Parálisis, enchufes y salarios astronómicos: el Comité de Empresa denuncia el caos en Emasa
Acusa al concejal de Movilidad José Manuel Verdulla y al gerente Ángel Casado de permitir una gestión “en la sombra”, con sueldos desorbitados y servicios abandonados
El Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Aparcamiento de Cádiz (Emasa) ha lanzado una dura denuncia contra la dirección de la sociedad municipal de movilidad de Cádiz, acusando al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital gaditana, José Manuel Verdulla y al gerente Ángel Casado de mantener una gestión fantasma mientras los técnicos cobran sueldos galácticos y la empresa se hunde en la inoperancia.
En una nota de prensa, el Comité denuncia que “mientras el cuerpo de técnicos percibe sueldos galácticos, tanto el concejal de Movilidad como el gerente miran para otro lado permitiendo que la gestión real de una empresa municipal sea inexistente”.
La plantilla habla de “una dirección instalada en una cómoda sombra que está hundiendo la empresa mientras cobran salarios de lujo por un trabajo que no sale adelante”. Mientras los directivos disfrutan de salarios astronómicos, los aparcamientos siguen sin vigilancia, los vehículos nuevos permanecen inmovilizados y la ciudad arrastra un servicio público en decadencia, señalan.
“Cobran fortunas por no gestionar nada”, denuncia el Comité, que acusa a la dirección de falta total de liderazgo y abandono institucional.
“Una estructura de élite con resultados de abandono”
El comunicado, difundido entre los trabajadores, califica la situación de “insulto a los gaditanos” y acusa a la dirección de amparar “la desidia de unos técnicos incapaces de sacar la faena diaria”. Según el Comité, la empresa atraviesa una “parálisis administrativa absoluta” y un “balance de inoperancia” que se refleja en todos los niveles.
Uno de los puntos más críticos es la falta de transparencia en la contratación. “Se ignora el convenio y el compromiso de crear una bolsa de empleo pública para seguir contratando a través de empresas de trabajo temporal”, indica la nota, subrayando que existen “trabajadores eventuales que llevan años ocupando puestos estructurales en una empresa pública, lo que resulta incomprensible”.
El Comité asegura que la empresa “incumple sistemáticamente la legislación laboral” y que las decisiones “obedecen a criterios unilaterales de los técnicos de gestión, especialmente cuando se trata de cuestiones salariales que los benefician directamente”. Como ejemplo, se cita el “despilfarro en asesoría externa” con “15 meses pagando una fortuna por una contratación a través de una ETT para un ingeniero, contratado para ayudar al director técnico, con un resultado nulo”.
A esto se suma la falta de mantenimiento y control de los aparcamientos de zonas reguladas, “sin vigilancia, creando malestar a los ciudadanos gaditanos”. El Comité denuncia además que “dos vehículos nuevos adquiridos en diciembre de 2025 siguen parados por la incapacidad profesional de los técnicos para ponerlos en marcha”, mientras la plantilla continúa trabajando con coches de más de 20 años de antigüedad.
Inspección de Trabajo y abandono del servicio
La Inspección de Trabajo ha tenido que intervenir tras “más de dos años de advertencias sobre la salud laboral de un compañero”. Según el comunicado, la empresa “hizo caso omiso” hasta que la Inspección exigió una “evaluación de riesgos psicosociales” tanto para el trabajador afectado como para el resto de la plantilla.
“Cobran salarios bestiales pero no son capaces de cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta que un inspector se lo exige”, sentencia el Comité.
En paralelo, los aparcamientos sin personal “se han convertido en zonas de riesgo para la ciudadanía y los propios trabajadores”, donde “actos vandálicos, robos y pernoctaciones hacen que generen un riesgo altísimo para todos”. La suciedad acumulada y el abandono son, según los representantes de los trabajadores, “la imagen de una gestión que prefiere ahorrar en personal de primera línea mientras mantiene nóminas astronómicas en los despachos”.
El comunicado concluye con una advertencia: “No vamos a tolerar que se siga degradando el servicio público mientras una minoría privilegiada mira hacia otro lado desde sus despachos”. El Comité exige que “los responsables políticos y técnicos justifiquen sus salarios con resultados inmediatos”.