La trabajadora de Cádiz en conflicto con Mercadona puntualiza su versión sobre el traslado y denuncia presiones
Niega que se le ofrecieran alternativas reales, asegura que la sentencia citada no es firme y denuncia presiones, ultimátums y nuevos episodios de tensión laboral
La trabajadora de Mercadona inmersa desde hace meses en un conflicto laboral por un traslado de conciliación familiar ha expuesto ahora su versión detallada de los hechos, puntualizando el relato mantenido por la empresa.
La empleada niega que se le ofrecieran alternativas reales de traslado y denuncia presiones, advertencias y un trato desigual, siempre según su testimonio.
La trabajadora, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a posibles represalias, explica a Cádiz Directo que existió una primera solicitud de traslado presentada entre marzo y abril, que dio lugar a un procedimiento judicial. Ese proceso concluyó con una sentencia desestimatoria, pero —según precisa— actualmente está recurrida, por lo que no es firme.
Según su relato, tras esa primera solicitud la empresa manifestó su intención de “tratar de buscar una solución”, pero sin concretar alternativas viables. No fue hasta finales de mayo cuando recibió una llamada telefónica en la que se le dio a elegir entre solo dos opciones, ambas implicando una reducción de jornada y una modificación de su contrato, pasando de 40 a 20 horas semanales.
“La empresa me dio un plazo de apenas un día para decidir”, afirma la trabajadora, que sostiene que no hubo margen real para que su abogado pudiera intervenir ni para valorar otras posibilidades. Al día siguiente, añade, recibió un escrito formal denegando el traslado, dando por cerrado el proceso.
Frente a la versión empresarial, la empleada insiste en que no se le ofrecieron traslados en igualdad de condiciones, sino propuestas que suponían un empeoramiento de sus condiciones laborales. “Un traslado tiene que ser con las mismas condiciones”, subraya.
“Se aprovecharon de que estaba muy mal”
La trabajadora sostiene también que la empresa se aprovechó de su delicado estado de salud durante el procedimiento judicial. “Estaba tan mal que no pude presentarme al juicio y no se pudieron aportar pruebas”, afirma, siempre según su versión.
Añade que dispone de una grabación en la que un responsable de Recursos Humanos le habría comunicado que “mientras él estuviera ahí, no me daría ningún traslado”, un extremo que no ha sido valorado judicialmente hasta el momento.
La empleada vincula el endurecimiento del trato recibido a las movilizaciones sindicales. Según explica, tras la primera concentración convocada por USO, la respuesta por parte de una responsable jurídica de la empresa fue “chulesca, prepotente y amenazante”.
“Le dijo a mi abogado que, por haber hecho una manifestación, ya sí que nunca me darían el traslado”, asegura. La trabajadora recuerda que manifestarse es un derecho, aunque considera que la empresa interpretó esa protesta como una amenaza.
Añade además que esa misma responsable habría obtenido recientemente un traslado, pese a no tener cargas familiares, lo que a su juicio refuerza la sensación de trato desigual.
“Están haciendo una limpieza”
Más allá de su caso personal, la trabajadora sostiene que lo que está ocurriendo responde a un patrón más amplio dentro de la empresa. “Están haciendo una limpieza”, afirma, y asegura que en menos de dos semanas cuatro personas habrían sido despedidas en distintos establecimientos de la provincia.
“De la otra tienda de Cádiz han echado a dos compañeros, de la mía a otro y de los barrios a otra compañera. Y esto seguirá subiendo”, señala, siempre según su versión.
La trabajadora añade un nuevo episodio ocurrido el pasado 22 de diciembre. Según explica, el médico de la empresa le habría comunicado la obligación de desplazarse cerca de 700 kilómetros para someterse a una revisión médica, pese a que su situación ya está siendo seguida por la mutua y por la Seguridad Social.
“Me están obligando a trasladarme a casi 700 kilómetros para verme cuando ya me está siguiendo la mutua y la Seguridad Social”, afirma en declaraciones a Cádiz Directo. A su juicio, esta citación resulta “incomprensible” y supone una carga añadida en un contexto de deterioro físico y psicológico.
La trabajadora interpreta este requerimiento como un nuevo ejemplo de la presión que asegura estar sufriendo en el marco del conflicto laboral. Por el momento, este extremo no ha sido valorado judicialmente.