Imagen de la visita del alcalde de Cádiz, Bruno García, a la finca de Viudas 32. Foto: José Luis Porquicho Prada.
Imagen de la visita del alcalde de Cádiz, Bruno García, a la finca de Viudas 32. Foto: José Luis Porquicho Prada.

La presión vecinal dobla el brazo al Obispado en Plaza de las Viudas 32

La mediación del alcalde con el Obispado parece que da sus primeros frutos y la Fundación deja sin efecto el desalojo de las dos familias

Actualizado:
Añadir Cádiz Directo en

Síguenos en Google

Después de semanas de incertidumbre, movilización vecinal y gestiones institucionales, el conflicto de Plaza de las Viudas 32 da un giro. El vecindario, su presión y denuncias, le ha ganado el pulso al Obispado. La intermediación del alcalde de Cádiz, Bruno García, también un peso importante en este nuevo capítulo.

La Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta, ha dejado sin efecto la decisión de no renovar los contratos de alquiler de las dos familias afectadas y mantendrá su relación arrendaticia durante, al menos, un año más.

Una de las vecinas recibió este jueves la nueva comunicación remitida por la Fundación, en la que se anula expresamente el burofax enviado el pasado mes de junio, que fijaba el desalojo de la vivienda para el 31 de agosto de 2026. El escrito, firmado por el administrador de la finca en representación de la Fundación, deja sin efecto el requerimiento de entrega de llaves y confirma que el contrato continuará vigente hasta el 31 de agosto de 2027 en las mismas condiciones.

El alcalde de Cádiz ha trasladado además al presidente de la Asociación de Vecinos El Nuevo Mentidero que la segunda familia afectada recibirá una comunicación idéntica en los próximos días, por lo que ambas podrán permanecer en sus viviendas.

La nueva comunicación supone un cambio radical respecto a la decisión adoptada hace apenas unas semanas por la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, cuando notificó a ambas familias la no renovación de sus contratos de alquiler alegando la finalización de las prórrogas legales.

Ahora, el escrito remitido a una de las vecinas recoge expresamente que, "por decisión del Administrador Apostólico", la Fundación deja "sin efecto, en todos sus términos", aquella comunicación, anulando igualmente el requerimiento para abandonar la vivienda y la obligación de entregar las llaves el próximo 31 de agosto.

La Asociación atribuye el cambio a la mediación

La Asociación de Vecinos El Nuevo Mentidero considera que este cambio de criterio llega tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Cádiz con el Obispado.

En un comunicado difundido este jueves, la entidad agradece expresamente "las gestiones e intermediación del Ayuntamiento de Cádiz", asegurando que gracias a ese trabajo "se ha conseguido que el Obispado conceda una prórroga de un año más a las personas residentes en la finca de Viudas, 32".

La asociación agradece especialmente la implicación del alcalde, Bruno García, y del primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, por acudir personalmente a la finca, escuchar a los vecinos y asumir el compromiso de mediar con el Obispado.

"Atendieron nuestra petición, vinieron a la finca a escuchar de primera mano a los vecinos y asumieron el compromiso de mediar", señala el comunicado vecinal.

En declaraciones a este medio, el presidente de la Asociación de Vecinos El Nuevo Mentidero, Sergio García, explica que conoció la noticia a primera hora de la mañana, cuando una familiar de una de las afectadas le remitió la nueva comunicación de la Fundación.

Tras ello, asegura que telefoneó al alcalde para agradecerle personalmente las gestiones realizadas. Según relata, Bruno García le confirmó que "se sigue trabajando" y que continúan las conversaciones para garantizar la estabilidad de todas las familias que residen en la finca.

García añade que la asociación solicitará una reunión con el Obispado para abrir una vía de diálogo permanente que permita abordar la situación del resto de inmuebles de la institución en el barrio y evitar que un caso similar vuelva a repetirse

La decisión inicial de no renovar los contratos afectaba a dos familias especialmente vulnerables. Una de ellas está formada por una mujer con un 78% de discapacidad y dos menores a su cargo. La otra corresponde a un matrimonio de edad avanzada en el que el marido padece demencia.

Durante semanas, los vecinos denunciaron públicamente la situación de ambas familias y reclamaron al Obispado que reconsiderara su decisión. A esa movilización se sumaron la Asociación de Vecinos El Nuevo Mentidero, diferentes formaciones políticas y el propio Ayuntamiento de Cádiz, que abrió un proceso de diálogo con el Obispado al tiempo que continuaba la tramitación del expediente urbanístico por el estado de conservación del inmueble.

"Con las carnes abiertas"

La incertidumbre ha marcado las últimas semanas entre los residentes de la finca. Lourdes Córdoba, una de las vecinas del inmueble, explica que la preocupación era constante mientras esperaban una respuesta.

Recuerda que durante una de las visitas realizadas al edificio trasladó al primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, la angustia con la que estaban viviendo la situación. "Le dije que estábamos con las carnes abiertas", relata. Según la vecina, Cossi trató de transmitirles tranquilidad y le respondió: "No os preocupéis, de aquí no se mueve nadie".

Ahora, tras recibir la nueva comunicación de la Fundación, Lourdes reconoce que la noticia supone un importante alivio para las familias afectadas, aunque insiste en que todavía queda pendiente resolver el futuro del edificio.

La rehabilitación sigue pendiente

El cambio de criterio del Obispado pone fin, por el momento, al riesgo de que las dos familias perdieran sus viviendas este verano. Sin embargo, el conflicto sobre el estado de conservación de Plaza de las Viudas 32 continúa abierto.

Los vecinos llevan más de dos años reclamando una rehabilitación integral de la finca, conocida por ser la casa donde nació Fermín Salvochea. Durante meses han convivido con el patio apuntalado, problemas de accesibilidad y distintas actuaciones de emergencia mientras esperaban una intervención definitiva.

La prórroga de los contratos ofrece ahora un año de tranquilidad a las familias afectadas, pero tanto los residentes como la Asociación de Vecinos insisten en que el siguiente objetivo debe ser garantizar la rehabilitación del edificio y evitar que una situación como la vivida vuelva a repetirse.