Polémica en San Fernando por el supuesto acceso político a datos policiales confidenciales
El PP exige explicaciones urgentes a Patricia Cavada por el presunto acceso irregular a datos policiales en San Fernando
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Partido Popular, SipAn, Patricia Cavada y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía centran una nueva polémica política en San Fernando tras la denuncia presentada por el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía contra el Ayuntamiento isleño.
La reclamación, ya admitida a trámite por el organismo autonómico, apunta al supuesto acceso de la concejala de Seguridad Ciudadana a una aplicación policial que contiene datos personales y documentación sensible relacionada con vecinos de la ciudad.
La denuncia ha provocado una reacción inmediata del PP isleño, que ha reclamado al gobierno municipal del PSOE explicaciones públicas “claras y urgentes” sobre unos hechos que consideran de extrema gravedad.
Los populares sostienen que, si se confirma el acceso denunciado por el sindicato policial, podría haberse producido una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la protección de datos y a la privacidad de los ciudadanos.
Según expone SipAn en su reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la edil de Seguridad Ciudadana habría tenido acceso a una herramienta policial que permite consultar incidencias, diligencias, atestados judicializados y otra información vinculada a actuaciones policiales.
El sindicato considera que ese acceso podría haberse realizado sin las garantías necesarias y alerta de la posible utilización de información especialmente protegida.
El PP reclama una comparecencia pública de la alcaldesa de San Fernando
La dirección local del Partido Popular ha pedido a la alcaldesa, Patricia Cavada, que comparezca públicamente para aclarar qué tipo de acceso se produjo, bajo qué autorización y con qué finalidad se utilizó la aplicación policial señalada en la denuncia.
Los populares consideran que el inicio de actuaciones por parte del Consejo de Transparencia ya evidencia la relevancia del caso y obliga al gobierno municipal a ofrecer explicaciones inmediatas.
Desde el PP insisten en que “los datos personales de los isleños no son un recurso político” y subrayan que cualquier acceso a información sensible fuera de los límites establecidos legalmente debe tener consecuencias.
La formación entiende que no se trata únicamente de un debate administrativo, sino de una cuestión relacionada con la protección de derechos fundamentales.
El partido también comparte el planteamiento expresado por SipAn cuando advierte de que “no todo vale en política ni en la gestión pública”.
En ese sentido, los populares señalan que el acceso a información policial requiere controles estrictos y una trazabilidad clara para evitar usos indebidos o consultas ajenas a funciones operativas concretas.
La polémica ha adquirido además una dimensión política relevante porque afecta directamente a un área especialmente sensible del Ayuntamiento como es la Seguridad Ciudadana.
El PP sostiene que los vecinos tienen derecho a conocer quién puede acceder a sus datos personales y bajo qué cobertura legal se gestionan esos sistemas informáticos.
El sindicato alerta sobre información especialmente sensible en San Fernando
La denuncia presentada por SipAn pone el foco en la naturaleza de la información almacenada en la aplicación policial. Según el sindicato, la plataforma permite consultar datos vinculados a actuaciones policiales, incidencias y expedientes relacionados con ciudadanos concretos, incluyendo información que puede estar judicializada o protegida por normativa específica de privacidad.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ya ha iniciado actuaciones para analizar los hechos denunciados. Aunque por el momento no existe resolución alguna sobre el fondo del asunto, el simple inicio de las investigaciones ha incrementado la presión política sobre el ejecutivo municipal.
El Partido Popular considera necesario adoptar medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación. Entre las peticiones formuladas por la formación figura la suspensión temporal del acceso denunciado hasta que el organismo autonómico determine si existió o no alguna irregularidad.
Además, el PP exige que el Ayuntamiento colabore plenamente con el Consejo de Transparencia y haga públicas las conclusiones que puedan derivarse del proceso abierto.
Los populares sostienen que la gestión de datos personales exige “máxima transparencia” y advierten de que cualquier actuación fuera de la legalidad supondría un deterioro grave de la confianza ciudadana.
El caso aumenta la tensión política en el Ayuntamiento isleño
La controversia llega en un momento de fuerte confrontación política entre gobierno y oposición en San Fernando. El PP mantiene que, si los hechos denunciados terminan confirmándose, no estarían ante un error puntual, sino ante una forma de entender el ejercicio del poder incompatible con las garantías que exige la protección de datos personales.
Mientras continúan las actuaciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el gobierno municipal no ha detallado públicamente el alcance exacto del acceso denunciado ni las condiciones técnicas bajo las que se utiliza la aplicación policial señalada por SipAn.