Los alquileres de viviendas en Cádiz pendientes de la nueva prórroga aprobada por el Gobierno
Las nuevas medidas de vivienda, que alcanzan a casi 1,9 millones de contratos en España, todavía deben superar su paso por el Congreso
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Más de 35.700 contratos de alquiler en Cádiz quedan dentro del radio de acción de las nuevas medidas que se quieren disponer en cuanto a vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros.
La provincia es la cuarta de Andalucía con más arrendamientos potencialmente afectados por las nuevas medidas de vivienda, con más de 260.000-, que alcanzan a casi 1,9 millones de contratos en España y todavía deben superar su paso por el Congreso.
El paquete introduce cambios relevantes para los arrendamientos que llegan a su vencimiento antes del año 2029 y abre una semana decisiva para miles de inquilinos, ya que los reales decretos-ley deberán someterse al Congreso de los Diputados.
En el conjunto de Andalucía, las cifras disponibles elevan a 263.222 los contratos potencialmente afectados, mientras que en España el cálculo alcanza 1.895.676.
Cádiz suma 35.757 contratos y ocupa el cuarto puesto andaluz
La incidencia de las medidas es desigual entre las ocho provincias andaluzas. Cádiz contabiliza 35.757 contratos -según información publicada por Diario de Cádiz-, lo que la sitúa como la cuarta provincia de la comunidad con mayor número de arrendamientos incluidos en el cálculo.
Málaga encabeza la relación, con 74.050 contratos, seguida de Sevilla, con 54.866, y Granada, con 40.069. Por detrás de Cádiz aparecen Almería, con 20.876; Córdoba, con 15.745; Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500. En total, Andalucía reúne 263.222 contratos.
La dimensión nacional es considerable. Las estimaciones difundidas sitúan en 1.895.676 los contratos que podrían verse afectados: 751.166 corresponden a vencimientos de 2026, otros 809.899 a 2027 y 334.611 a 2028.
Dos medidas distintas para los contratos que llegan a su vencimiento
El paquete aprobado por el Gobierno contiene dos figuras que conviene diferenciar. Una de ellas establece una prórroga extraordinaria de dos años para contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Esta medida figura en el primero de los reales decretos-ley aprobados por el Ejecutivo.
El segundo texto aborda una reforma de mayor alcance sobre la estabilidad de los arrendamientos de vivienda habitual. El Gobierno lo ha planteado para introducir la renovación automática de los contratos de alquiler, aunque con determinadas salvaguardas para que el propietario pueda recuperar el inmueble en los supuestos previstos por la norma.
El punto de partida de la legislación actual establece una duración mínima de cinco años cuando el arrendador es una persona física y de siete cuando se trata de una persona jurídica. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula además las prórrogas posteriores y las circunstancias en las que puede recuperarse una vivienda.
El Congreso tendrá la última palabra sobre las medidas
La aprobación por el Consejo de Ministros no cierra el recorrido de los decretos. Al tratarse de reales decretos-ley, necesitan la convalidación del Congreso para mantener su vigencia. El Ejecutivo ha separado las medidas en dos normas y la renovación automática ha sido incluida en un texto propio.
La tramitación llega además después de varios días de movilizaciones por el acceso a la vivienda. El propio Gobierno ha reconocido que la propuesta sobre renovación automática recoge reivindicaciones planteadas por movimientos sociales y que este segundo texto ha tenido un proceso de negociación diferente al del resto del paquete.
Para Cádiz, el alcance potencial puede medirse ya en cifras concretas: 35.757 arrendamientos. Su aplicación definitiva, sin embargo, queda vinculada al recorrido parlamentario de unas medidas que afectan a casi 1,9 millones de contratos en toda España.