Piden el cese del gerente de los Bomberos de Cádiz por presuntas irregularidades en contratos y cotizaciones
Bomberos Unidos, que asegura representar al 70 % de la plantilla funcionarial, reclama una Junta General extraordinaria tras denunciar falta de transparencia, posibles contrataciones irregulares y unos 450.000 euros en cotizaciones pendientes
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La gestión del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) vuelve a situarse en el centro de las críticas.
La plataforma Bomberos Unidos ha solicitado a la Diputación de Cádiz que impulse la destitución del actual director-gerente del organismo, al que responsabiliza de una gestión marcada, según denuncia, por la falta de transparencia en las guardias localizadas, posibles irregularidades contractuales y deficiencias en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La organización reclama que estas cuestiones se examinen en una reunión extraordinaria de los órganos de gobierno del Consorcio.
Diecisiete meses sin aclarar las condiciones de las guardias localizadas
Uno de los principales motivos del enfrentamiento es la regulación de las guardias de localización, un sistema mediante el cual los efectivos deben permanecer disponibles para incorporarse al servicio cuando sean requeridos.
Bomberos Unidos asegura que en mayo de 2025 solicitó formalmente al Consorcio que aclarase si estas guardias tienen carácter voluntario u obligatorio y qué normativa regula su realización.
Según la plataforma, han transcurrido diecisiete meses desde aquella primera petición sin obtener una respuesta definitiva, pese a haber presentado dos escritos y recibido distintos compromisos institucionales.
La organización sostiene que la interpretación de la obligatoriedad cambia dependiendo de las circunstancias y del trabajador que solicite quedar exento de estas guardias.
También cuestiona las retribuciones que, según afirma, percibe el director-gerente por conceptos vinculados a las localizaciones. Por ello, reclama conocer las cantidades abonadas y los criterios utilizados para determinar esos pagos.
Contratos bajo sospecha y auditorías que reclaman hacer públicas
La contratación de servicios externos constituye otro de los asuntos señalados por la plataforma.
Bomberos Unidos afirma haber detectado que determinadas empresas habrían prestado servicios al Consorcio sin disponer presuntamente de la correspondiente contratación pública.
En concreto, sostiene que al menos una mercantil desarrolló trabajos esenciales y recurrentes antes de que apareciera su primer contrato publicado, en 2020, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La denuncia no identifica a esa empresa ni detalla los importes de los servicios cuestionados. La organización exige aclarar qué procedimiento administrativo permitió realizarlos y cuánto dinero público se destinó a pagarlos.
De forma paralela solicita la publicación de las auditorías de las cuentas del Consorcio. Para fundamentar esta petición, menciona el expediente CC/2010/2021, relativo a la contratación de auditorías de entidades dependientes de la Diputación.
La plataforma también invoca el Real Decreto 424/2017, que regula el control interno de las entidades del sector público local, y reclama acceso a los informes correspondientes.
Unos 450.000 euros en cotizaciones y una petición de cese inmediato
El tercer frente afecta directamente a las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores.
Bomberos Unidos sostiene que la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2025.
Según sus estimaciones, las cantidades que habrían dejado de cotizarse ascienden aproximadamente a 450.000 euros.
La plataforma advierte de que estas diferencias podrían repercutir en las bases utilizadas para calcular determinadas prestaciones y futuras pensiones de los bomberos.
No obstante, la documentación facilitada no incorpora el informe de la Inspección ni permite comprobar de manera independiente la cuantía denunciada.
Ante esta situación, Bomberos Unidos pide a los representantes de la Diputación que promuevan una Junta General extraordinaria del Consorcio e incluyan en el orden del día una votación sobre el cese del director-gerente.
La organización considera que las explicaciones pendientes afectan tanto a los derechos laborales de la plantilla como al control del gasto público.
Su petición sitúa ahora la responsabilidad de impulsar una respuesta institucional en los representantes provinciales que participan en el gobierno del organismo.