Las ayudas por las inundaciones en San Martín del Tesorillo, bajo revisión y los vecinos que esperaban 750 euros reciben 300
FACUA Cádiz pedirá explicaciones al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno por las diferencias en los días de desalojo reconocidos. La asociación recuerda que los afectados disponen de un mes para recurrir las resoluciones
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Las indemnizaciones por los desalojos provocados por las inundaciones de febrero en San Martín del Tesorillo, en la provincia de Cádiz, han abierto un nuevo frente para los vecinos afectados.
Algunas de las ayudas concedidas reconocen únicamente dos días fuera de sus viviendas, pese a que existe documentación municipal que recoge un periodo de cinco jornadas.
La diferencia puede alcanzar los 450 euros por persona, una situación que ha llevado a FACUA Cádiz a anunciar que solicitará explicaciones tanto al Ayuntamiento como a la Subdelegación del Gobierno para determinar qué ha ocurrido durante la tramitación.
El problema ha salido a la luz después de que numerosos afectados comenzaran a recibir cantidades inferiores a las previstas.
La controversia no gira en torno a la cuantía diaria establecida para estas ayudas, sino al número de jornadas que la Administración ha tenido en cuenta para calcularlas.
La asociación de consumidores quiere aclarar si las diferencias responden a la documentación enviada inicialmente por el Consistorio, a una posible rectificación posterior o a algún problema en la comunicación entre administraciones.
Un certificado municipal reconoce cinco días, pero algunas ayudas solo contemplan dos
Uno de los documentos fundamentales para entender esta situación tiene fecha del 12 de marzo. Ese día, el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo emitió un certificado en el que reconocía el desalojo de determinadas zonas del municipio entre el 4 y el 8 de febrero.
Sin embargo, las resoluciones recibidas por un número importante de solicitantes únicamente contemplan dos jornadas de desalojo.
La diferencia resulta especialmente relevante porque el importe previsto asciende a 150 euros por persona y día. De este modo, una indemnización calculada sobre cinco días alcanzaría los 750 euros, mientras que el reconocimiento de dos jornadas reduce la cantidad a 300 euros.
Para una familia de cuatro miembros, esa diferencia podría representar 1.800 euros en total, siempre que todos sus integrantes cumplieran los requisitos para recibir la ayuda durante los cinco días.
La documentación municipal y los periodos finalmente reconocidos constituyen, por tanto, el principal punto que deberá aclararse para determinar si existen errores en los expedientes.
La Subdelegación apunta a la documentación remitida por el Ayuntamiento
Entre los elementos que examina FACUA Cádiz figura una comunicación enviada a uno de los afectados por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno.
En ese correo, el organismo explica que elaboró el certificado empleado para tramitar las ayudas tomando como referencia la información facilitada por el Ayuntamiento.
La respuesta también introduce una cuestión pendiente de aclaración: la Subdelegación desconoce si una posible rectificación posterior del Consistorio llegó a enviarse o si, por alguna circunstancia, no quedó registrada.
Ante esta situación, FACUA pretende conocer exactamente qué documentos fueron remitidos, si existieron modificaciones posteriores y qué actuaciones pueden adoptarse para corregir las discrepancias.
Por ahora, la información disponible no permite atribuir el origen del problema a ninguna de las dos administraciones. Precisamente por ello, la asociación considera necesario reconstruir el recorrido de la documentación utilizada para resolver las solicitudes.
Los afectados tienen un mes para recurrir las ayudas concedidas
Mientras se esclarece lo sucedido, FACUA Cádiz recomienda a los vecinos revisar cuidadosamente las notificaciones recibidas y comprobar cuántos días de desalojo aparecen reconocidos.
La asociación recuerda que el plazo para presentar un recurso es de un mes desde la notificación de la resolución, por lo que aconseja prestar especial atención a las fechas y no esperar a que termine la investigación anunciada.
También recomienda conservar los certificados municipales y cualquier documento que permita acreditar el periodo durante el que fue necesario abandonar la vivienda.
FACUA Cádiz ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los socios afectados para estudiar sus expedientes, comprobar las cantidades concedidas y valorar las posibles reclamaciones.
Los interesados pueden dirigirse a la organización con la resolución de concesión y la documentación relacionada con su desalojo, especialmente cuando los días reconocidos no coincidan con los certificados disponibles.