Polémica por la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando, vecinos y oposición cargan contra el plan del Ayuntamiento
Cuenta atrás para la ZBE de San Fernando: qué coches no podrán circular desde 2026
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de San Fernando encara su recta final administrativa con la misión de entrar en vigor en 2026, aunque rodeada de críticas y controversia.
La ordenanza municipal que regulará su implantación será debatida en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando hoy viernes 26 de diciembre, donde se prevé su aprobación definitiva tras meses de tramitación paralela al proyecto técnico.
La iniciativa responde a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a implantar estas zonas antes de este venidero año 2026.
La ZBE de San Fernando abarcará un área de 44,7 hectáreas en pleno centro urbano, un perímetro que supondrá restricciones de acceso así como en la circulación para casi la mitad del parque móvil local.
Según el proyecto municipal, el 48,01% de los vehículos registrados en la ciudad se verán afectados por las limitaciones, al tratarse de modelos sin un distintivo ambiental o con Etiqueta B, considerados ya obsoletos desde el punto de vista ecológico.
De los 59.586 vehículos censados en el municipio, un 30,5% posee Etiqueta B —que son gasolina matriculados desde 2001 o diésel desde 2006—, mientras que un 17,8% carece de cualquier distintivo ambiental, lo que los excluye de los estándares mínimos de eficiencia energética exigidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Implantación por fases a partir de 2026
La ordenanza isleña prevé una implantación progresiva en dos fases. En la primera, durante 2026, los vehículos más contaminantes —aquellos con Etiqueta B o sin distintivo— tendrán prohibido el acceso al centro urbano entre las 20:00 horas y las 8:00 horas. Durante el resto del día, podrán circular sin ningún tipo de restricciones.
En la segunda fase, prevista para el año 2027, la franja de restricción se ampliará: estos vehículos no podrán circular entre las 15:00 horas y las 8:00 horas, reduciendo aún más la ventana de libre circulación.
De esta forma el Ayuntamiento de San Fernando pretende avanzar hacia una reducción progresiva de emisiones contaminantes en las zonas más transitadas de la ciudad.
La normativa también contempla una serie de excepciones. Estarán exentos los residentes empadronados dentro del perímetro, así como también los vehículos de emergencia, transporte sanitario, taxis, VTC, bicicletas, patinetes eléctricos y vehículos autorizados por el Ayuntamiento isleño.
Igualmente se permitirá el acceso a servicios de carga y descarga y al transporte hotelero, según los horarios que establezca la administración local.
Críticas de la oposición y sectores económicos en San Fernando
Pese al impulso del gobierno local, encabezado por la alcaldesa Patricia Cavada - del PSOE-, la propuesta ha recibido un rechazo unánime de la oposición. PP, VOX y AxSí han solicitado su retirada en el transcurso del periodo de exposición pública, alegando que la ordenanza “perjudica innecesariamente a los ciudadanos y al comercio local”.
El Partido Popular ha pedido la suspensión del proceso bajo el argumento que la normativa “va más allá de lo exigido por la ley” y se ha diseñado “sin participación real de vecinos ni comerciantes”.
Desde la formación popular advierten que las restricciones podrían impactar de forma negativa en la actividad comercial y hostelera, al limitar el acceso de clientes y proveedores al centro urbano.
VOX denuncia la falta de estudios de impacto económico, social y ambiental, requisito contemplado en la legislación vigente y en la jurisprudencia reciente. Según el grupo, la ausencia de esos informes podría acarrear la anulación de la ordenanza, como ya ha sucedido en otros municipios españoles donde se implantaron medidas similares sin la debida justificación técnica.
Los andalucistas de AxSí también han mostrado su rechazo, destacando la inexistencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), herramienta básica para coordinar cualquier proyecto de este tipo.
Igualmente critican que la ZBE “excluye a numerosos ciudadanos con vehículos antiguos que no pueden afrontar la compra de un coche nuevo”, lo que consideran una discriminación económica y social.
El futuro de la Zona de Bajas Emisiones se ha convertido así en uno de los principales focos del debate político en San Fernando; entre tanto el equipo de gobierno defiende la medida como un paso necesario para cumplir los compromisos medioambientales y mejorar la calidad del aire, la oposición alerta de un impacto negativo en la economía local así como en la movilidad diaria de los isleños.
Con el pleno municipal del día 26 de diciembre como escenario decisivo, la ciudad se prepara para definir el rumbo de una de las transformaciones urbanas más importantes de los próximos años con un cambio que enfrenta la urgencia climática con la realidad social y económica de La Isla.