La Policía Nacional desmantela en Cádiz una red de narcotráfico y bloquea un patrimonio de 2,5 millones de euros
Seis detenidos en Cádiz tras desmantelar una red de narcotráfico con un patrimonio oculto de 2,5 millones de euros
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Una investigación desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la localidad de El Puerto, ha permitido desarticular una organización presuntamente dedicada a la distribución de cocaína en la provincia de Cádiz.
Igualmente se ha logrado sacar a la luz un patrimonio valorado en unos 2,5 millones de euros que, según los investigadores, procedía del blanqueo de capitales generado por la actividad delictiva.
La operación se ha saldado con seis detenidos y la intervención de bienes y activos considerados esenciales para el funcionamiento económico de la red.
El Puerto: una investigación en dos fases para seguir el rastro del dinero
La actuación policial comenzó con una primera fase centrada en la presunta distribución de cocaína en distintos puntos de la provincia.
Durante ese operativo, desarrollado el pasado mes de febrero, fueron arrestadas seis personas investigadas por delitos relacionados con tráfico de drogas, blanqueo de capitales y administración desleal.
Además, dos sociedades mercantiles quedaron bajo investigación por su posible participación en el entramado financiero.
Los agentes practicaron nueve registros, entre ellos el de una nave industrial que supuestamente servía tanto para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes como para dar apariencia de legalidad a los beneficios obtenidos mediante el narcotráfico.
En esa intervención se incautaron vehículos de alta gama, droga, dinero en efectivo y una máquina para contar billetes. El principal investigado ingresó posteriormente en prisión provisional por decisión judicial.
A partir de la documentación localizada en esos registros y del análisis de los movimientos bancarios autorizados por la autoridad judicial, los especialistas de la UDEF ampliaron las pesquisas para reconstruir el patrimonio real de los investigados y determinar el origen de sus bienes.
Bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias bajo embargo
La segunda fase de la operación estuvo dirigida exclusivamente a identificar el patrimonio presuntamente adquirido con dinero procedente del tráfico de drogas.
Según la investigación, los responsables del grupo habrían construido una estructura empresarial diseñada para dificultar el seguimiento del dinero y dar cobertura legal a los ingresos obtenidos de forma ilícita.
Como medida cautelar, el juzgado acordó el embargo de cuatro inmuebles, siete vehículos de alta gama —seis turismos y una motocicleta— y el bloqueo de cinco cuentas bancarias.
En conjunto, el patrimonio intervenido alcanza un valor aproximado de 2,5 millones de euros, una cifra que los investigadores consideran representativa de la dimensión económica de la organización.
La Policía sostiene que estas actuaciones han permitido neutralizar la infraestructura financiera utilizada para integrar en la economía legal los beneficios obtenidos mediante la venta de cocaína, dificultando así la continuidad de la actividad delictiva.
Los ingresos legales no justificaban el patrimonio acumulado
El análisis económico realizado durante la investigación concluye que las actividades empresariales declaradas por los dos principales investigados no resultaban suficientes para explicar el volumen de bienes acumulados.
Entre esos negocios figuraban un taller de chapa y pintura, una empresa de compraventa de vehículos, la explotación de un local comercial y, más recientemente, el alquiler turístico de un inmueble.
Los investigadores calcularon que el patrimonio atribuible a ambos superaba 1,14 millones de euros sin una justificación compatible con los ingresos procedentes de esas actividades.
A ello se suman ingresos en efectivo por unos 328.000 euros detectados en cuentas bancarias, además de los cerca de 200.000 euros en metálico intervenidos durante la primera fase de la operación.
Para la Policía Nacional, el conjunto de estos movimientos económicos refuerza la hipótesis de que la organización manejaba importantes cantidades de dinero en efectivo procedentes del narcotráfico y posteriormente trataba de incorporarlas al circuito financiero mediante negocios aparentemente legales.
La investigación continúa bajo dirección judicial y forma parte de la estrategia de las fuerzas de seguridad para combatir no solo el tráfico de drogas, sino también las estructuras económicas que permiten a las organizaciones criminales ocultar y consolidar los beneficios obtenidos mediante estas actividades ilícitas.