Los sindicatos denuncian una gestión 'inadmisible' en la Policía Local de San Fernando
Policías en prácticas, enviados sin alta a un curso oficial: denuncian un fallo grave en San Fernando
Los sindicatos policiales Spli y Sip-An han denunciado un nuevo episodio en la gestión del personal de la Policía Local de San Fernando que consideran “grave e inadmisible”.
Según ambas organizaciones, varios agentes en prácticas fueron enviados a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía sin haber sido dados de alta previamente en la Seguridad Social, permaneciendo durante días sin cobertura legal ni protección laboral.
Agentes sin cobertura en pleno periodo formativo en San Fernando
Los hechos, tal como relatan los sindicatos, se produjeron coincidiendo con el inicio de un curso formativo obligatorio para nuevos agentes. A pesar de que la incorporación estaba planificada con antelación, los trámites administrativos necesarios no se completaron antes del desplazamiento a la academia andaluza.
Esto provocó que los policías en prácticas iniciaran su formación en una situación irregular desde el punto de vista administrativo.
Las organizaciones sindicales insisten en que no se trata de un detalle menor ni de un simple error burocrático. Subrayan que el alta en la Seguridad Social es un requisito previo, básico y conocido en cualquier proceso de incorporación al servicio o a la formación. “Es una obligación que no admite interpretación ni retraso”, sostienen.
Además, advierten de que la actividad policial, incluso en fase de formación, implica riesgos inherentes. La ausencia de cobertura durante esos días habría dejado a los agentes en una situación de total indefensión en caso de accidente o incidente, tanto en el ámbito laboral como jurídico. Para los sindicatos, este punto agrava de forma notable la dimensión del problema.
Señalamiento directo a los responsables
Spli y Sip-An atribuyen la responsabilidad directa de lo ocurrido al jefe de la Policía Local y a la delegada municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando.
Consideran que ambos cargos tenían conocimiento previo del inicio del curso y, por tanto, debían haber garantizado que toda la documentación estuviera correctamente tramitada antes de la incorporación de los agentes.
Los sindicatos rechazan de forma tajante que lo sucedido pueda calificarse como un fallo puntual. A su juicio, responde a una falta de previsión, control y diligencia en la gestión del personal.
En este sentido, advierten de que no es la primera vez que detectan deficiencias en los procedimientos administrativos relacionados con la plantilla.
También critican que la solución aplicada posteriormente —altas teniendo un carácter retroactivo— no corrige la irregularidad de fondo.
Recuerdan que la normativa establece de forma clara que el alta debe realizarse antes del inicio de la actividad, por lo que cualquier regularización posterior no elimina la responsabilidad derivada del incumplimiento.
Exigencias y posible vía judicial en San Fernando
Ante esta situación, las organizaciones sindicales han planteado una serie de medidas que consideran imprescindibles. Entre ellas, reclaman la regularización completa de las cotizaciones de los agentes afectados desde el primer día real de actividad, así como la asunción de responsabilidades políticas y técnicas por parte de los cargos implicados.
Asimismo, exigen la apertura de una revisión interna de los procedimientos de incorporación de personal y la implantación de protocolos escritos que coordinen a la Jefatura de Policía, la Delegación de Seguridad Ciudadana y el área de Recursos Humanos.
El objetivo es evitar que se repitan situaciones similares y garantizar que ningún agente acceda a formación o servicio sin tener regularizada su situación administrativa.
Los sindicatos advierten de que este episodio no es aislado, sino que refleja una dinámica que califican de preocupante en la gestión del cuerpo. Por ello, no descartan emprender acciones legales si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces para corregir las deficiencias detectadas.
Ambas organizaciones aseguran que actuarán con firmeza ante cualquier nueva irregularidad que afecte a los derechos, la seguridad o la dignidad profesional de los agentes, insistiendo en que la gestión del personal debe ajustarse estrictamente a la legalidad vigente.