¿Qué pasa en El Puerto? Los seis últimos alcaldes han estado vinculados a procedimientos judiciales
La actualidad judicial devuelve el foco a una ciudad cuyos seis últimos alcaldes han afrontado procedimientos con desenlaces muy diferentes
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La actualidad judicial ha vuelto a colocar a El Puerto de Santa María en el centro de la información tras la investigación de la Guardia Civil sobre contratos públicos de patrocinio vinculados a eventos musicales.
La causa ha llevado a prisión provisional al empresario Pascual Llopis y ha provocado el requerimiento de documentación a distintas administraciones, entre ellas la Diputación de Cádiz.
Pero el foco judicial no es nuevo en la historia reciente del municipio. Desde la etapa final de Hernán Díaz hasta el actual mandato de Germán Beardo, los seis últimos alcaldes de El Puerto han tenido que afrontar, de una forma u otra, procedimientos judiciales, investigaciones o declaraciones ante los tribunales. Los casos, eso sí, presentan alcances y resultados muy distintos.
Hernán Díaz: las condenas que marcaron una época
Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses, gobernó El Puerto entre 1991 y 2006. Su etapa terminó marcada por varias causas judiciales, entre ellas el conocido caso Fuentes, relacionado con el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local.
En 2006 fue apartado de la Alcaldía tras una condena de siete años de inhabilitación. Posteriormente acumuló nuevas condenas por prevaricación urbanística y delitos relacionados con la ordenación del territorio por la concesión de licencias ilegales en suelos protegidos y otras actuaciones urbanísticas.
Díaz llegó a sumar más de 24 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Falleció en 2025 a los 84 años.
Fernando Gago: una causa extinguida tras su fallecimiento
Fernando Gago García, también de Independientes Portuenses, sucedió a Hernán Díaz y fue alcalde entre 2006 y 2007.
Su nombre apareció vinculado a la denominada Operación Suministro, una investigación de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades relacionadas con la legalización de viviendas clandestinas y enganches de agua y luz en construcciones ilegales.
El procedimiento no terminó en condena. La causa quedó extinguida tras su fallecimiento en 2021, cuando tenía 71 años.
Enrique Moresco: Apemsa y el archivo definitivo
Enrique Moresco García, del Partido Popular, gobernó El Puerto entre 2007 y 2014. Durante su mandato fue investigado en el caso Apemsa, relacionado con la prórroga del contrato de aguas a Aqualia.
También afrontó una denuncia de la Fiscalía por la presunta pasividad municipal ante la proliferación de viviendas ilegales.
El caso Apemsa acabó archivado. En 2017, el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto decretó el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa al no apreciar indicios de delito.
Alfonso Candón: investigado por Apemsa y exculpado
Alfonso Candón Adán, también del Partido Popular, fue alcalde entre 2014 y 2015. Su nombre apareció en el mismo caso Apemsa por su etapa en el consejo de administración de la empresa pública de aguas cuando se aprobaron las prórrogas bajo sospecha.
El procedimiento contra Candón siguió un cauce específico por su condición de diputado en el Congreso durante parte de la instrucción.
Finalmente quedó exculpado tras el archivo definitivo de la causa en 2017, junto a otros investigados.
David de la Encina: la querella por Pozos Dulces que terminó archivada
David de la Encina Ortega, del PSOE, fue alcalde de El Puerto entre 2015 y 2019.
Durante su mandato tuvo que declarar como investigado en el conocido caso del parking de Pozos Dulces, a raíz de una querella criminal presentada por la constructora Gyocivil, que le acusaba de bloquear las obras por motivos políticos.
El procedimiento terminó archivado. El juzgado dictó el sobreseimiento de la querella al descartar que su gestión administrativa constituyera delitos de prevaricación o malversación.
Germán Beardo: expedientes requeridos y declaración como testigo
Germán Beardo Caro, del Partido Popular, es alcalde de El Puerto desde 2019 y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz.
Aunque no está investigado, su nombre ha vuelto a aparecer en la actualidad tras la actuación de la Guardia Civil en la Diputación dentro de la investigación sobre contratos públicos de patrocinio relacionados con eventos musicales. Los agentes requirieron cinco expedientes del área que dirige en la institución provincial.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aclarado que Beardo no figura como investigado en esta causa y que no se produjo ningún registro en su despacho, sino un requerimiento de información a la Diputación y a otras administraciones.
Además, el alcalde está citado para declarar como testigo el próximo 10 de julio en el denominado caso del trenecito, un procedimiento distinto relacionado con la puesta en marcha de un tren turístico en El Puerto. Su comparecencia será en calidad de testigo, no como investigado.
Seis alcaldes, situaciones muy distintas
La historia reciente de El Puerto muestra una sucesión de procedimientos judiciales que han afectado, con distinta intensidad, a los alcaldes que han gobernado la ciudad desde los años noventa.
No todos los casos tuvieron el mismo recorrido ni el mismo desenlace. Algunos terminaron con condenas firmes e inhabilitaciones, otros fueron archivados por los juzgados, algunos responsables quedaron exculpados y otros procedimientos continúan todavía en fase de instrucción o con comparecencias pendientes.
Esa diferencia resulta esencial para entender el alcance de cada episodio y evitar equiparar situaciones procesales muy diferentes dentro de una misma historia política local.