal objetivo de la ley es “anular la capacidad de autonomía y abastecimiento de las embarcaciones de alta velocidad que emplean las mafias del tráfico de drogas”.
Estas lanchas, conocidas por su potencia y maniobrabilidad, son piezas clave en el transporte marítimo de grandes cargamentos de hachís y cocaína desde el norte de África hacia la península Ibérica.
Hasta ahora, el repostaje en alta mar —que se trata de una práctica habitual y difícil de perseguir— se encontraba en un vacío legal que permitía la impunidad de quienes suministraban el combustible.
La nueva tipificación penal incluye expresamente la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro ilícito de combustibles líquidos, siempre que estas acciones generen un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.
Se trata de una demanda histórica de jueces, fiscales y colectivos antidroga de la provincia de Cádiz, que desde hace años advertían de la necesidad de una regulación específica para frenar esta práctica.
Esta medida complementa el Real Decreto-ley 16/2018, que ya había declarado las embarcaciones rápidas de alta velocidad como género prohibido, prohibiendo su tenencia y uso salvo en actividades debidamente autorizadas.
Con la nueva ley, el marco jurídico se completa al penalizar también el suministro de combustible a dichas naves, un paso más en la estrategia del Gobierno para cerrar el cerco a las organizaciones que dominan el narcotráfico en el sur del país.
El petaqueo en Cádiz, Sevilla, Huelva y otras provincias andaluzas
Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. Entre enero y octubre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 683.000 litros de gasolina en las seis provincias incluidas en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar: Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla.
Gran parte de este combustible estaba destinado a alimentar las operaciones marítimas de los clanes dedicados al tráfico de drogas.
Además del impacto en la seguridad pública, Interior ha subrayado las graves consecuencias medioambientales que genera el petaqueo. El vertido de combustible en zonas protegidas y la costumbre de arrojar garrafas vacías al mar tras los repostajes dañan ecosistemas marinos especialmente sensibles.
“El combustible se dispersa rápidamente en el agua y deja una huella tóxica persistente”, explican fuentes del departamento.
El riesgo se extiende también a la salud y seguridad ciudadanas. El almacenamiento clandestino de grandes volúmenes de gasolina en naves industriales, garajes o incluso viviendas supone una amenaza real de explosión o incendio.
Del mismo modo, el transporte irregular por carretera sin medidas de seguridad adecuadas incrementa la probabilidad de accidentes graves.
La aprobación de esta ley, impulsada por el grupo Junts y respaldada por PSOE, PP, Vox y PNV, llega tras un año de bloqueo parlamentario. El texto, que ahora debe ser ratificado en el Senado, representa un consenso político poco habitual en materia de seguridad.
Una vez entre en vigor, se espera que las nuevas penas actúen como un efecto disuasorio frente a quienes participan en la cadena logística del narcotráfico, reforzando el mensaje de que el suministro de combustible a narcolanchas dejará de ser una actividad de bajo riesgo penal para convertirse en un delito castigado con prisión efectiva.
Con esta medida, el Gobierno pretende consolidar una estrategia integral que combine persecución judicial, control marítimo y protección ambiental, en un territorio donde la frontera entre la economía legal e ilegal sigue siendo uno de los mayores desafíos del Estado.