Polémica en Sanlúcar, 30.001 euros de multa al Resucitado por una salida religiosa de 200 metros sin autorización
Multan con 30.001 euros a la Hermandad del Resucitado de Sanlúcar por salir sin autorización del Ayuntamiento
La Hermandad del Resucitado de Sanlúcar de Barrameda ha recibido una propuesta de sanción de 30.001 euros por la salida procesional realizada el pasado 8 de diciembre, una jornada en la que la corporación conmemoraba el 150º aniversario de las Hermanas de la Cruz.
El recorrido, de apenas doscientos metros entre la Iglesia de San Francisco y el Convento de las Hermanas de la Cruz, ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Policía Local, en un contexto de tensiones acumuladas en los últimos meses.
La propuesta de sanción, elevada por la Policía Local, se ampara en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción muy grave la celebración de espectáculos o actividades recreativas quebrantando una prohibición o suspensión dictada por la autoridad competente por motivos de seguridad pública.
Según el acta, la hermandad habría celebrado el traslado “quebrantando la suspensión previamente decretada”. No obstante, desde el entorno de la corporación religiosa aseguran que no existió prohibición expresa y que el acto se realizó tras haber comunicado la actividad con antelación suficiente.
Fuentes próximas a la hermandad indican que la solicitud fue presentada a través del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, siguiendo el procedimiento habitual.
La comunicación, aseguran, se registró oficialmente en el Ayuntamiento de Sanlúcar y se remitió también a la Delegación de Fiestas, sin recibir respuesta antes de la fecha del traslado.
La ausencia de contestación fue interpretada como silencio administrativo, una práctica común en este tipo de trámites, y bajo la cual otras hermandades locales han realizado actos similares sin incidentes.
El entorno del Resucitado considera que la actuación municipal constituye una medida “injusta y desproporcionada”, que ignora el carácter religioso y simbólico del evento.
“El silencio administrativo por parte del Ayuntamiento es el verdadero culpable de toda la situación”, señalan fuentes próximas a la corporación.
Sanción a la Hermandad del Resucitado de Sanlúcar de Barrameda
La sanción, además de su cuantía económica, se percibe como un intento de endurecer la relación institucional entre las hermandades y el gobierno local, en un momento especialmente delicado para la gestión de la seguridad pública en la ciudad.
Desde la Policía Local, en cambio, se defiende la legalidad de la denuncia. En el acta se argumenta que no existía autorización expresa para la salida y que, en consecuencia, se incumplió una suspensión vigente.
Los agentes fundamentan la propuesta en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, especialmente ante la escasez de efectivos disponibles, un problema que ha motivado en los últimos meses la suspensión o el aplazamiento de diversos actos públicos en Sanlúcar.
El expediente administrativo deberá ahora seguir su curso. La Hermandad del Resucitado podrá presentar alegaciones antes de que se dicte resolución definitiva, aunque la cuantía de la multa —30.001 euros— ya ha generado preocupación entre las cofradías de la localidad.
El importe se sitúa justo en el límite que separa las infracciones graves de las muy graves, lo que implica una tramitación más compleja y una posible repercusión económica difícil de asumir para una entidad de carácter religioso.
La sanción llega en un momento de conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Policía Local, que mantiene un enfrentamiento interno en materia de turnos, refuerzos y cobertura de servicios extraordinarios.
Esta tensión ha afectado en los últimos meses a la organización de otros eventos de tipo cultural y religiosos, y amenaza con comprometer la planificación de las actividades de Cuaresma y la próxima Semana Santa.
El caso del Resucitado, más allá de su dimensión administrativa -grave y cuantiosa-, reaviva un debate de fondo en la ciudad como es la la coordinación institucional entre el poder civil y las hermandades religiosas, pilares fundamentales de la vida social sanluqueña.
Entre tanto el Ayuntamiento de Sanlúcar defiende la necesidad de cumplir estrictamente la normativa de seguridad, las corporaciones cofrades reclaman un trato equitativo y un diálogo fluido que evite sanciones que consideran innecesarias y dañinas.