La Policía entra en un bingo clandestino de Barbate y descubre a 74 personas jugando
La Policía desmantela un bingo clandestino en Barbate: 74 personas jugaban en una antigua sala sin autorización
La imagen parecía la de cualquier bingo legal abierto al público. Pantallas encendidas, megafonía anunciando números, mesas de control, empleados vendiendo cartones y decenas de personas pendientes de las bolas. Pero la actividad que funcionaba en un local de Barbate estaba completamente fuera de la ley.
La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado un bingo clandestino que operaba de forma esporádica en la localidad gaditana y que utilizaba una antigua sala autorizada cuya licencia había sido extinguida tiempo atrás.
La intervención se produjo el pasado 19 de abril, aunque los detalles de la operación se han conocido ahora. Los agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Cádiz accedieron al local cuando en el interior había 74 personas participando en partidas de bingo.
Durante la actuación se intervinieron 10.255 cartones de juego y una importante cantidad de dinero en efectivo procedente de la actividad.
El establecimiento operaba bajo el nombre de “Bingo Costa de la Luz” y reproducía el funcionamiento habitual de una sala legalizada. Según la investigación policial, incluso mantenía sistemas de premios acumulados para quienes cantaran bingo antes de un determinado número de bolas, una práctica habitual en este tipo de negocios autorizados.
La diferencia era que ya no podía funcionar legalmente.
La investigación comenzó tras varias sospechas en Barbate
La operación arrancó después de que los agentes recibieran información sobre posibles partidas ilegales en un establecimiento de Barbate. Las sospechas apuntaban a una actividad irregular que no se desarrollaba todos los días, sino de forma puntual y especialmente durante fines de semana.
Los investigadores realizaron consultas con el Servicio de Juego de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y comprobaron que ningún local de la localidad tenía autorización administrativa en vigor para organizar partidas de bingo.
Fue entonces cuando detectaron que el establecimiento investigado sí había contado años atrás con permiso oficial, aunque dicha autorización había sido extinguida posteriormente por la Dirección General de Tributos.
Ese detalle explicaba por qué el local seguía conservando toda la infraestructura típica de un bingo convencional. La sala no improvisaba. Tenía apariencia profesional y un funcionamiento aparentemente normal para quienes acudían a jugar.
La Policía puso entonces en marcha un dispositivo de vigilancia para comprobar si la actividad seguía desarrollándose pese a carecer de licencia. Según las pesquisas, los responsables abrían en horarios cambiantes y días diferentes para dificultar posibles inspecciones.
Los agentes detectaron que la mayor actividad se concentraba en momentos concretos de fin de semana, cuando presumiblemente consideraban menos probable una actuación policial.
Durante una de esas vigilancias observaron una elevada afluencia de personas y decidieron intervenir.
Los policías accedieron al establecimiento vestidos de paisano. Antes de entrar tuvieron que pasar un control previo realizado por un empleado que solicitaba documentación identificativa simulando consultar el Registro de Prohibidos, el sistema que impide acceder a salas de juego a personas con restricciones por problemas relacionados con la ludopatía.
Sin embargo, la investigación determinó posteriormente que aquel supuesto control no era real.
Sin control de ludopatía y con un posible fraude económico en Barbate
Una vez dentro del local, los agentes se identificaron y paralizaron inmediatamente la actividad. A partir de ese momento comenzaron las comprobaciones y la tramitación de las correspondientes propuestas de sanción.
La investigación permitió confirmar que la persona encargada del acceso no tenía autorización para consultar el Registro de Prohibidos. Es decir, el filtro previo que realizaban a los clientes no tenía validez oficial y no garantizaba que personas inscritas en ese registro pudieran entrar a jugar.
Ese aspecto es uno de los elementos que más preocupa a las autoridades en este tipo de operaciones clandestinas. En los establecimientos autorizados, la consulta al registro es obligatoria y constituye uno de los principales mecanismos de control frente a la ludopatía.
En este caso, según la Policía, no existía ninguna supervisión efectiva sobre quienes participaban en las partidas.
Además del riesgo para jugadores con problemas de adicción, la actividad suponía un importante perjuicio económico para la Administración. Al operar fuera de la legalidad, el bingo evitaba el pago de tasas e impuestos vinculados a la explotación del juego, generando un fraude económico continuado.
Los agentes comprobaron igualmente que el establecimiento seguía utilizando una infraestructura completa de explotación pese a haber perdido la autorización administrativa necesaria para funcionar.
La antigua licencia había sido extinguida mediante resolución oficial de la Dirección General de Tributos, por lo que cualquier actividad posterior carecía de cobertura legal.
Las denuncias ya han sido remitidas al Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, organismo encargado ahora de abrir el correspondiente expediente sancionador.
La intervención ha llamado la atención en Barbate por las dimensiones de la actividad detectada y por el número de personas que participaban en las partidas en el momento de la entrada policial.
La incautación de más de 10.000 cartones y la existencia de un sistema de funcionamiento prácticamente idéntico al de una sala legal reflejan, según fuentes de la investigación, el nivel de organización que había alcanzado el bingo clandestino antes de ser desmantelado.