PSOE e IU de El Puerto exigen explicaciones ante la opacidad en la adjudicación del Centro de Reciclaje
La adjudicación del Centro de Reciclaje desata críticas: PSOE e IU reclaman información completa
Los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida (IU) han registrado una solicitud formal a fin de convocar una Junta de Portavoces en la que se aborde la reciente adjudicación del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR).
Ambas formaciones afirman que el proceso se ha llevado a cabo sin transparencia ni participación de la oposición, generando “una evidente falta de información y confianza” en torno a la gestión municipal.
Según explican los portavoces Ángel González (PSOE) y José Luis Bueno (IU), durante las distintas fases del procedimiento no se ha convocado a los diferentes grupos de la oposición ni se les ha facilitado documentación alguna, pese a tratarse de un asunto de relevancia pública y con implicaciones laborales y medioambientales.
Al respecto señalaron que “ha habido una gran opacidad en todo este proceso, que incluso ha sido denunciada por parte de la plantilla del propio centro”, ambos representantes, que subrayan que los trabajadores han manifestado su inquietud ante esta nueva adjudicación.
Los grupos firmantes recuerdan que el Reglamento de Organización Municipal reconoce el derecho de los concejales a ser informados convenientemente sobre cualquier expediente en curso, sobre todo cuando afecta a la gestión de servicios públicos.
PSOE e IU han decidido, por todo esto, presentar esta solicitud para que el Gobierno local explique con claridad los criterios y condiciones bajo los que se ha adjudicado la gestión del CRR.
Reclaman la presencia de la técnica de Medio Ambiente
Además de solicitar la convocatoria de la Junta de Andalucía, ambos grupos han pedido expresamente la asistencia de la técnica del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible responsable del expediente, a fin que aporte “información concreta y detallada sobre todo el proceso”.
Según argumentan, su presencia es fundamental para aclarar los términos técnicos y administrativos de la adjudicación, así como las posibles repercusiones sobre la plantilla y el servicio.
El Grupo Socialista ha solicitado también acceso directo al expediente completo, con el objetivo de analizar la documentación y comprobar si se han seguido los procedimientos establecidos.
“Queremos conocer todos los detalles: desde los pliegos técnicos hasta las ofertas presentadas y las valoraciones realizadas”, señalan desde el PSOE.
La adjudicación del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) ha generado una gran controversia en las últimas semanas, especialmente entre los trabajadores y los grupos de la oposición, que reclaman que haya una mayor transparencia en la gestión de los servicios públicos.
Según fuentes municipales, el proceso atiende a un procedimiento ordinario de adjudicación, aunque desde PSOE e IU insisten en que la falta de información y comunicación ha deteriorado la confianza institucional.
“Lo mínimo que se espera en un asunto de esta envergadura es que se informe a todos los grupos representados en el Ayuntamiento. La transparencia no puede ser una opción, sino una obligación”, indican González y Bueno.
Ambos portavoces han recordado que la Junta de Portavoces es el órgano adecuado para garantizar un debate institucional y ordenado, en el que el Gobierno municipal debe rendir cuentas de su actuación.
De acuerdo con el Reglamento de Organización Municipal, tras el registro oficial de la solicitud —que fue presentado ayer lunes—, el Gobierno local dispone de un plazo máximo de dos días hábiles a fin de convocar la Junta de Portavoces. En ese encuentro, los grupos esperan obtener respuestas claras así como la documentación completa sobre el proceso de adjudicación.
Mientras tanto, la oposición sigue con su postura firme en defensa del acceso a la información pública y la participación en los asuntos municipales.
“La transparencia y el control político son pilares fundamentales de la democracia local. No se puede excluir a los representantes de la ciudadanía de decisiones que afectan directamente al funcionamiento de un servicio esencial”, finalizan ambos portavoces.