Recurren la licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz y denuncian posibles indicios de colusión
El Ayuntamiento estudia un recurso y una denuncia que señalan posibles distorsiones de la competencia en la licitación aún pendiente de adjudicación
El proceso de licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026, que se encuentra aún pendiente de adjudicación definitiva, ha sido recurrido. El Ayuntamiento ha recibido un escrito en el que se presenta un recurso de reposición contra el acta de la Mesa de Contratación y se denuncian posibles indicios de colusión (coordinación entre empresas o licitadores para alterar la libre competencia).
En el concurso público se han presentado cinco ofertas, con un precio de salida fijado en 127.600 euros. La propuesta económica más alta alcanzó los 455.875 euros, muy por encima del canon mínimo. Sin embargo, parece que las dos ofertas mejor clasificadas han renunciado (igual que hicieron el pasado año) por lo que su gestión recaería en Global Transaction España S.L. la misma empresa que gestionó la carpa el pasado Carnaval tras resultar adjudicataria pese a haber presentado entonces la quinta oferta en orden económico.
Una denuncia administrativa a la que ha tenido acceso Cádiz Directo ha puesto en cuestión el procedimiento de licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026. El escrito, registrado ante el Ayuntamiento el pasado 17 de enero, solicita que se investiguen posibles indicios de colusión entre licitadores y alerta de una serie de circunstancias que, a juicio del denunciante, comprometen la libre concurrencia y la transparencia del proceso.
La licitación con ese precio de salida de 127.600 euros, se encuentra actualmente sin adjudicación oficial, a la espera de la aprobación formal por parte de la Junta de Gobierno Local. Pese a ello, el expediente sigue avanzando y ha entrado en una fase intermedia en la que parece haberse requerido documentación al licitador mejor posicionado, un trámite habitual previo a la adjudicación definitiva que, según subrayan fuentes jurídicas consultadas, no implica, sin embargo, en ningún caso la concesión formal del contrato.
Uno de los principales elementos que recoge la denuncia es el notable incremento de las ofertas económicas respecto al precio base. En la licitación de este año se han presentado cinco propuestas, encabezadas por una oferta de 455.875 euros, lo que supone multiplicar por 3,57 el canon mínimo fijado por el Ayuntamiento.
Según el escrito, este tipo de cifras desorbitadas, unidas a un número reducido de licitadores, constituyen un primer indicio que debería ser analizado por el órgano de contratación, especialmente cuando se repite en varios ejercicios consecutivos.
El precedente de 2025 y las renuncias en cadena
La denuncia sitúa como antecedente clave lo ocurrido en la licitación de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2025. Aquel año, cuatro de las cinco empresas que presentaron las ofertas económicas más elevadas renunciaron al procedimiento o no completaron la documentación requerida, lo que derivó en la adjudicación final a la quinta oferta en orden económico.
Este desenlace, calificado en el escrito como poco habitual en los procedimientos de contratación pública, llevó al Ayuntamiento a introducir en la licitación de 2026 una fianza de 20.000 euros destinada a disuadir renuncias estratégicas una vez presentadas las ofertas. Sin embargo, la denuncia advierte de que, pese a esta medida, los patrones observados en el pasado podrían estar reproduciéndose de nuevo.
Precisamente a raíz de lo ocurrido en la licitación de 2025, el Ayuntamiento introdujo este año una fianza de 20.000 euros destinada a disuadir a los licitadores de retirarse del procedimiento una vez presentadas las ofertas económicas. Según recogen los pliegos, esta cantidad se pierde en caso de renuncia injustificada tras la presentación de la propuesta.
La denuncia señala que esta medida pretendía evitar la repetición de renuncias estratégicas, si bien sostiene que, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso hasta ahora, los indicios detectados deberían ser analizados igualmente por el órgano de contratación.
El escrito también pone el foco en la reiteración de licitadores y entornos empresariales que concurren a este tipo de autorizaciones municipales, así como en la repetición de comportamientos similares en distintos ejercicios. Entre ellos, la presentación de ofertas muy elevadas, la posterior retirada de algunas empresas y la concentración de adjudicaciones en un número muy reducido de operadores.
La denuncia sostiene que la acumulación de estos factores constituye un conjunto de indicios suficientes como para justificar la apertura de un análisis específico por parte del órgano de contratación.
Otro de los aspectos recogidos en la denuncia es que, pese a no existir aún una adjudicación oficial aprobada por la Junta de Gobierno Local ni publicada en el perfil del contratante, se estarían produciendo actuaciones que, según el escrito, anticipan de facto el resultado del procedimiento.
El denunciante sostiene que este tipo de circunstancias, analizadas en conjunto con el resto de indicios expuestos, refuerzan la percepción de que el proceso podría estar condicionado de antemano, una situación que, de confirmarse, debería ser analizada a la luz de los principios de igualdad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.
Qué dice la ley ante posibles indicios
Fuentes especializadas en derecho administrativo y contratación pública consultadas por este medio recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público obliga al órgano de contratación a actuar cuando existen indicios que puedan afectar a la libre competencia. La normativa prevé que estos hechos se comuniquen a la autoridad de competencia incluso antes de la adjudicación del contrato y sin necesidad de que exista una infracción acreditada.
En estos casos, el procedimiento puede incluir la apertura de trámites de audiencia a las empresas implicadas para que ofrezcan explicaciones, así como la adopción de las medidas que se consideren necesarias para garantizar la limpieza del proceso.
Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha hecho pública ninguna resolución definitiva sobre la licitación de la Carpa del Carnaval 2026. El expediente continúa abierto y está siendo analizado por los servicios jurídicos municipales y la Secretaría General, mientras se estudian el recurso de reposición y la denuncia presentados.
La adjudicación final, que deberá ser aprobada formalmente por la Junta de Gobierno Local, marcará el desenlace de un procedimiento que vuelve a situar bajo el foco la gestión de uno de los espacios festivos más relevantes del Carnaval gaditano.