Pescadores y vecinos salen a la calle en Sanlúcar contra los nuevos vertidos mineros
Sanlúcar sale a la calle contra los nuevos vertidos mineros al Guadalquivir
Sanlúcar de Barrameda, el río Guadalquivir, las minas de Aznalcóllar y Gerena y las organizaciones ecologistas que llevan años alertando sobre la contaminación del estuario volverán a coincidir este sábado en una movilización que busca reunir a pescadores, comerciantes y vecinos de toda la desembocadura del río.
La protesta partirá a las 12.00 horas desde la Capilla del Carmen de Bajo de Guía y pretende denunciar los nuevos vertidos autorizados procedentes de explotaciones mineras en la provincia de Sevilla.
Los convocantes sostienen que el problema ya no es una hipótesis futura, sino una situación que, según distintos estudios científicos, habría comenzado a detectarse tras años de actividad minera en el entorno del Bajo Guadalquivir.
A la protesta se han sumado la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, la plataforma Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, además de colectivos ciudadanos y asociaciones vinculadas a la actividad económica del estuario.
Los estudios científicos apuntan a presencia de metales pesados en el Guadalquivir
La movilización llega después de la difusión de investigaciones realizadas por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada sobre el impacto de los vertidos en el río entre 2009 y 2023.
Según esos trabajos, los sedimentos del Bajo Guadalquivir presentan contaminación por metales pesados y parte de las especies analizadas contienen niveles elevados de sustancias tóxicas.
Uno de los datos que más preocupación ha generado entre los colectivos afectados es el relativo a los albures o lisas capturados en el río. Los investigadores sostienen que aproximadamente un tercio de los ejemplares analizados presentaba concentraciones de plomo superiores al máximo legal permitido.
Las organizaciones convocantes consideran que estos resultados desmontan las conclusiones de los estudios de impacto ambiental aceptados por la Junta de Andalucía. Según denuncian, dichos informes partían de la premisa de que los metales vertidos permanecerían disueltos en el agua hasta alcanzar el océano, reduciendo así su impacto sobre el ecosistema fluvial.
Sin embargo, los investigadores sostienen que los metales se adhieren rápidamente a las partículas de barro presentes en el río y terminan depositándose en el fondo. Ese fenómeno haría que los contaminantes permanezcan durante largos periodos en los sedimentos y puedan volver a desplazarse río abajo durante episodios de fuertes lluvias o crecidas.
La reapertura de Aznalcóllar agrava la preocupación
El foco principal de la protesta está ahora en la reapertura de la mina de Aznalcóllar y en la continuidad de la actividad minera en Gerena. Según los datos difundidos por los colectivos ciudadanos, durante los próximos 17 años se prevé la extracción de 76 millones de toneladas de mineral de cobre, plomo, cinc y plata.
Los convocantes advierten de que los nuevos vertidos autorizados serían muy superiores a los realizados hasta ahora. Calculan que podrían alcanzar los 120.000 millones de litros durante las próximas dos décadas, con especial incidencia en el primer año y medio de actividad de Aznalcóllar.
En ese periodo inicial se vaciarían las aguas acumuladas en las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes. Las organizaciones ecologistas cifran ese volumen en 17.500 millones de litros, con un caudal estimado de 450 litros por segundo.
Aunque el agua sería sometida a procesos de depuración antes de su vertido, los científicos alertan de que seguirían llegando al río cantidades relevantes de arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Se trata de sustancias tóxicas y persistentes que pueden acumularse en los sedimentos y pasar posteriormente a peces y otros organismos vivos.
Pescadores y comerciantes temen consecuencias económicas
La protesta prevista en Sanlúcar pretende también visibilizar la preocupación existente entre sectores económicos ligados directamente al Guadalquivir.
Las cofradías de pescadores y asociaciones de comerciantes alertan del impacto que una posible degradación ambiental tendría sobre la pesca, el turismo y parte de la actividad agrícola vinculada al estuario.
Los organizadores de la manifestación reclaman una moratoria inmediata sobre los nuevos vertidos autorizados y exigen la creación de un comité científico independiente que revise los estudios ambientales y evalúe los riesgos reales para el ecosistema y la salud pública.
Hasta el momento, aseguran, esas peticiones no han obtenido respuesta por parte de las administraciones. Por ese motivo mantienen la convocatoria del 9 de mayo en Sanlúcar de Barrameda, donde esperan reunir a vecinos de distintos municipios ribereños del Guadalquivir para trasladar públicamente su rechazo a los nuevos proyectos mineros y a sus posibles consecuencias sobre el río.