Los vecinos de La Coquina, en Chiclana, afrontan pagos de hasta 20.000 euros para regularizar sus viviendas
El Ayuntamiento impulsará un plan especial para llevar servicios básicos a una zona donde residen unas 700 personas. Los propietarios asumirán el coste de las obras, aunque podrían disponer de hasta ocho años para pagarlas
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Los vecinos de La Coquina, en Chiclan, han dado un paso importante para mejorar las condiciones de sus viviendas y acceder a servicios básicos.
El Ayuntamiento de Chiclana y la asociación vecinal trabajan en un procedimiento urbanístico que permitirá ejecutar las infraestructuras necesarias en esta zona, habitada por unas 700 personas.
La actuación tendrá un coste para los propietarios que, según las primeras estimaciones trasladadas durante las reuniones, podría situarse entre 18.000 y 20.000 euros por inmueble.
Pero todavía no existe un presupuesto definitivo ni una fecha concreta para el inicio de los trabajos.
Un plan especial para dotar de servicios básicos a La Coquina
El procedimiento elegido contempla la elaboración de un plan especial, una herramienta urbanística prevista en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Esta fórmula permitirá definir las actuaciones necesarias para mejorar las infraestructuras y avanzar en la regularización administrativa de las viviendas.
El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido encuentros con los representantes vecinales para abordar los pasos pendientes.
El Consistorio asumirá la redacción y tramitación del documento urbanístico y, una vez aprobado, preparará el proyecto de obras correspondiente.
La iniciativa cuenta con el respaldo de residentes que llevan meses organizándose para conocer las posibilidades de este procedimiento.
La asociación presentó formalmente su solicitud en el registro municipal el 16 de marzo, después de una reunión celebrada el día 8 del mismo mes, a la que asistieron cerca de un centenar de personas.
Desde entonces, los representantes vecinales han recopilado información, mantenido contactos con Chiclana Natural y trasladado a los propietarios las condiciones del proceso para reunir adhesiones.
Cuánto tendrán que pagar los propietarios y qué plazos se contemplan
La financiación constituye una de las principales preocupaciones de las familias. Aunque durante las conversaciones se ha manejado una horquilla de entre 18.000 y 20.000 euros por vivienda, esa cantidad es provisional y dependerá de las características técnicas de las obras.
La secretaria de la asociación vecinal, Paula Fernández, ha explicado que todavía deben determinarse las actuaciones concretas y las dificultades que puedan surgir durante su ejecución. Por tanto, el importe final podría variar respecto a las previsiones iniciales.
El sistema planteado contempla que el Ayuntamiento adelante los fondos necesarios para desarrollar las infraestructuras. Los propietarios asumirían posteriormente el coste, una vez terminados los trabajos y disponibles los servicios.
Esta fórmula permitiría a las familias disponer de un margen de tiempo para organizar sus recursos económicos. Según la información trasladada por la representación vecinal, los plazos de devolución podrían alcanzar los ocho años.
La obligación de afrontar estos gastos también afectaría a propietarios de inmuebles reconocidos como Asimilados a Fuera de Ordenación (AFO), una situación administrativa que no equivale a la plena legalización urbanística.
Regularizar las viviendas no significa legalizarlas
Uno de los aspectos fundamentales del procedimiento es la diferencia entre regularización y legalización. El plan especial no supone que las edificaciones pasen automáticamente a ser legales, pero puede facilitar un marco administrativo más definido y permitir la implantación de determinados servicios.
Para los residentes, el objetivo inmediato es mejorar las condiciones de habitabilidad mediante infraestructuras que actualmente resultan necesarias en la zona.
El proyecto también incorpora una dimensión ambiental relevante. La Coquina se encuentra próxima a las Marismas de Sancti Petri, un entorno natural cuya protección preocupa a los representantes vecinales.
La planificación de las futuras actuaciones deberá tener en cuenta las características del territorio y las exigencias urbanísticas y ambientales aplicables.
Por ahora, el proceso continúa en fase administrativa. Antes de conocer el calendario de ejecución y el desembolso definitivo que corresponderá a cada propietario, será necesario completar la tramitación del plan especial y concretar técnicamente las obras previstas.