“Nuestros hijos no necesitan compasión”: familias protestan en Cádiz por una educación inclusiva
Cerca de 300 personas exigen recursos reales para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
“No pedimos privilegios, pedimos derechos”. Con esta idea, familias de Cádiz, junto a colectivos educativos, han salido a la calle para denunciar la situación que viven los alumnos con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) en los centros públicos.
La protesta, contra la política de inclusión educativa de la Junta de Andalucía, pone sobre la mesa una realidad que, según los afectados, sigue sin resolverse en las aulas.
Las familias insisten en que la educación inclusiva está reconocida en la normativa, pero no se aplica de forma efectiva. Denuncian que muchos centros carecen de los recursos necesarios para atender correctamente al alumnado con necesidades específicas.
El resultado, aseguran, es una inclusión “sobre el papel” que no se corresponde con el día a día en las aulas.
Uno de los problemas más repetidos durante la protesta fue el tamaño de las clases. Las ratios elevadas dificultan que el profesorado pueda ofrecer una atención individualizada, especialmente en casos que requieren apoyo adicional.
A esto se suma la falta de profesionales especializados. Los docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y el personal técnico afrontan cargas de trabajo muy altas, lo que limita la calidad de la atención.
Las familias también denuncian que las sesiones de apoyo son escasas y, en ocasiones, compartidas entre varios alumnos, reduciendo su eficacia.
Incertidumbre sobre el futuro educativo
Más allá del presente, la preocupación se extiende al futuro de estos estudiantes. Algunas familias alertan de que sus hijos ven reducidas sus opciones formativas tras finalizar la educación obligatoria.
También señalan la desaparición de ciertos apoyos sin que exista una alternativa pública clara, lo que genera inseguridad en el sistema.
Durante la lectura del manifiesto, los asistentes reclamaron a la administración medidas claras y calendarizadas. Piden no solo recursos, sino también una planificación que garantice la continuidad de los apoyos.
El mensaje final fue contundente: la educación inclusiva no puede depender de promesas. Debe traducirse en acciones concretas que aseguren el cumplimiento de los derechos del alumnado.