Los hosteleros de la calle Las Cortes de San Fernando estallan contra los vecinos “cerrar bares que cumplen la ley es injusto”
Nueve negocios de San Fernando presentan alegaciones al recurso vecinal que pide eliminar las terrazas y denuncian que las medidas son “arbitrarias y desproporcionadas”
La tensión entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos en el entorno de la calle Las Cortes, en San Fernando, vuelve a ocupar el centro del debate local.
Nueve empresarios hosteleros de la zona han decidido plantar cara al recurso presentado por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro, que solicita al Juzgado de lo Contencioso Administrativo la retirada cautelar de las terrazas instaladas en esta popular y concurrida calle.
Los hosteleros, que representan a una parte significativa del tejido comercial del centro isleño, consideran que las medidas pedidas por el colectivo de vecinos son “arbitrarias, desproporcionadas y carentes de rigor técnico”.
Aseguran que la petición de retirar terrazas supone un ataque directo a su modo de vida y a la economía local, sobre todo en una zona donde el sector de la restauración genera decenas de empleos.
Según este grupo de empresarios, el conflicto parte de una interpretación sesgada de los informes de ruido. Afirman al respecto que “nos quieren responsabilizar de un problema ambiental que no nos corresponde. Hemos presentado estudios acústicos, local por local, que acreditan que cumplimos con la normativa vigente incluso en horario nocturno”.
Los hosteleros insisten en que los informes oficiales no atribuyen el ruido exclusivamente a las terrazas, sino al conjunto de actividades de tipo urbano que se desarrollan en la zona.
Uno de los puntos de fricción más destacados es la aplicación del Decreto 50/2025 de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía, que regula la contaminación acústica en los entornos urbanos.
Argumento de los empresarios de ocio nocturno en San Fernando
Los empresarios cuestionan que dicho decreto se utilice para justificar supuestos incumplimientos de hace más de 14 años pues argumentan que “es jurídicamente inadmisible aplicar retroactivamente una norma para sancionar situaciones pasadas. Además, algunos de los locales ni siquiera existían hace 14 años, por lo que no puede imputárseles un historial de ruido”.
Los nueve negocios han presentado ocho alegaciones formales al recurso interpuesto por los vecinos. En ellas, señalan que los informes de la administración autonómica presentan datos generalizables sin tener en cuenta la variabilidad diaria de lo que suponen las mediciones acústicas.
Igualmente subrayan que no existen expedientes sancionadores firmes y continuados que demuestren un incumplimiento prolongado en el tiempo.
Por otra parte, los empresarios destacan que desde que el colectivo de vecinos acudió a los tribunales, el Ayuntamiento de San Fernando ha adoptado medidas concretas.
Mediante un decreto fechado el día 2 de diciembre de 2025, el consistorio aplicó restricciones horarias y espaciales a las terrazas de la calle Las Cortes, buscando un equilibrio entre la actividad económica y el descanso necesario de los vecinos. Pero los vecinos consideran insuficientes estas limitaciones y han continuado con su acción judicial.
Los hosteleros sostienen que el hecho de que los vecinos hayan esperado años antes de acudir a la vía judicial demuestra que la situación expuesta “no reviste urgencia”. Por ello, solicitan al juzgado que deniegue las medidas cautelares considerando que no se cumplen los requisitos legales y que podrían causar perjuicios irreparables.
En su alegato final, los empresarios alertan de las consecuencias económicas y sociales que tendría una decisión desfavorable. Denuncian que “la adopción de estas medidas supondría el cierre inmediato de al menos nueve establecimientos y el despido de sus plantillas. Sería la destrucción del medio de vida de numerosas familias de San Fernando”.
El grupo hostelero insiste en que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo y la cooperación entre vecinos, empresarios y administración. Concluyen que “cerrar bares que cumplen la ley no es proteger la convivencia, es castigar injustamente a quienes trabajan y generan vida en la ciudad”.