Narcolanchas amontonadas en Cádiz y depósitos saturados obligan a buscar una salida
Las narcolanchas intervenidas en operaciones contra el narcotráfico se han convertido también en un problema después de su incautación
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La acumulación de embarcaciones de alta velocidad en depósitos de la provincia de Cádiz, las dificultades para desmantelarlas y la demora de las autorizaciones judiciales han llevado a la Fiscalía a reclamar un cambio legal que agilice su destrucción.
La propuesta pasa por modificar el artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la destrucción administrativa de estas embarcaciones y de sus motores una vez practicadas su valoración y las comprobaciones técnicas necesarias.
La medida ya figura entre las reformas planteadas por el Ministerio Fiscal y tiene su origen en la situación trasladada desde Cádiz.
El problema no es nuevo. La Fiscalía viene advirtiendo desde hace años de las dificultades para gestionar las lanchas decomisadas.
Al tratarse de género prohibido, no pueden volver al mercado como cualquier otro bien intervenido, mientras que su conservación prolongada genera gastos, ocupa espacio y obliga a mantener instalaciones destinadas a su custodia.
Depósitos saturados y riesgo de robos de narcolanchas
La dimensión del problema quedó reflejada en anteriores memorias de la Fiscalía. A comienzos de 2024 había depositadas en El Puerto de Santa María unas 80 embarcaciones y alrededor de 150 motores, mientras que en la zona de Algeciras se acumulaban cerca de 300 embarcaciones.
Mantener durante largos periodos este material tampoco está exento de riesgos. La Fiscalía ha alertado de posibles sustracciones de motores y componentes de elevado valor, además de los problemas para la salud pública y el medio ambiente relacionados con los residuos de las embarcaciones almacenadas.
La saturación ha obligado incluso a recurrir a lugares distintos de los depósitos oficiales.
La situación resulta especialmente compleja porque antes de eliminar una narcolancha deben realizarse distintas actuaciones. Las embarcaciones necesitan ser valoradas y sometidas a los correspondientes informes técnicos.
A ello se añade el proceso material de descontaminación y desmantelamiento, que implica retirar combustible y gestionar adecuadamente sus distintos componentes.
La demora judicial complica la destrucción
Uno de los principales obstáculos es el tiempo necesario para conseguir las autorizaciones judiciales. La Fiscalía relaciona estas demoras con la carga que soportan los órganos encargados de las investigaciones derivadas de las aprehensiones.
La presión del narcotráfico sobre los juzgados gaditanos aparece de forma recurrente en las memorias fiscales. En el año 2025, además, crecieron los procedimientos vinculados a sustancias que causan grave daño a la salud, con un incremento del 118% en Cádiz, del 59% en el Campo de Gibraltar y del 37,9% en Jerez.
La Fiscalía relaciona buena parte de este aumento con un mayor empleo de narcolanchas para transportar cocaína.
Las embarcaciones semirrígidas ya no se utilizan únicamente para introducir hachís. La Fiscalía constata su utilización habitual para recoger cocaína de barcos situados mar adentro y trasladarla posteriormente hasta diferentes puntos del litoral.
Una herramienta para acelerar el proceso
La reforma propuesta pretende, en definitiva, el tratar de evitar que una embarcación permanezca almacenada durante meses mientras se completa el procedimiento necesario para autorizar su destrucción.
El cambio permitiría actuar administrativamente una vez preservadas mediante valoración e informes técnicos las evidencias necesarias para la investigación.
El debate cobra especial importancia en la provincia de Cádiz por la intensidad de las operaciones contra el narcotráfico así como también la presión que estas organizaciones ejercen sobre el litoral.
Solo durante el pasado año 2025 se incoaron en la provincia 82 procedimientos relacionados con el contrabando de este tipo de embarcaciones.
La cuestión que plantea ahora la Fiscalía es práctica: si estas narcolanchas son género prohibido y terminan destinadas a su destrucción, ¿tiene sentido mantenerlas durante meses ocupando unos depósitos que ya se encuentran saturados?