Multas de más de 100.000 euros por unos huertos que utilizan 85 familias en El Puerto
El Ayuntamiento considera ilegal la división de una finca rústica destinada al cultivo y al ocio. El responsable de la asociación afronta dos sanciones mientras los usuarios defienden la continuidad del proyecto
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Un terreno de 17.000 metros cuadrados situado en El Puerto, en el que 85 familias cultivan sus propios alimentos y comparten actividades al aire libre, convirtiéndose en el centro de un conflicto urbanístico.
El Ayuntamiento de El Puerto ha impuesto dos sanciones que superan conjuntamente los 100.000 euros a Francisco Javier Gutiérrez San Andrés, como responsable de una asociación de agricultores urbanos.
La administración municipal entiende que la distribución de los terrenos constituye una parcelación de carácter ilegal en suelo rústico, mientras que los afectados sostienen que no existen edificaciones permanentes y reclaman una solución que permita mantener los huertos.
Una finca de 17.000 metros cuadrados dividida en pequeños huertos
La actividad se desarrolla en Los Desmontados, una zona próxima al Camino de El Juncal. El proyecto comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando su impulsor alquiló una finca para habilitar espacios individuales destinados al cultivo de productos agrícolas.
Con el tiempo, la iniciativa fue incorporando participantes hasta alcanzar los 85 usuarios actuales. Entre ellos hay jubilados, personas desempleadas y familias que encuentran en la agricultura una forma de complementar su alimentación mediante el autoconsumo.
La asociación quedó formalmente constituida en 2023, aunque el contrato de arrendamiento del terreno se había firmado anteriormente a título personal por su presidente. Esta circunstancia explica que los expedientes sancionadores se dirijan contra él y no contra la entidad.
Las parcelas cuentan con elementos como cerramientos, toldos y carpas desmontables. Según defienden los responsables del proyecto, no se han levantado construcciones permanentes en el recinto.
Sin embargo, la ausencia de edificios no ha impedido la intervención municipal. El conflicto se centra en la consideración urbanística de la división del terreno y en la posibilidad de destinar diferentes espacios de una misma finca rústica a usuarios particulares.
Una queja vecinal desencadenó la intervención de Urbanismo
El origen de las actuaciones municipales se sitúa en las molestias ocasionadas por una reunión que se prolongó más allá del horario establecido para las actividades.
Según el relato del presidente de la asociación, una queja vecinal motivó la presencia de la Policía Local en las instalaciones. Posteriormente, los servicios de Urbanismo inspeccionaron el recinto y determinaron que la distribución de los huertos constituía una parcelación no autorizada.
El Ayuntamiento mantiene que esta actuación no se ajusta a la normativa aplicable al suelo rústico y señala que el expediente lleva varios años tramitándose.
Las dos sanciones conocidas superan los 100.000 euros y, según la información disponible, ya se encuentran en fase ejecutiva a través de la Diputación Provincial de Cádiz. El promotor también afronta la posibilidad de recibir nuevas multas relacionadas con el mismo conflicto.
No consta en la información consultada una resolución que permita determinar si existe alguna alternativa de regularización para la actividad.
Las familias defienden el valor social de los huertos y anuncian protestas
Más allá de las consecuencias económicas para su responsable, la situación afecta a decenas de personas que utilizan las parcelas como espacio de convivencia.
Algunos participantes llevan varios años cultivando sus huertos. Es el caso de Víctor, un ingeniero industrial jubilado de 83 años que encuentra en esta actividad una manera de mantenerse físicamente activo y conservar sus relaciones sociales.
Otros usuarios han recurrido al trabajo agrícola para sobrellevar circunstancias personales difíciles, como la pérdida de familiares o situaciones de soledad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Hermandad Andaluza Gitana, cuyo presidente provincial, José de los Ríos Núñez, ha mostrado su apoyo a las familias afectadas.
Desde este colectivo consideran desproporcionadas las sanciones impuestas a una actividad que, según defienden, tiene una finalidad agrícola y social.
La federación ha advertido de que podría convocar movilizaciones si no se paralizan las multas.
Por ahora, el enfrentamiento sigue abierto entre la interpretación urbanística del Ayuntamiento y la petición de los usuarios de conservar unos espacios que forman parte de su vida cotidiana.