La oposición cuestiona el acuerdo comercial del estadio y exige transparencia al Ayuntamiento
Adelante Izquierda Gaditana y PSOE piden explicaciones sobre el ‘naming’ del Nuevo Mirandilla y reclaman que los ingresos reviertan en la ciudad y en el deporte base
La confirmación del acuerdo entre el Cádiz CF y la firma JP Financial para que el estadio pase a denominarse comercialmente JP Financial Estadio ya está provocando las primeras reacciones en la ciudad.
Tanto Adelante Izquierda Gaditana como el PSOE venían reclamando explicaciones al equipo de gobierno desde que se conocieron las primeras informaciones sobre esta operación y han puesto el foco en el carácter público de la instalación.
Las reacciones políticas llegan en un momento que marcó la polémica en torno al expediente iniciado en 2024 para estudiar la recuperación del nombre Carranza, un procedimiento que no ha culminado y cuya documentación ha sido reclamada por colectivos ciudadanos en el marco de las solicitudes de transparencia.
Con el acuerdo comercial ya confirmado por el club, el debate político se desplaza ahora hacia el papel del Ayuntamiento en la gestión de un equipamiento municipal y hacia el destino de los posibles ingresos derivados del naming. Eso sí, parece que la infructuosa intentona de re-cambio de nombre se ha zanjado por la puerta de atrás.
AIG habla de “dejación de funciones”
El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha reiterado sus críticas tras hacerse efectivo el cambio comercial, recordando que el estadio es una instalación de titularidad municipal.
“Estamos hablando de una instalación municipal, un estadio que es patrimonio de la ciudad y, por tanto, de todos los gaditanos y gaditanas. No es una propiedad privada del club. En consecuencia, el nombre del estadio no debería decidirlo un consejo de administración, sino la ciudad, a través de sus instituciones democráticas”, ha señalado.
Para De la Cruz, la actitud del Ayuntamiento supone “una clara dejación de funciones”, al considerar que el gobierno local ha renunciado a defender el interés general frente a intereses privados.
El portavoz de AIG también ha puesto el foco en el destino económico del acuerdo: “El estadio ha sido construido, reformado y mantenido con dinero público. No se ha explicado con transparencia si los ingresos derivados del nombre comercial repercutirán en la ciudad o si quedarán en manos del club”.
Desde su grupo defienden que, si se comercializa un bien público, cualquier beneficio debería revertir en la ciudad, ya sea en el deporte base, en la mejora de instalaciones municipales o en servicios públicos.
Además, De la Cruz ha recordado el anuncio realizado hace dos años por el alcalde, Bruno García, sobre la apertura de un expediente para estudiar la recuperación del nombre Carranza, señalando que aquel movimiento fue “una promesa irresponsable” y que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática no es una opción política, sino una obligación legal.
El PSOE pide claridad sobre los ingresos
Por su parte, el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha instado al alcalde a detallar los términos económicos del acuerdo y su impacto en las arcas municipales.
Torres ha reconocido que “es perfectamente comprensible y respetable que el Cádiz CF, como empresa privada, busque vías para aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad”, pero ha subrayado que el estadio es de titularidad municipal y cualquier acuerdo que afecte a su explotación debe garantizar un retorno público.
“Es necesario saber de qué manera va a repercutir este acuerdo en las arcas municipales”, ha afirmado, insistiendo en que los ingresos deberían destinarse, entre otros fines, al refuerzo del deporte base y al mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad.
El portavoz socialista ha recordado además que el uso de nombres comerciales en instalaciones deportivas municipales es una propuesta histórica del PSOE de Cádiz, incluida en sus programas electorales de 2015, 2019 y 2023, aunque ha subrayado que esa fórmula debe aplicarse con transparencia y con beneficio claro para la ciudadanía.
El debate sobre el carácter público del estadio
Con la entrada en vigor del naming comercial, el debate político se centra ahora en el papel del Ayuntamiento como titular del recinto y en el alcance real del acuerdo alcanzado por el club.
Mientras el Cádiz CF ha destacado el impacto estratégico y las iniciativas sociales incluidas en el convenio, los grupos de la oposición reclaman conocer con detalle las condiciones económicas y el porcentaje que revertirá directamente en la ciudad.