Navantia responde tras 16 días de protesta en Cádiz negando la existencia de listas negras en sus astilleros
La crisis en Navantia da un paso más: reunión con CTM y mensaje claro sobre listas negras
La dirección de Navantia San Fernando trasladó este jueves a representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) que no existen listas negras en los astilleros gaditanos por motivos sindicales.
La reunión llega cuando se cumplen 16 días desde que Manuel Balber y Jesús Galván permanecen atrincherados en una grúa de la antigua Bazán para denunciar que sufren un veto laboral en la Bahía de Cádiz pese a la carga de trabajo prevista para los próximos años.
Navantia mantiene que no decide sobre las auxiliares
Según fuentes de la compañía, Navantia no interviene en la contratación de las industrias auxiliares a las que encarga servicios y trabajos específicos.
La empresa insiste en que el acceso a sus instalaciones depende del cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad, pero niega cualquier restricción vinculada a la actividad sindical de los trabajadores.
La dirección también recuerda que Balber y Galván nunca han formado parte de la plantilla de Navantia. Por ese motivo, sostiene que cualquier falta de contratación corresponde al ámbito de las empresas colaboradoras.
La compañía añade que los procesos de incorporación de personal propio están pactados con la representación social y se rigen por criterios de igualdad, mérito y capacidad.
En ese mismo argumento se apoya para rechazar que pueda negociar una eventual incorporación de ambos operarios.
La CTM, sin embargo, mantiene que el problema trasciende a una sola empresa y afecta al conjunto del sector auxiliar del metal en la Bahía, donde ambos trabajadores aseguran no encontrar empleo desde hace años.
Dieciséis días de protesta y creciente presión política
El encierro de Balber y Galván ha ido sumando apoyos políticos y sindicales. En los exteriores del astillero se han personado dirigentes nacionales como Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que reclamó una solución para ambos y recordó que fueron despedidos en 2020 tras reivindicaciones sindicales.
También acudió la europarlamentaria Irene Montero, que pidió la intervención de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.
El coordinador de Por Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, anunció el registro en el Congreso de una proposición no de ley para reforzar la protección de la libertad sindical y del derecho de huelga. Entre las medidas planteadas figura la prohibición expresa de listas negras laborales en las empresas.
Maíllo reclamó además la actuación de la SEPI, propietaria de Navantia, y del Ministerio de Hacienda, al considerar que deben tomar cartas en el asunto. A su juicio, la empresa pública debería reforzar la ejecución directa de proyectos y dejar las subcontratas en un papel complementario.
Preocupación social por el estado de los trabajadores en huelga
La protesta también ha generado inquietud en organizaciones sociales. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pidió una salida urgente al conflicto al considerar que la situación empieza a ser humanitariamente insostenible por las condiciones en las que se encuentran los dos trabajadores tras más de dos semanas en altura.
Desde el PSOE, la exministra de Hacienda María Jesús Montero señaló días después del inicio del encierro que Navantia estaba tratando de aclarar el caso, aunque defendió que no existe exclusión en el sector público. Ese mensaje coincide con el sostenido por la empresa y por el comité intercentros, aunque desde Ferrol hubo voces de apoyo a la reivindicación.
Balber y Galván sostienen que el veto resulta aún más difícil de explicar por el volumen de encargos previsto para Navantia y Dragados Offshore, así como por la falta de mano de obra que denuncian varias auxiliares.
Entre tanto la empresa niega cualquier práctica irregular, los dos operarios continúan en la grúa a la espera de una respuesta concreta sobre su futuro laboral.