Imagen de Óscar Torres en un momento de su intervención.
Òscar Torres, PSOE.

La polémica por los datos de pacientes con cáncer que pone el objetivo sobre el Ayuntamiento de Cádiz

Óscar Torres reclama al Ayuntamiento de Cádiz que explique quién pidió identificar a usuarios oncológicos, con qué finalidad se solicitó esa información y qué garantías de protección de datos se aplicaron

Actualizado:
Añadir Cádiz Directo en

Síguenos en Google

El PSOE de Cádiz ha vuelto a reclamar explicaciones al alcalde, Bruno García, por la gestión de información médica de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La oposición sostiene que trabajadoras de Óbolo, concesionaria municipal, recibieron a través de grupos internos de WhatsApp una petición para identificar a personas atendidas que padecían cáncer.

Los socialistas atribuyen el origen de ese requerimiento a la Delegación de Servicios Sociales y piden al Gobierno local que aclare las circunstancias en las que se produjo.

La existencia de esta denuncia y la petición anterior de explicaciones al Consistorio ya fueron recogidas públicamente el pasado 20 de agosto.

El PSOE pide conocer quién ordenó recopilar la información

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torres, ha insistido este jueves en que el equipo de gobierno debe aclarar qué ocurrió y responder a varias cuestiones que, según su grupo, continúan pendientes.

Entre ellas figura quién dio la orden desde el área municipal de Servicios Sociales, para qué se necesitaba específicamente información sobre usuarios con cáncer y qué medidas se adoptaron para proteger esos datos.

La controversia comenzó después de que el PSOE asegurara en agosto que Óbolo había solicitado a sus trabajadoras, mediante grupos internos de WhatsApp, que identificaran a usuarios oncológicos.

Según la versión trasladada entonces por los socialistas, la empresa habría indicado que se trataba de una petición procedente de los Servicios Sociales municipales.

Torres considera que el Ayuntamiento debe ofrecer explicaciones tanto a las personas atendidas y sus familias como a las profesionales que prestan el servicio.

El PSOE sostiene además que las auxiliares no deben asumir responsabilidades derivadas de decisiones sobre el tratamiento de información sanitaria adoptadas por otros responsables.

La información disponible no permite determinar el motivo por el que presuntamente se pidió elaborar ese listado ni el tratamiento posterior que habría recibido.

Tampoco consta en las fuentes consultadas una explicación municipal que detalle el procedimiento concreto seguido en este episodio.

Un servicio municipal destinado a personas que necesitan apoyo en casa

La Ayuda a Domicilio es una prestación del Ayuntamiento de Cádiz dirigida a personas y familias que encuentran dificultades para permanecer de manera autónoma en su entorno habitual.

Incluye actuaciones domésticas y atención personal, como apoyo en el aseo, alimentación, movilidad y otros cuidados.

El servicio se encuentra además vinculado al sistema de atención a la dependencia. El convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento establece la colaboración entre ambas administraciones para garantizar esta prestación a quienes tengan reconocida una situación de dependencia y el servicio prescrito dentro de su Programa Individual de Atención.

Óbolo asumió la actual prestación municipal después de resultar adjudicataria del contrato en 2025. La documentación pública de contratación confirma la participación de la cooperativa en los procedimientos municipales relacionados con el Servicio de Ayuda a Domicilio.

La gestión de la Ayuda a Domicilio vuelve al centro del debate municipal

La petición socialista llega en un contexto en el que la gestión de la Ayuda a Domicilio ya ha provocado distintos enfrentamientos políticos y laborales durante los últimos meses.

La plantilla ha protagonizado movilizaciones por incidencias relacionadas con sus condiciones laborales y pagos. En abril, el comité de empresa retomó las protestas ante el Ayuntamiento y las dependencias de Óbolo denunciando incumplimientos y falta de transparencia.

Por su parte, el Gobierno municipal defendió en mayo la evolución del servicio desde agosto de 2025 y aseguró que habían aumentado tanto el número de usuarios atendidos como las horas prestadas y la plantilla de auxiliares.

El nuevo frente abierto por la información de carácter médico desplaza ahora el foco hacia las condiciones en las que se habría solicitado identificar a usuarios con cáncer.

El PSOE reclama que Bruno García determine el origen de la petición, explique su finalidad y detalle qué mecanismos se utilizaron para garantizar la confidencialidad de las personas atendidas.