La Policía destapa en Cádiz una trama de explotación en locales de kebab: cobraba 8.000 euros por contratos
Detenido en Cádiz un empresario de kebabs acusado de cobrar hasta 8.000 euros a migrantes por contratos y someterlos a explotación laboral
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Cádiz a un empresario propietario de varios establecimientos de comida rápida acusado de explotar presuntamente a trabajadores migrantes en situación irregular y de cobrarles miles de euros a cambio de facilitarles contratos laborales con los que obtener el arraigo en España.
La operación, bautizada como ‘Naturke’, ha permitido destapar una supuesta trama de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración irregular en distintos municipios gaditanos.
Una investigación iniciada tras varias inspecciones laborales en Cádiz
La actuación policial comenzó el pasado mes de enero después de varias inspecciones desarrolladas conjuntamente entre agentes de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro locales de comida rápida tipo kebab ubicados en El Puerto, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano. Todos los establecimientos inspeccionados pertenecían al empresario ahora arrestado.
Durante estos controles, los agentes localizaron a cinco ciudadanos de origen pakistaní trabajando en los negocios pese a encontrarse en situación administrativa irregular en España.
Tras su identificación, fueron detenidos por infracción de la Ley de Extranjería y se iniciaron contra ellos los correspondientes expedientes sancionadores.
Sin embargo, el avance de la investigación permitió ir más allá de la mera situación irregular de los trabajadores y centrarse en el funcionamiento interno de los establecimientos.
Los investigadores comenzaron entonces a sospechar de la existencia de un entramado organizado en el que el empresario se aprovechaba de la necesidad de personas extranjeras vulnerables para obtener beneficios económicos y mano de obra en condiciones presuntamente ilegales.
Jornadas abusivas, amenazas y salarios por debajo de la ley
Según la información recabada durante la investigación, los trabajadores estaban sometidos a condiciones laborales extremadamente precarias. Las pesquisas policiales apuntan a que realizaban jornadas abusivas, sin apenas descanso semanal y bajo vigilancia constante mediante cámaras instaladas en los propios locales.
Además, los agentes sostienen que las víctimas sufrían un trato degradante de manera continuada, con insultos, amenazas y presiones constantes por parte del empresario.
A ello se sumaba el cobro de salarios muy inferiores a los establecidos legalmente, una circunstancia que, según la Policía, se habría aprovechado de la especial vulnerabilidad de los empleados al carecer de documentación regularizada.
Los investigadores consideran que el detenido utilizaba precisamente esa situación de necesidad como herramienta de control, consciente de que los trabajadores dependían de él para intentar regularizar su estancia en España.
De esta forma, presuntamente imponía condiciones laborales que difícilmente habrían aceptado en otro contexto.
La Policía también sostiene que el empresario exigía importantes cantidades económicas a algunos migrantes para ofrecerles contratos de trabajo con los que poder justificar procesos de arraigo social. Según las pesquisas, las sumas reclamadas oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros por persona.
Empadronamientos falsos y nuevas líneas de investigación abiertas
En paralelo a la investigación laboral, los agentes detectaron otra posible irregularidad relacionada con el favorecimiento de la inmigración irregular. El empresario investigado tenía empadronados, tanto actualmente como en registros históricos, a 34 ciudadanos extranjeros en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas.
No obstante, la Policía sostiene que muchas de estas personas no residían realmente en esos inmuebles. La hipótesis principal es que esos empadronamientos se utilizaban para facilitar el arraigo administrativo necesario en procesos de regularización, bien a cambio de dinero o como parte del sistema de explotación laboral implantado por el detenido.
Asimismo, la investigación ha revelado que algunos ciudadanos extranjeros que figuraban en situación regular aparecían dados de alta en la Seguridad Social en los negocios investigados pese a no desempeñar actividad laboral efectiva. Paralelamente, otras personas sin documentación trabajaban en los establecimientos sin estar registradas oficialmente.
El empresario ha sido detenido como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. No obstante, la investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones en los próximos días conforme se analice toda la documentación intervenida y se tomen nuevas declaraciones dentro del procedimiento.