Monitores de Educación Especial amenazan con una huelga indefinida hasta poner fin a su “precariedad laboral”
El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la provincia de Cádiz ha secundado hoy una segunda jornada de huelga para exigir a la Junta de Andalucía que “ponga fin” a su situación “desesperada” de precariedad laboral, contribuyendo así a garantizar la “calidad y la inclusión” del alumnado con necesidades especiales con el que el colectivo trabaja en los centros educativos públicos.
Más de un centenar de monitores de Educación Especial se han concentrado hoy en la plaza de Mina frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, donde han asegurado que se sienten “desesperados e indefensos”. Así, tras esta movilización y la del pasado 27 de octubre, han anunciado un recrudecimiento de las medidas de presión con una "huelga indefinida", advirtiendo de que no van a parar “hasta que se arregle la situación, que es de derechos mínimos del trabajador”.
En representación del comité de empresa, Antonio Pulido ha explicado a los periodistas que el colectivo está integrado por unos 300 trabajadores en la provincia gaditana, de los que “ninguno” tiene jornada completa y, por tanto, están a jornada parcial en detrimento de la calidad de la atención al alumnado.
Ninguneo de sus derechos
Como ha recordado, la Junta adjudicó el servicio a la empresa gallega Osventos, la cual “no reconoce las tablas salariales recogidas en el convenio colectivo”. Tampoco reconoce el complemento de antigüedad, ni les asegura que “cuando terminemos el servicio en junio nos vayan a pagar las vacaciones”. Reivindicaciones estas de las que “no nos vamos a bajar porque es lo mínimo que podemos exigir”.
A ello, se suma que hay compañeros que “aún no han cobrado su nómina de septiembre”, mientras que a otros les han aumentado la jornada de tres a cinco horas “sin que esté reflejado en la vida laboral y cobrando lo mismo que por tres horas”.
Dejación de la Junta
Se quejan de que no hay contacto con la empresa adjudicataria y de que la Delegación de la Junta y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) tampoco les “hacen caso”. Y ello, pese a que es responsabilidad de la Administración andaluza estar “vigilante” y garantizar que las empresas cumplan con las condiciones recogidas en los pliegos, llegando incluso a sancionar o retirar el servicio a aquellas que no cumplan.
En su opinión, y tras acumular “20 años con este problema de cambios de empresas, que cada una hace lo que quiere”, la solución definitiva pasa por una subrogación por parte de la Junta de Andalucía para que, “como servicio público, seamos trabajadores públicos”, acabando así con esta situación de “indefensión” de la plantilla y, al mismo tiempo, mejorando el servicio que se presta al alumnado con necesidades especiales.