Sanlúcar se echa a la calle contra los vertidos al Guadalquivir: “Es una amenaza para nuestra pesca”
El Guadalquivir, en pie de guerra: pescadores y ecologistas se unen contra la mina de Aznalcóllar
Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura del Guadalquivir, el puerto pesquero de Bonanza y las futuras explotaciones mineras de Aznalcóllar y Gerena volvieron a cruzarse este sábado en una protesta multitudinaria marcada por la lluvia y por un mensaje unánime: rechazo frontal a los vertidos previstos al río.
La manifestación, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, la plataforma Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción y Greenpeace, reunió a vecinos, pescadores, representantes políticos y colectivos sociales en una de las mayores movilizaciones recientes celebradas en la ciudad.
La marcha partió desde la Capilla del Carmen de Bajo de Guía y recorrió distintas calles del municipio hasta finalizar en la calle San Juan. Durante el recorrido se escucharon consignas contra los planes de reactivación minera previstos en la provincia de Sevilla y se reclamó a las administraciones una revisión completa del proyecto antes de autorizar cualquier vertido al cauce del río.
El temor al impacto ambiental y económico en Sanlúcar
El conflicto gira en torno a la previsión de reactivar varias explotaciones mineras que contemplan la extracción de unos 76 millones de toneladas de mineral durante los próximos 17 años. Entre los materiales previstos figuran cobre, plomo, zinc y plata.
La principal preocupación de los municipios ribereños se centra en el tratamiento de los residuos y en la posibilidad de que cerca de 120.000 millones de litros de aguas residuales acaben siendo vertidos al Guadalquivir.
Las organizaciones convocantes consideran que esa cantidad representa un riesgo directo para el ecosistema del estuario y para la actividad pesquera de toda la comarca.
Los pescadores temen que una alteración en la calidad del agua afecte a especies comerciales y provoque consecuencias irreversibles en uno de los enclaves pesqueros más importantes de Andalucía.
Durante la protesta, los portavoces insistieron en que no existe suficiente información pública sobre las consecuencias reales del proyecto y reclamaron una moratoria inmediata hasta que se elaboren informes independientes.
Entre las peticiones trasladadas a la Junta de Andalucía figura también la creación de un comité científico externo que evalúe los posibles efectos sobre la biodiversidad, la cadena alimentaria y la salud pública.
El recuerdo del desastre de 1998 vuelve al debate
La movilización estuvo respaldada por ayuntamientos de la Costa Noroeste y por representantes de otros municipios vinculados al entorno del Guadalquivir.
La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, participó en la cabecera de la manifestación junto a otros cargos públicos y vinculó la situación actual con el recuerdo del desastre ecológico de Aznalcóllar ocurrido en 1998.
Aquel episodio, provocado por la rotura de una balsa minera, vertió millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas sobre el entorno del río Guadiamar y Doñana.
Para muchos vecinos y colectivos ecologistas, ese antecedente sigue marcando la desconfianza hacia cualquier proyecto minero relacionado con vertidos hídricos.
La regidora defendió además el peso económico del sector pesquero en Sanlúcar y recordó que el puerto de Bonanza constituye uno de los principales motores económicos de la provincia.
Según señaló, cualquier deterioro ambiental del estuario tendría consecuencias directas sobre el empleo y sobre numerosas familias que dependen del mar.
El Ayuntamiento de Sanlúcar llevará el caso ante la Fiscalía
El Ayuntamiento de Sanlúcar ya había presentado alegaciones contra el proyecto ante la Junta de Andalucía, aunque finalmente fueron desestimadas.
Tras esa decisión, el gobierno municipal ha anunciado que acudirá a la Fiscalía de Medio Ambiente para solicitar que se investiguen posibles responsabilidades penales derivadas de las autorizaciones administrativas.
La estrategia jurídica del consistorio busca frenar el avance de los planes mineros mientras continúa creciendo la presión social en la comarca.
Las plataformas ciudadanas sostienen que el actual modelo de explotación supone una amenaza para un espacio especialmente sensible desde el punto de vista ecológico y económico.
La protesta del sábado dejó una imagen poco habitual en Sanlúcar: instituciones, pescadores y organizaciones ecologistas compartiendo una misma reivindicación.
El debate sobre el futuro del Guadalquivir y sobre el alcance de los proyectos mineros continuará ahora en el terreno político, administrativo y judicial.