"¿Quién nos protege?": la comunidad de Zurbarán 1, "consternada" tras autorizarse la calificación ambiental del cocedero
Las 44 familias del edificio cuestionan cómo se han valorado sus alegaciones y los antecedentes de molestias y sostienen que «no pedimos un trato de favor, pedimos prevención y protección»
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La comunidad de Zurbarán 1 ha expresado su "profunda preocupación y consternación" después de que el Ayuntamiento de Cádiz haya concedido la calificación ambiental para la actividad de pescadería y cocedero de mariscos proyectada en el local situado en el edificio. Tras meses de escritos, alegaciones e informes técnicos, el vecindario cuestiona cómo se han valorado sus argumentos y vuelve a plantear la misma pregunta que trasladó al Pleno municipal el pasado 30 de julio: "¿Quién nos protege?".
La reacción llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el viernes 11 de septiembre la calificación ambiental. El alcalde, Bruno García, defendió entonces que la actividad cumple con la normativa y sostuvo que el Ayuntamiento no puede rechazarla si reúne las condiciones exigidas. La comunidad replica ahora que nunca ha pedido un trato de favor ni se opone a la actividad económica, sino que reclama que la normativa ambiental se aplique atendiendo también a su finalidad preventiva.
"No pedimos un trato de favor. Pedimos prevención y protección", sostiene la comunidad en un comunicado en el que insiste en que su oposición se dirige específicamente al cocedero y no a la pescadería ni a la persona promotora del negocio.
"No es solo una pescadería"
Uno de los principales argumentos del vecindario es que el proyecto no debería analizarse únicamente como un comercio minorista. La comunidad recuerda que incorpora un cocedero de mariscos y que, precisamente por las características de esa actividad, ha necesitado someterse al procedimiento de calificación ambiental.
A su juicio, ese procedimiento no debería limitarse a comprobar determinados requisitos técnicos, sino valorar las posibles molestias, riesgos o afecciones y la compatibilidad de la actividad con un edificio residencial. Durante la tramitación, la comunidad presentó alegaciones y aportó un informe técnico en el que se cuestionaba esa compatibilidad.
El vecindario vuelve además sobre uno de los puntos que ha centrado sus reclamaciones desde marzo: la evacuación de humos y vapores. La comunidad defendió una salida mediante conducto hasta la cubierta e incluso facilitó el acceso al edificio para estudiar esa posibilidad, que finalmente fue descartada por las características y ubicación del local.
La solución prevista pasa por un sistema de filtración con salida en fachada. La comunidad sostiene que la documentación del propio proyecto no garantiza una eliminación completa de las emisiones y advierte de que su eficacia dependerá también de un mantenimiento continuado. Por ello, considera que los antecedentes del anterior cocedero que funcionó en el mismo local deberían haber tenido un mayor peso en la decisión.
La comunidad cuestiona cómo se han valorado sus alegaciones
La concesión de la calificación ambiental llega después de una tramitación en la que la comunidad ha presentado sucesivos escritos. El expediente llegó a estar previsto para la Junta de Gobierno Local del 7 de agosto, pero fue retirado después de que el vecindario pidiera disponer de tiempo para examinar nueva documentación incorporada al procedimiento.
Tras acceder a esos documentos, la comunidad presentó nuevas alegaciones en agosto en las que, apoyándose en el análisis de un arquitecto, planteó dudas sobre diferentes aspectos del proyecto, entre ellos cuestiones relativas a protección contra incendios, gestión de residuos y actuaciones realizadas en la fachada.
La comunidad asegura además que el 19 de agosto solicitó información sobre el estado del expediente ante las informaciones que daban por próxima la apertura del establecimiento. Según señala ahora, no recibió respuesta a esa petición ni a las últimas cuestiones planteadas antes de conocerse la concesión.
De ahí que el vecindario plantee ahora una cuestión que considera central: "¿Para qué sirve entonces la Calificación Ambiental?". Para la comunidad, la existencia de antecedentes de molestias, sus alegaciones y las dudas planteadas sobre las medidas correctoras justificaban aplicar con mayor intensidad el principio de prevención antes de autorizar la actividad.
"También nosotros tenemos derecho a vivir tranquilos"
La comunidad rechaza además que el conflicto pueda interpretarse como una oposición al emprendimiento o a la creación de actividad económica en Cádiz. "Entendemos perfectamente que una persona quiera emprender y trabajar", señala, pero sostiene que existen otros locales que podrían reunir mejores condiciones para albergar un cocedero.
Son, según precisa el comunicado, 44 familias las que residen en el edificio y temen volver a sufrir una situación similar a la que aseguran haber vivido con una actividad anterior en el mismo establecimiento. Especial preocupación existe, explican, entre las personas de mayor edad que llevan meses pendientes de la evolución del expediente.
La comunidad reivindica asimismo el carácter estrictamente vecinal de sus reclamaciones. Recuerda que desde marzo ha presentado escritos, alegaciones e informes técnicos y agradece a las dos formaciones de la oposición municipal que hayan escuchado y respaldado sus planteamientos, al tiempo que insiste en que no existe "ninguna animadversión" hacia la persona promotora ni hacia la actividad comercial.
La concesión de la calificación ambiental abre ahora un escenario distinto para el vecindario. Después de meses intentando que sus argumentos fueran considerados antes de la resolución, la comunidad se pregunta qué posibilidades le quedan para evitar que se reproduzcan las molestias que denuncia haber sufrido anteriormente.
Y recupera para cerrar su comunicado la misma pregunta con la que Juana Ruiz, portavoz de la comunidad, terminó su intervención ante la Corporación municipal el 30 de julio: si quienes tienen la responsabilidad de prevenir los problemas conocen los antecedentes, las denuncias y las dudas sobre las medidas correctoras y aun así autorizan la actividad, "entonces, ¿quién nos protege?".