Los chiringuitos de Puerto Sherry siguen abiertos pese al conflicto por las licencias
La continuidad de los establecimientos de ocio depende de un proceso administrativo y judicial que enfrenta a empresarios y administraciones por la autorización para operar en el dominio público portuario
La actividad de los chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto, continúa pendiente de la resolución de un complejo procedimiento administrativo que ha situado en el centro del debate a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), al Ayuntamiento de El Puerto y a las empresas que explotan estos establecimientos.
La disputa gira en torno a la validez de las autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad en unos terrenos que forman parte del dominio público portuario.
Un conflicto que va más allá de la temporada de verano en El Puerto
La controversia comenzó tras la decisión de la APBC de no autorizar la continuidad del modelo de explotación existente una vez finalizara la autorización administrativa vigente.
El organismo portuario sostiene que la solicitud presentada para prolongar la actividad carecía de cobertura jurídica dentro del marco legal aplicable y defiende que sus actuaciones responden exclusivamente al cumplimiento de la normativa sobre gestión del dominio público portuario.
Esa decisión afecta directamente a establecimientos muy conocidos en la oferta de ocio estival de Puerto Sherry, como Playa Canalla, PhiPhi, Blu y Margarita.
Sus responsables consideran que el cierre supondría un importante perjuicio económico en plena campaña turística, después de haber realizado inversiones para la temporada y con reservas y eventos ya programados con antelación.
El debate no se limita únicamente al presente verano. Tanto la administración portuaria como los empresarios coinciden en que el futuro de la zona pasa por un nuevo modelo de explotación que deberá ajustarse a la planificación urbanística y a las autorizaciones que finalmente se aprueben para ese espacio.
Empresarios y administraciones mantienen posiciones enfrentadas
Tras la negativa de la APBC, los empresarios recurrieron a la vía judicial con el objetivo de obtener medidas cautelares que permitieran mantener abiertos los negocios mientras se resolvía el litigio.
Argumentaron que el cierre provocaría pérdidas económicas, afectaría a trabajadores contratados para la campaña estival y tendría consecuencias para la actividad turística del entorno.
Sin embargo, la Justicia rechazó esas medidas cautelares al considerar que no podían prolongar una autorización administrativa que ya había expirado. La resolución concluyó que la suspensión de los actos administrativos impugnados no era suficiente para mantener en vigor unos permisos cuya vigencia había finalizado.
En paralelo, el Ayuntamiento comunicó formalmente a los establecimientos la obligación de cesar la actividad una vez concluyera la autorización otorgada sobre el dominio público portuario, indicando que las licencias municipales debían adaptarse a esa situación administrativa.
El futuro de Puerto Sherry queda pendiente de un nuevo modelo
Más allá del desenlace judicial, el caso ha abierto un debate sobre cómo deberá organizarse la actividad hostelera en uno de los principales enclaves turísticos del litoral gaditano.
La APBC ha explicado que el concesionario trabaja en una modificación del modelo de explotación para desarrollar un proyecto considerado más sostenible y adaptado a la normativa vigente.
Hasta que ese procedimiento concluya, no será posible definir el marco definitivo en el que podrán operar futuros establecimientos de hostelería en la zona.
Al mismo tiempo, el asunto ha adquirido una dimensión adicional tras las investigaciones relacionadas con las autorizaciones concedidas en años anteriores.
La Fiscalía trasladó al juzgado diligencias sobre posibles irregularidades en la tramitación de determinadas licencias, una cuestión que sigue un cauce independiente del procedimiento administrativo relativo a las autorizaciones portuarias.
Entre tanto, empresarios, administraciones y trabajadores de los locales permanecen a la espera de una solución definitiva pueda o que permita aclarar el futuro de uno de los espacios de ocio más conocidos de la costa gaditana y definir bajo qué condiciones podrá retomarse la actividad en Puerto Sherry en los próximos años.