Sareb defiende su propuesta de realojo en Javier de Burgos 19 y asegura que no hay viviendas disponibles en Cádiz
La entidad insiste en su voluntad de colaboración y señala al Ayuntamiento por no responder a su oferta de trabajar conjuntamente
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha respondido a las críticas vertidas por el Sindicato de Inquilinas de Cádiz y por las familias que residen en la finca de la calle Javier de Burgos, 19 de Cádiz, quienes denunciaron que la solución habitacional propuesta por la entidad es “inasumible” y que supone, en la práctica, una expulsión encubierta fuera de su ciudad.
En un comunicado remitido a los medios este martes, Sareb afirma estar “en permanente contacto con las cinco familias” afectadas, con el objetivo de facilitar un realojo temporal mientras se acometen las obras de adecuación del inmueble.
Según la entidad, la propuesta actual contempla la reubicación en una finca recientemente rehabilitada en San Fernando, localidad vecina a Cádiz. Sareb justifica esta opción argumentando que “no dispone en la actualidad de vivienda lista para habitar de forma inmediata en la ciudad de Cádiz”, dado que las 49 viviendas que posee en la capital están “habitadas o en fase de adecuación”.
La entidad asegura que los trabajos de inspección técnica del edificio de Javier de Burgos ya están en marcha y que su intención es garantizar un realojo ágil y transitorio mientras duren las obras.
En el mismo comunicado, Sareb lanza una crítica directa al Ayuntamiento de Cádiz, con quien —señalan— “inicialmente se ofreció a buscar soluciones habitacionales coordinadas”, pero que hasta el momento “no ha respondido a los requerimientos” para avanzar en ese trabajo conjunto. La compañía subraya su plena disposición a colaborar con el Consistorio gaditano para acelerar el proceso de reubicación de las familias.
Mientras tanto, las familias afectadas y el Sindicato de Inquilinas mantienen su rechazo a la propuesta actual. Consideran que desplazarse fuera de Cádiz supondría romper sus redes de apoyo, desvincularse de sus escuelas, centros sanitarios y vida comunitaria, y alertan de que se trata más de un intento de desahucio encubierto que de una solución real.
Además, las familias critican que Sareb blindase con puertas antiokupas las viviendas vacías sin haber garantizado previamente medidas de seguridad para quienes siguen habitando el edificio. El estado ruinoso de la finca, con goteras, vigas podridas, ratas y cableado en mal estado, sigue sin haberse corregido, pese al inicio de inspecciones técnicas.