Nuevas protestas del servio de Ayuda a Domicilio de Cádiz: el comité denuncia hasta 100.000 euros en impagos
El comité de empresa se concentra ante el Ayuntamiento, anuncia nuevo calendario de movilizaciones y denuncia nuevas irregularidades pese a los requerimientos municipales
El conflicto del servicio de ayuda a domicilio en Cádiz se ha vuelto a intensificar este 21 de abril con la reanudación de las movilizaciones, el anuncio de un nuevo calendario de protestas y la denuncia de nuevas irregularidades pese a los requerimientos del Ayuntamiento de Cádiz.
Integrantes del comité de empresa se han concentrado a las puertas del Consistorio gaditano para denunciar que los problemas con los pagos y las incidencias en la gestión siguen sin resolverse, pese a los requerimientos trasladados por el Ayuntamiento a la empresa.
Durante la atención a medios, Óscar Luis Miraut, presidente del comité de empresa, aseguró que la situación continúa abierta y que, aunque se han producido algunas correcciones, el conflicto ni mucho menos está cerrado. Según expuso, “a día de hoy, aunque han efectuado subsanaciones, hemos tenido que presentar reparos a las subsanaciones porque siguen teniendo pendiente realizar pagos que técnicamente se deberían de haber realizado ya, pero que todavía siguen pendientes, todavía no se han regularizado”.
La protesta celebrada este lunes no será un hecho aislado. El comité avanzó que mantendrá las concentraciones de forma periódica para aumentar la presión sobre la empresa y también sobre el Ayuntamiento. En concreto, Miraut anunció que “vamos a seguir martes y jueves, los martes aquí en la parte del ayuntamiento, los jueves en la puerta de la empresa, de 11 a 12”, al tiempo que advirtió de que irán “subiendo el nivel de las concentraciones” en función de cómo evolucione el conflicto.
El comité eleva el tono por los pagos pendientes
Uno de los elementos que más preocupa a la representación de las trabajadoras es el volumen económico de las irregularidades detectadas. En su comparecencia, Óscar Luis Miraut explicó que no resulta sencillo cuantificar el total arrastrado desde agosto, pero sí puso cifras al último tramo analizado. Así, señaló que “si hablamos de los impagos desde el mes de agosto, la verdad es que no podíamos hacer un cálculo”, aunque precisó que “en el último mes, con las irregularidades detectadas, las liquidaciones que nos han abonado, podríamos estar hablando de unos 30.000, 35.000 euros aproximadamente”.
Según detalló, esa cantidad correspondería a liquidaciones abonadas recientemente pero que arrastraban pagos pendientes desde meses anteriores. En sus palabras, se trata de cantidades que “nos abonaron, perdón, desde agosto hasta noviembre del año pasado y estaban pendientes de pago”, lo que, a juicio del comité, confirma que las incidencias siguen reproduciéndose con el paso de las semanas.
La denuncia fue incluso más lejos al referirse a lo ocurrido en los últimos días. El propio Miraut sostuvo ante los medios que “independientemente, podríamos estar hablando pues ya rozando los 100.000 euros desde el viernes a hoy”, una afirmación con la que el comité quiso subrayar que el alcance del problema se habría agravado en muy poco tiempo.
Críticas al Ayuntamiento y defensa de la municipalización
La protesta no se dirigió solo contra la empresa. El comité cargó también contra la actuación del Ayuntamiento de Cádiz, al considerar que los requerimientos enviados hasta ahora no han servido para corregir de forma definitiva los incumplimientos. Durante la atención a medios, Miraut fue especialmente duro al afirmar que “los requerimientos del ayuntamiento a la empresa no han surtido efecto” y que “lo único que estamos detectando es que por parte del ayuntamiento son más cómplices que otra cosa de la empresa”.
El comité dibuja un patrón que, según denuncia, se repite una y otra vez: el Ayuntamiento requiere a la empresa, esta corrige parcialmente algunos aspectos, vuelve a incumplir y se reactiva de nuevo la cadena de denuncias. Así lo resumió al asegurar que “cada requerimiento sirve para que arregle la situación, vuelvan a incumplir, haya que volver a denunciar y tengan que presentar un nuevo requerimiento”.
En esa misma comparecencia, la representación de las trabajadoras sostuvo además que el equipo de gobierno no les ha mostrado la documentación de esos requerimientos. De hecho, denunció que “así llevan ya 4 o 5 según nos comentan, porque el equipo de gobierno nunca nos ha mostrado ninguno de los requerimientos que dice haber presentado la empresa”.
Por su parte, Manuel Tejero, secretario del comité, centró su intervención en la salida al conflicto, insistiendo en que la situación actual demuestra que el modelo no está funcionando. En este sentido, defendió con claridad que “la municipalización es la única vía y es lo único que puede realmente el ayuntamiento aportar como solución al conflicto actual”.
Tejero sostuvo que los problemas se están repitiendo de forma constante pese a los requerimientos y las correcciones parciales, lo que, a su juicio, evidencia que el sistema actual no garantiza ni el cumplimiento de los derechos laborales ni la estabilidad del servicio. En esa línea, subrayó que cada intento de solución por parte del Ayuntamiento acaba derivando en nuevos incumplimientos, lo que prolonga el conflicto sin resolverlo de fondo.
Para el secretario del comité, la municipalización no es solo una alternativa, sino una necesidad ante la situación actual. Considera que permitiría al Ayuntamiento asumir el control directo del servicio, evitar los problemas que se están produciendo con la empresa y garantizar tanto el cobro puntual de los salarios como unas condiciones laborales más estables para las trabajadoras.
Además, defendió que este cambio también tendría un impacto directo en la calidad del servicio, al tratarse de una prestación esencial para personas mayores y dependientes. En su opinión, el modelo público permitiría una gestión más eficaz, con mayor control y capacidad de respuesta ante incidencias.
En este contexto, Tejero dejó claro que, desde el comité, la municipalización se plantea como la única salida real a un conflicto que, según denuncian, se está cronificando con el paso de los meses sin que las medidas adoptadas hasta ahora hayan logrado solucionarlo.